La Ley 224-84 fue derogada en el año 2021. En su lugar rige la nueva Ley 113-21.
No cuento con información confiable y actualizada sobre los frutos o los contratiempos que pueda estar presentando esta nueva Ley Penitenciaria (número 113 del año 2021). Lo que sí resulta un hecho incuestionable, a la vista de todos los que investigan o conocen el tema, es que el nuevo modelo penitenciario (en los lugares del país donde está instituido) constituye un avance significativo en materia de prisiones en la República Dominicana.
El objetivo final o la meta de la Ley 224-84, la cual encontró numerosos obstáculos en el inicio de su aplicación, fue lograr que nuestro país tuviera un régimen penitenciario humanizado, como en gran medida lo es el conocido como “Nuevo Modelo de Gestión Penitenciaria”.
A doña Asela Mera de Jorge hay que reconocerle el mérito histórico de haber respaldado decididamente y velado porque durante los años 1984, 1985 y 1986, la Ley 224-84 no fuera letra muerta.
Y con sus altas y sus bajas la semilla que se sembró entonces germinó mucho tiempo después, para beneficio de quienes son privados de libertad por orden de autoridad judicial competente en nuestra nación.
Varios años después de lo que he narrado, conocí a un sacerdote que en aquel tiempo era capellán de la Policía Nacional, el padre Santelisis.
A él le conté las amargas experiencias y vivencias mías en la Dirección General de Prisiones. Principalmente le conté la actitud de la mayoría de los oficiales militares y policiales designados en la custodia y administración de las cárceles de cometer actos irregulares y acciones deshonestas que afectaron, perjudicaron y retardaron la aplicación y la buena marcha o desarrollo de la Ley 224-84, sobre el Régimen Penitenciario.
Este cura, gran conocedor de la realidad existente dentro de los cuarteles, me aseguró que no todos los oficiales policiales y militares eran personas que cometían irregularidades y acciones deshonestas, e inmediatamente aseguró lo siguiente: “Es que a los oficiales honestos, serios y rectos, en las jefaturas de la Policía Nacional (igual en la del Ejército) alguien los bloquea y no los mandan a ocupar esas plazas, y escogen para designar allí a los bandiditos que cogen y reparten los bienes y valores que generan esas irregularidades y acciones deshonestas. Así de clara y sencilla es la explicación de aquel fenómeno”.
Cuando le pregunté al padre Santelisis si en el momento que conversábamos aún persistía esa práctica, él me respondió con esta expresión categórica: “Mira hijo, las cosas han mejorado, pero aún falta mucho por corregir e institucionalizar en los cuarteles…Eso es un proceso. Lo importante es que se cree un justo y muy eficiente mecanismo de supervisión, control y sanción, que sea implacable en el cuerpo policial y en las instituciones castrenses”.