Recientemente en México, el ministro Luis María Aguilar Morales propuso al pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) eliminar la prisión preventiva oficiosa (PPO) en 19 delitos. Para el efecto, habría de invalidar los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales que permiten al poder Judicial dictar sentencias preventivas a los presuntos acusados de delitos graves. De acuerdo con el juicio del ministro Aguilar Morales, la llamada prisión preventiva oficiosa (PPO) es violatoria de los principios de presunción de inocencia ya que impone cárcel a los ciudadanos acusados de delitos que todavía no han sido probados mediante un juicio ni mucho menos sentenciado por una corte.
Para el togado ministro, la PPO viola el artículo 19 de la Constitución de la nación azteca y es además contraria a las convenciones internacionales vigentes en materia de preservación de los derechos humanos, normativas que han sido suscritas por México. Alega además que la PPO es gravemente nociva a la nación ya que representa una sanción anticipada que castiga de manera inequívoca a los más pobres ciudadanos quienes no cuentan con el aval de una adecuada defensa, al mismo tiempo que, al estar privados de la libertad, ello constituye una doble condena a los familiares quienes se ven privados de los posibles ingresos que el encarcelado hubiese podido contribuir a las entradas familiares, incrementándose de esta forma la precariedad, miseria y el sufrimiento entre los estratos más pobres de la población.
El ministro Luis María Aguilar Morales, quien fue nominado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón en el 2009, no es extraño a las propuestas suspicaces en México. Él mismo se opuso en septiembre del 2020 a la propuesta sugerida por el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), en virtud de la cual se convocaría una consulta publica con el objetivo de determinar si se debería enjuiciar a 5 expresidentes mexicanos.
La ponencia ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia habrá de ser discutida el próximo día 5 de septiembre. De ser aprobada, más de 90 mil personas que al momento guardan prisión preventiva calificarían para quedar en libertad y en lo adelante la PPO no podrá ser aplicada automáticamente sino a la discreción del juez de turno.
Por un lado, el oficialismo, encabezado por el actual mandatario López Obrador, viene promoviendo desde el 2019 una reforma judicial que amplíe el número de delitos graves que ameriten este tipo de privación de la libertad. La propuesta de AMLO está encaminada a que los acusados no escapen y que se evite que continúen delinquiendo, amenazando, hostigando a víctimas, testigos, jueces o asesinando a sus victimas. De no prosperar la iniciativa del actual mandatario, se corre el riesgo que la eliminación y virtual discreción de los magistrados esté propensa al libre mercado de la corrupción.
Bien es cierto que a todas luces es inhumano que el 41 por ciento de las 226, 916 personas que hoy guardan prisión en las cárceles federales de México sean reos preventivos. Ello en definitiva tiene un peso en los sectores populares y de escasos recursos económicos y es a todas luces condenable, por lo cual el Estado se ve en la responsabilidad de garantizar que dichos expedientes se ventilen de la manera más expedita posible.
Al mismo tiempo, no es menos cierto que la singular iniciativa del togado Aguilar Morales levanta justificadas suspicacias ya que la misma dejaría también en libertad a varios individuos pertenecientes a la elite política y económica en los actuales momentos cuando sus casos se ventilan en las cortes federales mexicanas.
De prosperar dicha propuesta, ello significaría que estos individuos, los cuales disponen de incontables recursos a su favor, habrán de sustraerse a la acción de la justicia y hasta quizás permanezcan impunes por sus ejecutorias al frente de la administración pública. De aquí, que es sumamente importante que dicha propuesta suspicaz sea escrutada y ventilada de la mejor forma ya que su aplicación enviaría un mensaje a los demás países, incluyendo al nuestro, donde en la actualidad decenas de exoficiales y exministros de la administración pública, quienes traficaron con el poder y se enriquecieron ilícitamente, pudiesen también ser puestos en libertad puesto que el éxito de dicha iniciativa habrá de ser copiado en lo sucesivo en distintos países latinoamericanos y de otras latitudes. La eliminación de PPO resultaría de este modo en un rudo golpe para nuestros países en su lucha por la transparencia y gobernabilidad en nuestras endebles democracias.