El Despacho de la Primera Dama viabilizó el traslado, de Venezuela a la República Dominicana, del sacerdote Mariano Cid Ferrero, un cura de nacionalidad española de la orden de los Mercedarios, para que fuera mi asistente en las labores de implementación de la nueva Ley 224-84, que creó en nuestro país un nuevo régimen penitenciario.

El Padre Mariano tenía experiencia en materia de prisiones en Holanda, Colombia, Brasil y Venezuela. Indudablemente él fue mi más cercano, eficiente y leal colaborador, sobre todo en los grandes esfuerzos para crear un sistema de alimentación de los reclusos adecuado y equitativo en todo el país. Tarea que se inició con la orden de que el almuerzo de los privados de libertad (al mediodía) fuera suministrado por los Comedores Económicos, en los lugares donde estos existieran. Destinando el presupuesto para alimentación de reclusos solo para los desayunos y las cenas.

Edgardo Hernández Mejía tomando juramento como Director General de Prisiones ante el Presidente Salvador Jorge Blanco. Observa el Procurador General de la República, Américo Espinal Hued.

Este significativo avance en cuanto a los alimentos de los presos encontró muchos obstáculos ya que surgieron privilegios en las prisiones en cuanto a la distribución de la comida servida al mediodía. Además, lo que se adquiría en materia alimentaria para los desayunos y las cenas no era de buena calidad.

Se nos ocurrió transferir a las monjas la responsabilidad de administrar los recursos destinados para alimentos de los reclusos del país. Pero cuando el Padre Mariano y yo conversamos sobre ese tema con el Cardenal López Rodríguez, él nos respondió tajantemente: “Las monjas no están para eso. Ellas podrían colaborar, por ejemplo, en tareas de evangelización o trabajar en los preparativos de la cena de Navidad en las cárceles”.

Edgardo Hernández Mejía Junto al Cardenal López Rodríguez y el Padre Mariano Cid.

El principal y más grave problema, en cuanto a la alimentación en las prisiones, lo constituyó el siguiente hecho: la calidad y la cantidad de los alimentos no mejoraron de manera apreciable, a pesar de que el presupuesto para alimentación de los reclusos solo había que destinarlo entonces para dos turnos de alimentos (desayuno y cena) y no para tres, en razón de que el almuerzo empezó a ser cubierto por los Comedores Económicos del Estado, como ya se dijo. Lo cual indicaba que a nivel nacional había mala administración de esos fondos.

El Padre Mariano, en su afán por lograr que fueran adecuadas la calidad y la cantidad de las raciones del desayuno en la Penitenciaría Nacional, ubicada en el poblado de La Victoria y en la Cárcel del Ensanche La Fe, de Santo Domingo, se presentaba diariamente en una motocicleta a uno o a otro de esos penales, a las seis de la mañana, a fines de verificar la manera cómo elaboraban y servían los alimentos.

Hubo entonces cierto control, pero siempre fue una inspección con resultados muy relativos, en razón de que los primeros y principales cómplices de los privilegios y las desigualdades en la confección y distribución de los alimentos eran los respectivos coroneles de la Policía Nacional de puesto en los citados centros penales.