Las medidas que podrían mejorar la grave situación que se vive en las calles y avenidas del Gran Santo Domingo tienen características que no añaden votos a los actores de las actividades políticas y, viviendo en un país donde los votos se consiguen aprovechándose de los niveles de educación de una gran parte de la población y mayormente no precisamente pensando en el bienestar de la mayoría, más bien en función de lo que tal o cual candidato podría hacer por mí.
Independientemente de los proyectos que se estén programando ejecutar en el plano de la movilidad vial a desarrollarse en el mediano y largo plazo, hay numerosas acciones que, aunque no sean graciosas, van a ser bien acogidas por una gran cantidad de conductores decentes y responsables que sufren a diario todos los males que se presentan en nuestras calles y avenidas.
Recordamos que en junio del 2021 el poder ejecutivo emitió un decreto (396-21) en el que se limitaba el uso de franqueadores al presidente y vicepresidente de la República, al procurador general de la República, al director de la Policía, a los ministros de Defensa y de Interior y Policía y a los directores de control de drogas y del DNI. Posteriormente en enero del 2022, en el decreto 3-22, vuelve a disponer las mismas limitaciones con relación a este tema. Ya en años anteriores, otros gobiernos habían dispuesto lo mismo.
Nos imaginamos que estas medidas, fallidas todas, tuvieron sus razones por el hecho de que la mayoría de los funcionarios civiles y militares de cada gobierno recurren a esta práctica. Lo cierto es que esto agiganta aún más los grandes taponamientos que se producen día a día en las calles y avenidas, afectando a la mayoría de los conductores que también deben llegar a tiempo a sus labores o a cualesquiera que sean sus destinos. Estos decretos solo han sido ilusiones si se toman en cuenta las grandes interrupciones que se verifican en las calles y avenidas de las principales ciudades del país por esta causa.
Las violaciones a estos decretos no deben de causar ninguna novedad, ya que tan solo son “decretos”, tomando en cuenta que estamos en un país en el que no se cumplen muchas leyes que se supone que tienen una mayor rigurosidad.
El asunto de las señalizaciones en las vías y de aplicar las penas correspondientes a los violadores de estas, de seguro ayudaría a mejorar los desplazamientos. Solo por señalar un ejemplo, que suele presentarse en la mayoría de las vías. “Estacionamiento en paralelo en calles de una y doble vía”.
La semaforización de las calles y avenidas de las grandes ciudades (el Gran Santo Domingo y Santiago) es una necesidad que permitirá la regulación en el flujo de vehículos y peatones y además de esto contribuirá a una mayor seguridad de la población. Esta medida deberá estar acompañada de la eliminación de los agentes de la DIGESET que en horas pico sustituyen los semáforos para atender el llamado de los funcionarios e hijos que van con retraso a sus trabajos y a los colegios respectivamente y crean situaciones en las vías que en muchas ocasiones conllevan a riñas entre los angustiados conductores que deben de esperar decenas de minutos para proseguir la marcha. La inversión en un sistema de semáforos bien diseñado necesariamente debe de ir acompañada de la eliminación de la actuación de estos para que produzca los resultados que se proyecten.
La actuación de los agentes de la DIGESET será bien apreciada cuando vaya en dirección a:
Penalizar los conductores que violen las leyes de tránsito en todas sus manifestaciones, como son: pasar en rojo los semáforos, transitar en vía contraria, ocupar el carril de la vía contraria, conducir sobre las líneas que dividen los carriles, conducir un vehículo en horas nocturnas sin luces, estacionarse en calles con señal de “No estacione”, conducir sobre el límite de la velocidad máxima indicada, estas son solo algunas de las más frecuentes. También hay que indicar que los vehículos averiados en las vías producen un alto porcentaje de los taponamientos, por lo que sería conveniente que se disponga de los equipos que permitan actuaciones a tiempo para reducir las demoras al mínimo, lo cual no requiere de grandes inversiones.
El tema educacional deberá ser una constante y estar presente en todos los programas y realizaciones que se lleven a cabo en torno al problema del tránsito en las vías. Sin educación será imposible que se respeten los derechos de los demás y se cumplan con las leyes correspondientes.