El pasado 10 de octubre se reunió el Consejo Nacional de la Magistratura y dejó abierta la convocatoria para la selección de cinco jueces del Tribunal Constitucional que terminan su período de designación el próximo 27 de diciembre de 2023. Entre estos miembros está su presidente, el Dr. Milton Ray Guevara, y por ello, su sustitución hará la labor de este Consejo Nacional de la Magistratura muy difícil por la impronta del magistrado presidente.
Ahora bien, la Constitución establece en su artículo 275 que los funcionarios de los órganos constitucionales, como lo es el Tribunal Constitucional, cuyos períodos de designación hayan expedido, podrán mantenerse en el cargo hasta que sean formalmente sustituidos por los organismos competentes. Esto significa que, si bien después del 27 de diciembre de 2023 expiran en el cargo los jueces a ser sustituidos, no menos cierto es que podrán permanecer en él hasta que finalmente el Consejo Nacional de la Magistratura seleccione a los nuevos incumbentes.
Y si bien aplaudo la previsión en la convocatoria, quizás también sea el momento de poner sobre la mesa la necesidad de postergar la selección de estos cinco nuevos integrantes por un asunto que para mí es clave: ya la actual composición del Consejo Nacional de la Magistratura designó a los jueces del Tribunal Superior Electoral y a cuatro miembros del Tribunal Constitucional. Tener la posibilidad de designar cinco nuevos miembros, incluyendo su presidente, implicaría básicamente nombrar la mayoría cualificada requerida para que este órgano dicte sentencia.
No existe impedimento constitucional o legal para que este Consejo Nacional de la Magistratura elija a estos nuevos miembros del Tribunal Constitucional; pero resulta que actualmente ya estamos en período electoral, en una coyuntura de reelección del presidente Luis Abinader y con la posibilidad, al momento, de que el Congreso Nacional se recomponga producto de la variedad de partidos políticos que se van a disputar los escaños, es decir, que ya no estamos ante los escenarios del pasado bipartidista; sino ante la clara posibilidad de un Congreso Nacional sin mayoría claramente definida, lo que por sí provocará una recomposición del actual Consejo Nacional de la Magistratura.
El actual partido de gobierno nació producto de un pleito judicial enorme y sobre acusaciones de parcialización de las altas cortes, quienes fueron designados en período de dominancia de Partido de la Liberación Dominicana.
Combinar período electoral con selección de jueces de tan importante magnitud como los del Tribunal Constitucional no es sano para la institucionalidad democrática y más si ya la composición vigente ha tenido la oportunidad de nombrar otros jueces. Esto es así, a mi modo de ver, porque en un período electoral los actores político-partidarios van a buscar designar jueces que sean más afines a sus intereses políticos, ideológicos y partidarios en lugar de apostar al mérito, la capacidad y la excelencia. Dicha actuación es lógica pues se aproximan dos elecciones: en febrero las municipales y luego en mayo las generales, para ambas los nuevos jueces estarían posesionados y listos para conocer de revisiones de decisiones de amparos electorales o de sentencias del Tribunal Superior Electoral, por mencionar un ejemplo.
Lo que significa que la designación de jueces en un período electoral aumenta el riesgo de que las decisiones del Tribunal Constitucional resulten más politizadas y con ello, la posibilidad de abrir camino la inestabilidad política e institucional que nadie quiere.
En adición a lo anterior podríamos también profundizar sobre la legitimidad democrática de este Consejo Nacional de la Magistratura para básicamente nombrar la mayoría cualificada del Tribunal Constitucional ante las puertas de las elecciones de 2024. Este Consejo es una expresión de la conjunción de los poderes constituidos, de los cuales el Ejecutivo y el Legislativo serán objeto de escrutinio en menos de un año, con posibilidad de cambios en sus representantes. Esta circunstancia invita necesariamente a reflexionar si estos mandatarios deberían terminar de nombrar los jueces del Tribunal Constitucional a sabiendas de que en cuestión de meses pueden no estar en los puestos que hoy ocupan.
La democracia se fortalece en el aprendizaje constante de los errores del pasado, sobre todo cuando es reciente. El actual partido de gobierno nació producto de un pleito judicial enorme y sobre acusaciones de parcialización de las altas cortes, quienes fueron designados en período de dominancia de Partido de la Liberación Dominicana. Como democracia mínimamente madura, debemos apostar a ser mejores y no repetir viejas prácticas que en el corto o mediano plazo terminen socavando nuestra institucionalidad y estabilidad.
La prudencia no solo es una gran virtud, sino que es también un valor que fortalece la institucionalidad democrática.