Por deficiencias profundas en el abastecimiento de agua a los hogares de la capital y las provincias, las familias se las han ingeniado con la inversión en construcción de pozos tubulares para extraer el agua del subsuelo, sin reparar en consecuencias medioambientales ni en enfermedades hídricas por la mezcla de las corrientes subterráneas con las aguas sanitarias que millones de viviendas y empresas canalizan hacia la capa freática.
El asunto es tan grave que es común el ver a vecinos de urbanizaciones y residenciales contratar “poceras” para perforar en medio de las calles para sacar agua o hacer sépticos. Y otros, desde la sombra, para montar procesadoras de “agua potable”.
Estamos ante una epidemia de pozos que urge controlar. Es plausible, por tanto, que el ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales cumpla con su responsabilidad de aplicar la ley para beneficio colectivo.
Pero la realidad de los productores de los municipios Oviedo y Pedernales es otra cosa. Y como tal ha de tratarse.
La pluviometría en aquellas comunidades del extremo sudoeste es baja; los ríos, escasos. Ellos tienen que producir, sin embargo, los alimentos para satisfacer la demanda de sus poblaciones. Y, de ahora en adelante, pensar en el flujo de visitantes a la zona, pues el Gobierno ya ejecuta del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, que involucra a las otras provincias de la región Enriquillo (Independencia, Baoruco y Barahona).
Resulta que la Asociación de Parceleros de Oviedo urge de 70 pozos, y los no asociados, 30. O sea, 100 perforaciones para mantener vivas sus parcelas de plátanos y otros rublos.
Y los ovinocapricultores de Las Mercedes, en Pedernales, que hace una semana recibieron créditos de 300 mil pesos cada uno por parte del presidente Luis Abinader, no llegarán lejos sin los tubulares. No hay ríos a su alcance.
La queja generalizada en estas comunidades es que no les dan los permisos correspondientes, mientras influyentes en la provincia construyen los suyos, en sus viviendas y en sus fincas. Se alega además que el Instituto Dominicano de Recursos Hidráulicos (Indrhi) llevó una perforadora, pero que hacía trabajos selectivos.
El reclamo de los productores es más que justo. Los pozos constituyen, hasta ahora, la solución más viable. Nuestra provincia es la que más aguas subterráneas tiene en el país. Y nada malo tiene que estas se usen en el marco de la racionalidad.
Permitir que algunas personas con dinero o influencia política, o ambas a la vez, tengan el privilegio de acceder a ese sistema para insuflar vida a sus hogares y a sus parcelas, mientras los otros productores laboriosos están arrodillados, sin dolientes, representa un acto de deslealtad inaceptable. Debe haber igualdad de condiciones, y si los pozos son malos, pues que los sellen todos.
No asistir ahora a quienes necesitan la mano amiga del Gobierno es jugar a su desencanto, por un lado, y por el otro, a favorecer el monopolio de la producción de alimentos. Y esa, hasta donde sabemos, no es la voluntad oficial.
El ministro de Memarena, Orlando Jorge Mera, debe detener esta discriminación. Ver dónde está el tranque y destrabarlo sin dilación. Porque “el agua es vida”, y las cosechas y las crianzas, también. La producción de alimentos mediante el incentivo a los productores es uno de los pilares del proyecto turístico gubernamental en curso.