En aquella época la plaza de jefe policial o militar (E. N) de las prisiones era una posición a la que muchos coroneles aspiraban, por las ventajas y beneficios que derivaban de ese puesto, pero este se otorgaba a los más allegados al jefe de la Policía Nacional o al jefe del Estado Mayor del Ejército Nacional.

En aquel tiempo habían algunos civiles nombrados como encargados de las prisiones (alcaides), pero la vigilancia o seguridad (interna y externa) estaban en todos los casos a cargo del Ejército Nacional (en algunas cárceles) y de la Policía Nacional (en otras). Por este motivo los pocos alcaides civiles que existían eran manejados y dirigidos por los respectivos coroneles en las principales decisiones que se tomaban en los centros penales.

La separación definitiva (no el traslado) sino la cancelación del nombramiento o el retiro forzoso de las filas de diecisiete (17) uniformados, entre miembros de la Policía Nacional y del Ejército (diez coroneles, cinco capitanes y dos sargentos), solicitados y ejecutados a través del Despacho de la Primera Dama, no logró detener la mala administración y la corrupción en la compra y distribución de productos alimenticios (para desayunos y cenas) en las prisiones del país.

¡Realidad verdaderamente decepcionante!

 

Fue ante esta situación de muy difícil manejo institucional que surgió la idea de crear en la República Dominicana un cuerpo especializado, exclusivamente seleccionado y formado para prestar servicios en las prisiones.

El criterio que inspiró este proyecto consistió en que los vigilantes y custodias de las prisiones (lo que en Chile se conocen como gendarmes) fueran agentes armados, pero no policías ni militares, que realizaran la doble función de vigilancia de los reclusos para evitar evasiones (fugas), lo que el artículo 86 de la Ley 224-84 denominaba “Medidas de sujeción” y además trabajaran o colaboraran en la formación y el tratamiento para superar la calidad humana de los condenados por haber cometido actos delictivos.

Para observar y conocer el sistema de Gendarmería de Chile, el Despacho de la Primera Dama gestionó por medio de don Gastón y Ibañez, embajador de Chile en la República Dominicana, mi viaje y entrenamiento en aquel país suramericano; lo cual realicé a partir del mes de septiembre del año 1985.

Edgardo Hernández Mejía recibiendo entrenamiento en Chile sobre materia penitenciaria.

Desde aquel tiempo se redactaron varios proyectos de resoluciones y de reglamentos para la creación de un cuerpo civil especializado en la vigilancia y el tratamiento de los reclusos o internos en las prisiones de nuestro país. Proyectos de reglas y normas que contaron con la asesoría del prestigioso técnico chileno en materia penitenciaria Dr. Jaime del Valle Allende.

Muchos años después (en el 2003) se creó en nuestra nación una escuela para la formación de la Policía de Prisiones, los llamados Agentes de Vigilancia y Tratamiento Penitenciario (V.T.P.).

Entrada de la Escuela de Gendarmería de Chile.