Ahora que se acercan unas elecciones presidenciales norteamericanas altamente dramáticas, con alto nivel de polarización y de cercanía de los dos principales partidos en las encuestas, es oportuno conocer cómo algunos países han superado traumas similares en el pasado.
Concretamente, aquí mismo, en el año 1978, en un proceso que inició durante la noche del conteo y luego se extendió por un par de semanas, tuvimos que lidiar con la insatisfacción de quienes no querían reconocer la derrota.
Los primeros afectados fueron los empleados de la Junta Central Electoral en la capital y numerosas provincias del país, que se vieron atacados por quienes estaban supuestos a ser sus defensores, los militares. Angustiados por unos boletines que iban evidenciando la gran aceptación que tenía el partido de oposición, las fuerzas del orden trataron de detener el conteo. Manuel Joaquín Castillo, que era su presidente en ese entonces, había sido secretario de Interior y Policía durante el gobierno provisional de Héctor García Godoy (1965-66) y presidente de la Corte de Apelación de San Cristóbal y de San Pedro de Macorís, así como del Consejo Superior de Guerra durante la dictadura de Trujillo, con lo cual conocía muy bien las facultades que le tocaban a cada puesto. Les ordenó a los militares mediante un comunicado oficial a través de la televisora del Estado que se retiraran y ellos, antes de hacerlo, decidieron cerrar el acceso de cualquier persona a esas oficinas.
Veinticuatro horas después, quizás porque los periodistas cubrieron con ecuanimidad y exactitud los incidentes, quizás por otros factores, algunos de esos militares fueron capaces de vislumbrar la dimensión de sus acciones. Uno de ellos se desplazó directamente a casa del presidente de la Junta “a ver si estaba allí porque creían que él se había asilado”. “No, no estoy asilado, estoy aquí en mi casa y antes de las elecciones hice archivar en la bóveda del Banco Central las listas electorales, con lo cual será muy difícil falsificar los resultados”, les respondió él.
De todos modos, lo invitaban a pasar por el local de las Fuerzas Armadas, que queda justo en frente de la sede central de la Junta Central Electoral. Él acudió a la cita con su chofer. No se trató de un secuestro ni una detención, aunque cabía la duda. A la entrada al recinto oyó cómo los oficiales de turno recelaban de él y se reunió con el secretario de las Fuerzas Armadas en su despacho (en ese entonces el título no era de Ministro, sino de Secretario), quien le dijo que no había pasado nada, que todo estaba en orden. Apoyándose en la visibilidad que proveían las ventanas de la oficina de su interlocutor, el presidente de la Junta preguntó qué hacían esos uniformados en el techo del local que él dirigía. “Ah, no, es que vimos que se había caído una antena y mandamos a unos cuantos soldados rasos a ayudarlos”, fue lo que obtuvo como respuesta.
Pocos días después se reabrieron las oficinas, se interpusieron recursos, se recusaron a tres jueces y al propio presidente de la Junta, se manipularon algunos conteos senatoriales, hubo detenidos por doquier, cartas públicas entre políticos que antes habían sido aliados, pronunciamientos de parte de actores y de medios internacionales, pero finalmente se reconoció la derrota presidencial del continuismo. El proceso distó de ser perfecto, pero se acercó más a la democracia que al autoritarismo.
En los EEUU, donde el conteo es sumamente diferente y hay una federación de estados, se necesitan muchas más personas capaces de asumir esos roles con igual capacidad y voluntad democrática en caso de que la necesidad se presente. Afortunadamente, es un país de más de 300 millones de habitantes. Debe ser posible encontrar los suficientes para poder colaborar con eficacia.