Durante el tiempo que desempeñé la función de Procurador General de la Corte de Apelación de San Juan me dediqué durante las noches a escribir artículos que luego publicaba en el periódico “El Sol”, el cual se editaba entonces en Santo Domingo. Aquella columna quincenal la titulé “Ha comenzado la Reforma Carcelaria”. Este nombre de mis escritos estuvo inspirado en el hecho de que el Poder Ejecutivo había sometido al Congreso en el año 1983, un proyecto de ley que crearía un moderno régimen penitenciario en nuestro país.
Cuando el mencionado proyecto de ley del Presidente de la República se aprobó en el Congreso Nacional y se convirtió esa ley (la número 224 del año 1984) ya la Primera Dama conocía mis artículos difundidos en el periódico “El Sol”, y era lectora habitual de los mismos, según me lo informó ella en una conversación que sostuvimos tiempo después.
El tema de las prisiones dominicanas y de las personas privadas de libertad en condiciones penosas, fue una constante preocupación mía desde los tiempos en que era estudiante de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (U.A.S.D.).
Años después, en el 1979, siendo yo Juez de Instrucción de San Pedro de Macorís, dicté una conferencia en la Procuraduría General de la República, cuando encabezaba la misma el Magistrado Caonabo Fernández Naranjo, con el título “La Reforma Carcelaria Dominicana en dos Leyes”.
Asimismo, estaba suscrito al boletín informativo de la entidad mundial “Amnistía Internacional” que abogaba por el trato humanitario a todos los reclusos y por la libertad de los denominados presos de conciencia. Temas que
siempre yo llevaba a las aulas de la U.C.E., donde impartía docencia en la Facultad de Derecho.
Cuando se promulgó y publicó la Ley 224-84, doña Asela Mera de Jorge, consecuente con su vieja lucha (que tuvo lugar en Santiago) en pro de la implementación de un moderno y eficiente régimen penitenciario, le pidió a su esposo y Presidente de la República que se nombrara como Director General de Prisiones a un técnico que fuera independiente y que aplicara la Ley correcta e imparcialmente, y no se designara en el referido cargo a alguien desconocedor de la materia.
El Presidente le preguntó que quién podría ser el designado. Entonces ella le pidió unos días para indagar sobre alguien que ella no conocía personalmente, pero sí había leído artículos de su autoría sobre el tema de la reforma carcelaria en la República Dominicana.
Días después, mediante el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo Dr. Emmanuel Esquea Guerrero, doña Asela se enteró de que yo era el Procurador de la Corte de Apelación de San Juan de la Maguana.
Recuerdo que fue un miércoles cuando recibí una llamada en mi oficina del Palacio de Justicia de San Juan, desde la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo, citándome para el siguiente viernes a las diez de la mañana. Cuando llegué a la oficina del Doctor Esquea Guerrero en el Palacio Nacional, él me introdujo al despacho de la Primera Dama.
Las palabras de doña Asela fueron aproximadamente estas: “Buenos días Doctor Hernández. Tome asiento. He leído cuidadosamente sus artículos en el periódico El Sol.
¿Hace mucho tiempo que a usted le interesa la materia carcelaria?”
Le contesté que desde mi época de estudiante universitario me había interesado el Derecho Penitenciario, la Criminología y el Derecho Penal.
Luego me preguntó si yo aceptaría la responsabilidad de desempeñar el puesto de Director General de Prisiones, con el encargo de iniciar la implementación en el país del régimen establecido en la recién creada Ley 224-84.
Al contestarle afirmativamente, ella me advirtió con autoridad lo siguiente: “Cuando usted sea Director General de Prisiones tendrá el compromiso de siempre aplicar la Ley, aunque afecte intereses”.
“Oiga bien, siempre va a cumplir estrictamente la Ley, y absolutamente nadie le podrá impartir órdenes para hacer excepciones en la aplicación de la Ley.
¿Entendido?”.
Le contesté afirmativamente y le pregunté qué podría hacer si encontraba grandes obstáculos en el ejercicio del cargo.
Ella sonrió e inmediatamente mandó llamar al Capitán E.N. Melo González, a quien en mi presencia le ordenó que me diera su número telefónico directo. Además, me expresó: “Cualquier dificultad, llámeme por medio del Capitán Melo”.
“Sin excusa de ningún tipo, aplique siempre rectamente la Ley, y cualquier obstáculo, comuníquese conmigo”.
La noche de aquel día se expidió el Decreto Presidencial que me nombró Director General de Prisiones. Lo que me convirtió en la primera persona en ocupar ese cargo en el país.
