Se ha anunciado recientemente que nada más y nada menos que la secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España estará dentro de poco de visita en República Dominicana para informar al público sobre detalles de la adquisición de la nacionalidad española hoy en día para descendientes de personas definidas como españoles. Consideramos razonable plantear que si la(s) sesión(es) informativa(s) impartidas por la secretaria de Estado Cancela Rodríguez en su futura visita a República Dominicana se limitan al tema de los derechos de actuales ciudadan@s dominican@s descendientes de personas que una vez tuvieron la nacionalidad española heredada de múltiples generaciones (para que se puedan acoger a la legislación de derechos expandidos que se menciona), beneficiará solamente a un segmento de población tal vez de cientos de personas, pero dejará sin atender o asesorar la situación de otro gran segmento poblacional (y humano, por supuesto) que hoy en día tiene una muy particular y directa relación con España y con sus mecanismos migratorios (y más precisamente inmigratorios): tod@s los hij@s y niet@s nacid@s en España de las decenas de miles de personas de nacionalidad dominican@s emigrad@s a España en los últimas cuatro décadas, y sobre cuyo derecho a la nacionalidad española no siempre se informa a la opinión pública dominicana con la debida claridad y exactitud.

Que sepamos (y ojalá equivocarnos) no existe ni siquiera un folleto debidamente difundido o publicitado con información fehaciente u oficial que explique y detalle las circunstancias, mecanismos y procedimientos básicos que contemplan la Constitución y las leyes españolas actuales para la población de origen dominicano incluida en esa numerosísima categoría antes mencionada, y la secretaria de Estado Cancela Rodríguez y el Partido Socialista Obrero Español en su conjunto, como entidad defensora histórica de derechos sociales, harían un gran favor a las relaciones bilaterales entre ambos pueblos (y a decenas de miles de seres humanos hoy involucrados en la emigración desde República Dominicana a España) si ayudaran a comenzar a terminar con esa carencia informativa.

 

¿Cuáles son las perspectivas exactas de posibilidad de adquisición de ciudadanía española de pleno derecho que le ofrecen al Constitución y la legislación española de hoy a los niños y niñas nacid@s en las últimas cuatro décadas en España que son hij@s o niet@s de dominican@s emigrados y residentes en España durante ese tiempo y que durante el mismo han contribuido al bienestar de la sociedad Española con su fuerza de trabajo y sus impuestos?

 

Y una pregunta todavía más “sensible” y polémica desde el punto de los derechos humanos en general, y los derechos cívicos en particular de la población dominicana inmigrante en España. ¿Cuáles opciones y derechos contemplan la Constitución y las leyes españolas para la eventual adquisición de (y protección por) la ciudadanía española para tod@s los niñ@s nacid@s (y en la mayoría de los casos, criad@s y socializad@s) en España y que son hij@s o niet@s de ciudadan@s dominican@s indocumentad@s o no-ciudadan@s españoles al momento de esos niñ@s nacer en España?  ¿Reconoce España lo que significa nacer y criarse en un país-nación como España en el mundo de hoy y contempla alguna oferta o extensión de ciudadanía a esa población?

La pregunta es muy válida y útil en el contexto de la política dominicana actual, porque se puede decir que los sectores políticos de la derecha dominicana (incluidos varios de sus líderes actuales más connotados) durante al menos la última década han intentado apuntar hacia el caso de las leyes inmigratorias y de ciudadanía española para insistir en su supuesto carácter muy restrictivo y negador de la oportunidad o derecho de adquisición de nacionalidad y ciudadanía española para la población nacida en España descendiente de inmigrantes dominican@s.

 

Este tipo de comentarios se ha difundido en República Dominicana sobre todo como intento para la construcción (en la conversación pública nacional dominicana) de una supuesta comparación que mostraría que la Constitución, las leyes y el sistema judicial español actual trataría a los descendientes nacid@s en España de inmigrantes dominican@s con el mismo criterio de negación o severa restricción de derechos a la ciudadanía qe la derecha dominicana impuso en la Constitución del 2010 y sobre todo mediante la Sentencia 168-13 (conocida popularmente en el país dominicano como “la Sentencia” por autonomasia) que le ha negado taxativamente el derecho a la nacionalidad dominicana a cientos de miles de personas nacidas en territorio dominicano durante hasta cuatro generaciones descendientes de inmigrantes trabajador@s de nacionalidad haitiana llegad@s a República Dominicana en fechas tan lejanas como el año 1929 y que no obtuvieron al llegar “papeles” de inmigrantes documentad@s, aunque el Estado Dominicano y corporaciones dominicanas o radicadas en República Dominicana usaron efectivamente su mano de obra durante generaciones sin nunca vacilar en su explotación por ninguna preocupación ni prurito ni legal ni humano respecto a su estatus inmigratorio.  Esa decisión política-judicial, como se sabe, ha dejado en un limbo legal a cientos de miles de personas nacidas por generaciones en República Dominicana alterándoles drásticamente sus vidas y creando un caso de anulación retroactiva y masiva de derechos que posiblemente no tenga paragón mundial ni en el siglo XX ni en el XXI.

 

Dicho más simplemente, sería muy útil si la Secretaria de Estado Cancela Rodríguez pudiera aclarar si es verdad que la Constitución y la legislación españolas de hoy deja tan desamparados y tan despojados y destituidos de nacionalidad (o potencial nacionalidad) española a l@s descendientes nacid@s en España de inmigrantes dominican@s como la Constitución y la Sentencia 168-13 dominicanas actuales dejan y han dejado a quienes muchos dominicanos consideramos simplemente ciudadan@s dominican@s de origen o ascendencia haitianos.

 

Como representante de un estado considerablemente democrático y garantista como es la España de hoy, y sobre todo como representante de un partido histórico español como el Partido Socialista Obrero Español que todavía se precia de ser un defensor activo y militante de derechos humanos y derechos sociales, sobre todo de las clases trabajadoras que han sostenido y sostienen el bienestar de la sociedad española con su contribución laboral, la Secretaria de Estado Cancela Rodríguez podría aprovechar su visita para compartir y difundir una información sobre ese aspecto de los derechos a la ciudadanía española que tal vez no contemplaba inicialmente en su plan de trabajo de su visita a República Dominicana pero que podría expandir muy considerablemente el impacto humano real de su visita en maneras que al fin y al cabo harían mucho más saludables las relaciones entre ambos estados, España y República Dominicana, y sus respectivas poblaciones, incluidas todas las que por vía de la experiencia de las migraciones, han visto sus vidas asociadas simultáneamente a las dos naciones.