La prevención del delito es uno de los componentes de la Política Criminal del Estado. El propósito es evitar la aparición de conductas delictivas, disminuir las posibilidades de reincidencia, intervención sobre la víctima, la comunidad, contemplar la posibilidad de modificar el espacio físico de algunas zonas determinadas.

Hugo Frühling, Eugenio Guzmán y Rafael Blanco, citados por De la Colina (2002), definen la prevención del delito como “…una forma de intervención consistente en la adopción de medidas para impedir la delincuencia o disminuir el riesgo de perpetración de delitos…”.

El Manual sobre la aplicación eficaz de las Directrices de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito, establece que “el concepto de prevención del delito se basa en la idea de que el delito y la victimización se ven favorecidos por numerosos factores causales o de fondo, los cuales son resultado de una amplia gama de elementos y circunstancias que influyen en la vida de las personas y las familias a medida que pasa el tiempo, y de los entornos locales, así como situaciones y oportunidades que facilitan la victimización y la delincuencia”.

Aquellos factores a los que se refiere el Manual antes referido son los factores de riesgo y protección. Los de riesgo (características del propio sujeto, de su familia, de su ambiente escolar o de barrio, etc.) que tienden a influir de manera negativa en el individuo, estimulando la aparición de conductas delictivas. Los de protección, son aquellos que hacen menos probables la aparición de la conducta antisocial o delictiva (Garrido y Redondo, 2013).

Un programa de prevención del delito debería integrar el análisis de aquellos factores, con la finalidad de fomentar y estimular factores de protección, y atender los de riesgo que incentiven la aparición de la conducta delictiva, y la posibilidad, del desarrollo de la carrera delictiva.

De la Colina (2002), procede a señalar los niveles de prevención, indicando que estos son: “primario, vinculado a un universo general de la población a fin de evitar la existencia de delincuentes y víctimas, o reducir los factores posibilitantes de delitos; un nivel secundario con relación a grupos de riesgo o peligro, desarrollando hacia ellos estrategias destinadas a su tutela, y por último, un nivel terciario dirigido a personas, hechos o lugares concretos vinculados al delito.”

Por otro lado, se sugiere el estudio de las teorías criminológicas que explican o abordan las variables que inciden y estimulan una conducta antisocial y delictiva ya que permiten la comprensión de la etiología y causa de la delincuencia.

De acuerdo con Garrido y Redondo (2013), “los programas preventivos van dirigidos a: a) Delincuente (programas psicoeducativos, intervención familiar); b) Víctimas (medidas de autoprotección); c) Comunidad (cambios en el barrio/ciudad/sociedad); d) El medio ambiente físico (arquitectura, sistemas de protección).”

Algunas medidas expuestas por García-Pablos (2003), en referencia a una moderna política criminal, son las siguientes:

  1. Control razonable del crimen;
  2. El control exitoso de la criminalidad no justifica el empleo de toda suerte de programas, ni legitima el elevado coste social que determinadas intervenciones implican.
  3. Prevenir significa intervenir en la etiología del problema criminal, neutralizando sus causas.
  4. La efectividad de los programas de prevención debe plantearse a medio o largo plazo. Un programa es tanto más eficaz cuanto más se aproxime etiológicamente a las causas del conflicto que el delito exterioriza.
  5. La prevención debe contemplarse, ante todo, como prevención “social” y “comunitaria”, precisamente porque el crimen es un problema social y comunitario.
  6. La prevención del delito implica prestaciones positivas, aportaciones y esfuerzos solidarios que neutralicen situaciones carenciales, conflictos desequilibrios, necesidades básicas.
  7. La prevención del delito, la prevención científica y eficaz del delito, presupone una definición más compleja y matizada del “escenario” criminal, y de los factores que interactúan en el mismo.
  8. Se evita, también, delito previniendo la reincidencia. Pero, desde luego, mejor que prevenir “más” delito, sería “producir” o “generar” menos criminalidad.” “En todo caso, la Política Social es un excelente y eficaz instrumento preventivo”.”

Si bien es cierto que la pena de prisión puede ejercer cierto efecto disuasivo, no menos cierto es que los esfuerzos no deben centrarse solo en la parte punitiva del Estado. La Política Criminal, con el objetivo de disminuir, de manera razonable, las tasas de criminalidad, debe incluir medidas de prevención del delito en los niveles primario y secundario. En consecuencia, se sugieren acciones como destinar recursos para mejorar las condiciones (medio o espacio físico) de las zonas criminógenas, promover valores prosociales en jóvenes en situación de riesgo, y programas dirigidos a la infancia y adolescencia para mitigar el fracaso escolar, programas sobre la violencia, incentivar la participación ciudadana, creación de fuentes de trabajo que disminuyan el tiempo de ocio, profundizar sobre la etiología de la delincuencia.