A partir de la caída de la tiranía trujillista, el 30 de mayo de 1961, los electores dominicanos han sido convocados a votar en veintidós elecciones generales ordinarias consecutivas, con la particularidad de que en cada una de ellas la Junta Central Electoral ha reclamado un presupuesto superior al enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, así como de que nunca se han dejado de celebrar las elecciones por razones presupuestarias.
Esta vez quien disparó las alarmas fue el propio presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Román Jáquez Liranzo, al advertir que el bajo presupuesto, a su modo de ver, asignado por el gobierno al órgano electoral, para el próximo año 2023, pone en riesgo el montaje de las elecciones del 2024.
La dramática advertencia del magistrado presidente del órgano administrativo electoral, casi siempre se hace en el año electoral, tuvo como motivación el argumento de que las próximas elecciones se organizarán y se pagarán en el 2023, para celebrarse en el 2024.
Tiene razón el magistrado Jáquez, en lo relativo a que el año preelectoral implica gastos superiores a los anteriores, por el hecho de que deben celebrarse las elecciones primarias de los principales partidos.
Sin embargo, todo parece indicar que el Ejecutivo creyó haber tomado en consideración las elecciones primarias en el Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado del 2023, por el hecho de haber aumentado la asignación del órgano en 2,500 millones de pesos, es decir, 450 millones más que el monto presupuestado por la JCE para la organización de las mismas.
Para el próximo año la Junta Central Electoral recibirá 8,011 millones de pesos, un monto superior a los 5,511 millones de pesos que les fueron asignados en el año 2022.
Por tradición la JCE, igual que otras instituciones, deposita, cada año, un anteproyecto por un monto elevado, para tratar de compensar el recorte que siempre hace el Poder Ejecutivo.
Al parecer el Gobierno de Luis Abinader considera que ha sido generoso con el órgano electoral, producto de que, en tres años, incluido el 2023, le ha asignado en el presupuesto un veinte por ciento más que el de su antecesor Danilo Medina, en sus últimos tres años de mandato.
No obstante, el magistrado Román Jáquez sabe muy bien que ningún presidente, y mucho menos si está muy bien posesionado, como es el caso de Luis Abinader, pondría en juego por razones presupuestarias las elecciones, las cuales, de conformidad con la Constitución Política, deben celebrarse cada cuatro años, el tercer domingo del mes de mayo, para elegir al presidente, al vicepresidente y a los legisladores, y el tercer domingo de febrero para escoger los cargos municipales de elección.
Como se ha podido apreciar, no existe motivo alguno para que el magistrado Román Jáquez se sienta preocupado por la asignación presupuestaria, tomando en consideración que, en lugar de obstaculizar las elecciones, un presidente como Luis Abinader, que tiene como uno sus principales propósitos el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, le facilitará los fondos razonables a la Junta Central Electoral para el montaje de las elecciones, sin la más mínima dificultad, en los años 2023 y 2024.