Ahora que suenan los tambores sobre la crisis económica global y regional, anunciando el posible derrumbe de la democracia neoliberal, resulta pertinente dirigir una mirada a los problemas de legitimación que enfrenta el gobierno del partido revolucionario moderno (PRM) y, la democracia dominicana.
Los gobiernos democráticos en la sociedad dominicana han producido cambios significativos; como fue el caso de la primera transición del 78-86 del PRD, que llevó a cabo una ampliación de las libertades públicas, de regresos de los exiliados, de la liberación de los presos políticos y, de luchas contra el militarismo y autoritarismo que predominaba en el sistema político durante las décadas de los sesenta y finales de los setenta.
Por otro lado, la segunda transición que se inicia en los años noventa encabezada por los gobiernos del PLD, se caracterizó por las grandes reformas administrativas del Estado, del sistema electoral, judicial y, constitucional, por la ampliación de los acuerdos de integración global y regional, como también por el fortalecimiento de las medidas de políticas económicas neoliberales y, las reformas de privatización (capitalización) de los recursos público-estatales.
Hay que destacar de manera muy general que, la segunda oleada democrática de los años noventa hasta la actualidad, ha estado condicionada, por la globalización: las redes de los mercados, capitales y la creciente influencia de los organismos financieros transnacionales. En ese sentido, se ha producido un mayor nivel de desarrollo de las infraestructuras viales, de las ciudades y, las empresas transnacionales, pero también un mayor nivel de endeudamiento de las finanzas del Estado, mayor concentración de las riquezas en las élites empresariales y un incremento de las desigualdades sociales en los sectores populares (https://www.cepal.org/es/publicaciones/4933-crecimiento-economico-cohesion-social-america-latina-caribe).
La transición democrática ha estado mediada por un entorno caracterizado por el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación (TICs) que, paradójicamente, ha aumentado, por un lado, la capacidad de vigilancia del Estado y de seducción del Mercado, pero también ha hecho posible un mayor nivel de acceso a la información, la comunicación y la capacidad de movilización de los nuevos actores de la sociedad civil y los movimientos sociales. El auge de las tics, ha hecho posible la configuración de una nueva cartografía del poder en la sociedad dominicana, donde las redes y los medios de comunicación no tradicionales, han demostrado tener una gran incidencia en las decisiones públicas (https://acento.com.do/opinion/la-nueva-cartografia-del-poder-politico-9003003.html).
En la transición democrática, se ha producido la hegemonía de la cultura liberal, estructurando un individualismo pragmático, rentista y, utilitarista que, atraviesa el mercado, el Estado y el sistema de partido. Con el fin de la guerra fría y el triunfo del neoliberalismo, se produjo un desencantamiento de las utopías socialistas y, el auge de una ética política individualista, de búsqueda del interés privado; que ha estructurado un incremento de las prácticas de corrupción, clientelista y neo patrimonialista en el sistema político dominicana (https://acento.com.do/opinion/el-malestar-de-la-democracia-dominicana-8993196.html).
Los servicios públicos se han privatizado, los gobiernos han aumentado las deudas públicas y, los gobiernos han reducido su capacidad de darle respuestas a las demandas de bienestar de la población; servicios básicos de calles asfaltadas, vivienda, salud, educación, energía eléctrica, alcantarillado y garantizar la seguridad de los ciudadanos, aumentando el descontento e insatisfacción de los ciudadanos.
En la transición democrática, se ha configurado una profunda separación de los partidos con la población. Los partidos que tradicionalmente se instituían como medios de canalización de las demandas e intereses de la población, se han profesionalizado y, convertido en maquinarias electorales cuya función principal es acceder a los cargos públicos y el control del Estado.
En este escenario, caracterizado por una crisis fiscal y social del gobierno dominicano, de hegemonía de la cultura liberal, del auge de la corrupción, de la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones políticas tradicionales como los partidos, el congreso, el sistema policial y judicial, como expresan los últimos estudios de cultura política, es de esperar la profundización de la crisis de legitimidad de la democracia dominicana.
En ese sentido, las dificultades del gobierno y la democracia dominicana no sólo hay que buscarlas en el entorno de la crisis económica a nivel global y el auge de las redes sociales, la sociedad civil y los nuevos movimientos sociales, sino en la incapacidad de frenar la corrupción, el rentismo y el patrimonialismo, como también democratizar las instituciones y recuperar la confianza en la política y el sistema de partidos.
La democracia dominicana que se había establecido en contra de la corrupción, el autoritarismo y las faltas de libertades públicas, hoy parece incapaz de hacer valer el interés público frente al privado, de detener la corrupción en la administración pública, contener el deterioro institucional de los partidos y, poder garantizar la seguridad, la inclusión social y el bienestar de los dominicanos.