Pedernales, en el sudoeste de la frontera dominico-haitiana, ha sufrido en las últimas tres décadas una ola de invasión de terrenos sin precedentes cuyas consecuencias nefastas pocos perciben en el pueblo.

La violencia ha sido una constante, a ratos como refriegas con armas de fuego en manos; a ratos, subterránea. Pero en cualquier momento se abrirán las compuertas de la masacre.

La inseguridad jurídica que implica tal práctica, desanima a inversores de proyectos de desarrollo. Y eso significa atraso. Más desempleo. Más pobreza. Arrabalización por doquier. La periferia del municipio es una imagen triste atribuible a la indolencia de políticos oportunistas e indolentes que construyen mendicidad para ellos engrosar su arcas con oro.

En la Fiscalía, sin embargo, las denuncias y querellas no prosperan. Al menos, no llegan a los tribunales porque se agotan en procesos de “conciliación” que insuflan poder a los infractores. Y estos vuelven a sus andanzas. Y suman a otros sin que las autoridades actúen con la fuerza que merecen los reincidentes.

Ninguna propiedad está segura frente a tanta blandenguería. Y eso es inaceptable. Vivimos un régimen en que la propiedad privada está garantizada por la Constitución y las leyes sobre la materia.

Muchos nativos del pueblo han heredado inmuebles de sus progenitores. Incluyen predios agrícolas y pecuarios, solares, viviendas. Propiedades que datan de principios del siglo XX, en que llegaron los “colonos” y luego sus parientes. Algunos los han vendido; otros, han preferido mantenerlos como memoria de sus antecesores, o para inversiones futuras. Sea lo que sea, nadie tiene derecho a usurparlos. De la noche a la mañana, sin trabajar, usted no puede pretender propiedades que a otros les costaron décadas de esfuerzos.

Un político del patio pronunció una vez una frase lapidaria digna de repetir: “Si usted se mete ilegal, ilegal hay que sacarlo; si se mete a la fuerza, a la fuerza hay que sacarlo”.

Así ha de ser. Pero no sólo con los pillos de tierras que, violentos, dan la cara para pelear como fieras para defender lo robado, sino también con los políticos que les respaldan detrás de bambalinas. Son más ladrones. Porque acciones delincuenciales de ese pelaje necesitan de un poder que las apañe. Sobre todo, si se mantienen en el tiempo, como es el caso.

No es fortuito que esas incursiones se incrementen en campaña. El circo entretiene.

Se sabe de políticos que, en su afán de garantizarse votos de familias enteras, hasta prometen a juntas de vecinos, abrir calles sobre propiedades privadas.

Y se sabe de otros que son permisivos con las invasiones como pago de servicios oscuros de campaña.

Y de propietarios legales que extienden su perímetro sobre terrenos ajenos, convirtiéndose con ello en invasores.

Pedernales ha sufrido amargamente la experiencia del latrocinio de Bahía de las Águilas y todo su entorno.

Los 364 millones de metros cuadrados con vocación turística, repartidos ilegalmente en el primer lustro de los 90, bajo el ropaje de terrenos agrícolas, deberían estar anclados en el imaginario de los pedernalenses como una referencia de lo que jamás debería repetirse.

Los 24 años de litigio judicial para recuperar las parcelas del Estado, han servido de excusa al Gobierno parar olvidarse de la provincia. Y a los inversionistas privados, para huir hacia ambientes de negocios seguros.

Repetir este bochorno, aunque sea en menor escala, nos hundiría en el descrédito. Y cosecharíamos más pobreza.

Durante su segunda visita a la provincia, a finales de agosto 2020, el presidente Luis Abinader anunció un ambicioso plan de titulación de tierras en Pedernales. Excelente noticia. Gran parte de los dueños de bienes carece títulos de propiedad, pese al usufructo por un siglo. Y esa debilidad les impide acceder a préstamos y ventas.

Urge que la decisión del Ejecutivo sea complementada con acciones contundentes de la Fiscalía y demás instituciones para detener las bandas que operan a la libre en la provincia. Y promover la justicia. Condenar al ladrón y conceder la razón a quien la tiene, la víctima, el dueño de las tierras.