En relación a las camas en las celdas de las prisiones del país, resultó imposible evitar que existieran privilegios y cobros por “alquiler” de camas relativamente cómodas; en razón de que este negocio lo realizaban “los presos de confianza” con la anuencia y complicidad de los coroneles y capitanes de puesto en las prisiones. Irregularidad que se investigó con rectitud y en alguna medida se moderó ese mal, pero no desapareció completamente.
La principal dificultad que se presentó para la materialización de una exhaustiva investigación, a fin de establecer responsabilidades en estos frecuentes casos de negocios con las camas, fue que ningún recluso ni militar o agente policial de bajo rango se atrevió a declarar ante la comisión de investigadores. Se aplicó una vez más la conocida expresión popular: “ah, no. Yo no me doy cuenta”.
La situación de temor era de un grado tal, que ni los directamente afectados (aquellos que pagaban por el uso de las camas) se atrevían a denunciar este hecho ilícito ante la comisión investigadora.
Siempre hubo déficit de camas. Por ese motivo se implementó un plan, en colaboración con la Secretaría de Estado de Obras Públicas, con el objetivo de construir masivamente a nivel nacional, el tipo de camas recomendadas por el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y Tratamiento al Delincuente (ILANUD), que son los llamados camarotes (de tres niveles) construidos de cemento, para usarse con colchonetas. Este tipo de camas (de tres niveles) ahorra espacio en las celdas y evita que se desprendan a las mismas piezas metálicas o resortes, ya que no los tienen.
La Secretaría de Estado de Obras Públicas, encabezada por el ingeniero Pedro Delgado Malagón realizó una labor muy importante en varias cárceles del país, pero resultó insuficiente. Sobre todo porque se planificó la construcción masiva de este tipo de camas-camarotes para ejecutar en un período de tres años, y este programa de construcción se descontinuó la segunda quincena de agosto del año 1986. Es decir, que únicamente se implementó durante catorce meses (junio 1985- agosto 1986) de los tres años previstos en el programa original.
En el área de la religión, siempre se permitió a todas las iglesias reconocidas por la Sub-Secretaría de Estado de Cultos que operaran en los penales de la República Dominicana; pero única y exclusivamente en actividades de naturaleza religiosa, no pudiendo dedicarse a ningún otro tipo de acciones ni operativos. No solo la católica, sino todas las iglesias o sectas reconocidas por el Estado tenían días y horas asignados para realizar misas, cultos y ceremonias en las prisiones de la nación.
En la Penitenciaría de La Victoria se acondicionó un local donde operaban las diversas iglesias durante sus respectivos calendarios y horarios asignados por las autoridades.
Contrariamente a lo que se pudiera pensar, el padre Mariano, no obstante ser un sacerdote católico, era de los que con mayor vehemencia y entusiasmo abogaban porque acudieran a los penales las diferentes denominaciones religiosas a evangelizar a los reclusos. Él siempre sostuvo que las creencias y la fe religiosas, cuando son verdaderas y sinceras, hacen cambiar la mentalidad del preso o recluso condenado, que se encuentra en prisión por haber incurrido en un comportamiento antisocial y delictivo.