La semana pasada se celebraba en el país el primer congreso latinoamericano y caribeño de la Federación Latinoamericana de Fiscales -FLF-, el cual llevaba como tema central “la independencia y seguridad de los fiscales en la lucha contra la criminalidad organizada”. El congreso reunió distintos fiscales de la región de América Latina y el Caribe, jueces, abogados y sociedad civil, a fin de compartir experiencias que buscan fortalecer su independencia funcional y seguridad personal.

 

La Federación Latinoamericana de Fiscales es una asociación constituida por asociaciones de fiscales de la mayoría de los países de América Latina; nace en el año 2015 en Rio de Janeiro, Brasil, para la defensa de los principios que rigen al ministerio público a nivel regional: principio de legalidad, actuación objetiva, derechos y libertades consagrados en los Pactos Internacionales. Su objetivo es garantizar, practicar y defender la más absoluta autonomía del Ministerio Público Fiscal con respecto a otros poderes del Estado, partidos políticos, sindicatos, grupos de interés o factores de presión, así como promover y defender la inamovilidad, estabilidad y duración de sus cargos mientras mantenga buena conducta.

 

Definitivamente que el fortalecimiento de la independencia funcional del ministerio público se hace imperante en cualquier Estado Democrático y de Derecho. El Ministerio Público es el organismo del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción penal pública en representación de la sociedad. Es por tanto un actor clave del sistema de justicia para la persecución y judicialización de los crímenes cometidos en cualquier sociedad contra cualquier ser humano.

 

Viendo rápidamente la historia del ministerio público dominicano desde el año 2003 a la fecha, podemos notar que como país hemos tenido grandes avances en el fortalecimiento institucional de esta figura: la creación de la Escuela Nacional del Ministerio Público como casa de estudio y preparación para fiscales de carrera, la selección de los 100 primeros aspirantes a fiscalizadores de carrera por concurso de oposición (de la cual orgullosamente formé parte), las evaluaciones a lo interno del Ministerio Público como una forma de fortalecer sus capacidades o desvincularlos, en caso de ameritarlo, así como los demás concursos de oposición subsiguientes para el ingreso de nuevos miembros.

 

Del mismo modo, el modelo de gestión de fiscalías implementado y puesto en práctica en muchas dependencias del país ha servido de vehículo para la mejora de organización y eficiencia del trabajo del fiscal; la adopción de la Ley Orgánica del Ministerio Público No. 133-11 estatuyó sus principios, naturaleza, carrera, ascensos, procuradurías especializadas, el consejo superior del ministerio público como órgano máximo de la institución para la toma de decisiones importantes, entre otros.

 

Todo esto es bueno reconocerlo a fin de que se continúe trabajando en su independencia y fortalecimiento institucional. Un ministerio público de carrera significa justamente lo que persigue la Federación Latinoamericana de Fiscales: defender la más absoluta autonomía del Ministerio Público con respecto a otros poderes del Estado y sobre todo, de partidos políticos. El presidente Luis Abinader ha apuntado a esa independencia del ministerio público que, aunque ya existía la carrera desde el año 2004, falta un punto esencial del cual él ha hecho mención en varias ocasiones eliminar para consolidar la carrera: el nombramiento del Procurador General de la República por parte del presidente de la República. Esperemos ver esa realidad.

 

Una asociación de fiscales, por su parte, viene a fortalecer aún más su objetivo y su misión, ya que se trata de una unión de individuos o entidades que persiguen un fin común, su independencia funcional, pero además todo lo que implica un cargo de esta naturaleza: salarios justos, seguridad personal y familiar, planes de salud, pensiones, entre otros.

 

En el país actualmente existen 2 asociaciones que reúnen a los fiscales de carrera: la Asociación Dominicana de Fiscales de Carrera -ADOFIC- y la Asociación de Fiscales Dominicanos -FISCALDOM-, siendo esta última la propulsora del encuentro de la Federación Latinoamericana de Fiscales -FLF- en el país, y de la cual formo parte como asesora honorífica.

 

Los temas tratados durante el congreso fueron de gran interés para los miembros presentes del ministerio público, tanto para el fortalecimiento de su institucionalidad e independencia como en la mejora de sus funciones diarias. Los debates generados apuntaban al análisis de la realidad que vive el fiscal diariamente en sus funciones, las carencias y desafíos que enfrentan en ese día a día de acuerdo a la experiencia de cada país presente, lo cual servía de retroalimentación y referencia a los demás.

 

La lucha contra la criminalidad organizada exige una investigación ardua, proactiva y eficaz a fin de recolectar los medios probatorios idóneos para sustentar el caso en juicio; llevar a cabo una investigación con tiempo, dedicación, objetividad, y cautela es clave para alcanzar los resultados requeridos. En el encuentro compartieron cómo algunos fiscales de la región se han visto afectados en su seguridad personal por llevar a cabo la investigación y sometimiento de los autores del crimen organizado, llegando algunos a perder la vida o la de sus familiares. El ministerio público necesita una seguridad constante, eficiente y real.

 

Me gustó ver en el encuentro la manera receptiva de cada fiscal presente en la búsqueda de mejorar sus funciones; también la forma en como a través de la experiencia internacional compartían desafíos y soluciones de cara a la realidad que enfrenta cada país. La unión en la lucha por el respeto de sus derechos y el compromiso de hacer un trabajo digno, acorde a sus funciones, era evidente.

 

Felicito a FISCALDOM por tan magno evento y su lucha constante por su gremio; la unión y el trabajo de equipo se reflejó en cada día del evento. Confieso me hubiera gustado ver la asistencia de más fiscales del país presente pues era un evento muy importante, y espacios como estos no lo deben desaprovechar. No obstante, quedo satisfecha en la manera como FISCALDOM se ha consolidado como asociación en el país, por fomentar el compromiso de sus compañeros a nivel nacional pero también a nivel internacional en su defensa como institución; como ellos mismos decían, detrás de un fiscal hay muchos fiscales más.

 

¡Bravo!

 

Sonia Hernández es abogada penalista, exprocuradora fiscal de la Provincia Santo Domingo. Tiene una maestría en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid y una especialidad en Derecho Procesal Penal por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Actualmente es abogada en ejercicio y consultora experta en trata de personas para Misión Internacional de Justicia, República Dominicana (IJM).