A propósito del proceso de reforma constitucional impulsado por el Poder Ejecutivo sobre algunos aspectos de la Constitución de la República, considero propicia la ocasión para proponer que se incluya un aspecto medular para la concreción de la democracia, el Estado de Derecho y el futuro de la nación dominicana, como lo es, la independencia de la Justicia.
La propuesta de reforma versa sobre cuatro aspectos que enuncio a continuación:
- Garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial, al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas;
- Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones;
- Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales, municipales y de demás representantes electivos; y
- Adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados.
De entrada, quiero expresar mi simpatía con la iniciativa, porque denota un propósito cargado de evidentes buenas intenciones.
Sin embargo, en lo referente al punto relativo a: “consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones”, es preciso hacer unas puntualizaciones.
Con la llegada de la actual gestión de gobierno, todos fuimos sorprendidos por un accionar sin precedente en la historia del Ministerio Público, el cual consistió en permitir que este importante órgano del sistema de justicia actuara con absoluta libertad.
Este accionar se alejaba de los comportamientos anteriores en los que el Ministerio Público, mostraba total sumisión al Poder Ejecutivo, y en ocasiones, se colocaba al servicio de diferentes sectores.
Con luces y sombras, la experiencia ha sido interesante, por lo que considero que debe ser fomentada; sin embargo, entiendo que la visión de consolidación no debe abarcar solo al Ministerio Público, sino a la Justicia, en el sentido más amplio posible.
En efecto, el Ministerio Público es tan solo un actor dentro del sistema de justicia, entendida como el conjunto de todos los órganos que tienen como misión la aplicación de la ley, garantizando el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales.
Independientemente de lo positivo que resulta consolidar la independencia del Ministerio Público, su condición de órgano que está integrado a un sistema, compuesto por otros, los cuales están llamados a actuar con un alto nivel de integridad institucional, la medida no impactará favorablemente en la consolidación del Estado de Derecho.
Es por eso por lo que hago un llamado, para que se amplíe el marco de la reforma, a la propuesta para una real independencia, no solo del Ministerio Público, si no de la Justicia, en sentido general.
La independencia del Ministerio Público es un esfuerzo inútil, si no se le otorgan las mismas herramientas al sector en toda su integridad.
Para una mejor comprensión, enunciamos las funciones básicas del Ministerio Público que son: “la de dirigir la investigación y formular las acusaciones por ante los tribunales”. Esas acciones permiten el desempeño de tan solo parte de rol del sistema de justicia, de manera que consolidar las potestades de uno solo de los órganos del sistema, aun cuando es un aporte positivo, no impactará en el funcionamiento de este.
Lo que, si desplaza a un país hacia un estadio de desarrollo, es la concreción de un Estado de Derecho y para esto se requiere el fortalecimiento de la Justicia como valor supremo. Esa fortaleza incide positivamente sobre el comportamiento de todos los asociados, a quiénes se les garantiza el disfrute pleno de los derechos fundamentales.
Expuesto lo anterior, procede que se haga una breve parada para hacer algunas puntualizaciones referentes a la Justicia, su estructura y funcionamiento.
La generalidad de los ciudadanos muestra una gran confusión sobre lo que es la Justicia y quién o quiénes son los responsables de su funcionamiento.
Cuando alguien hace referencia a la Justicia, piensa en los jueces, y es común incluso, que se les atribuya la responsabilidad por el funcionamiento del sistema de justicia; ¡cuán alejada de la verdad, es esa aseveración!
Es preciso empezar diciendo que el Poder Judicial no es el único responsable del sistema de justicia, sino uno de los órganos que lo integran.
Incluso en la estructura del sistema de justicia penal está ubicado en un tercer escalón, ya que el primero lo ocupa la Policía, que es el órgano responsable de perseguir e investigar las infracciones penales, bajo la dirección legal de la autoridad competente, (que no es lo mismo que asumirla, numeral 3 del Artículo 255 de la Constitución de la República); luego está el Ministerio Público que en la etapa de investigación, funge como director legal, ( Artículo 169 de la Constitución de la República), y finalmente el Poder Judicial, para los requerimientos que les hagan, tanto el Ministerio Público, como las demás partes del proceso, ( Artículo 149 de la Constitución de la República.
El correcto funcionamiento de la Justicia ha sido una eterna preocupación para la mayoría de los sectores de la sociedad.
Durante años, se han estado implementando fórmulas en procura de obtener resultados que puedan variar la malhadada realidad, pese a eso, la Justicia sigue siendo una utopía para la mayoría de los dominicanos.
Una de las principales debilidades que he podido detectar consiste en que no se ha presentado un análisis sobre la Justicia, que establezca su estructura integral, para luego segmentar las debilidades de cada eje y hacer los correctivos atinentes para cada caso en particular.
Sin esta segmentación, no es posible realizar el diagnóstico que se conecte con las deficiencias reales de la Justicia.
En atención a este planteamiento, procedo a tratar de descomponer la estructura de la Justicia en toda su extensión, para luego hacer las propuestas que, de manera particular, corresponde a cada una de ella, para combatir cada debilidad operativa.
La Justicia
Empecemos por indicar que la Justicia es un concepto fundamental en la estructuración de la sociedad; como valor, constituye la más firme concreción en la manifestación de la ética en la conducta humana.
La base de la Justicia debe ser el bien común, entendido como el concepto filosófico, social y ético que busca promover el bienestar general, sobre los intereses individuales y grupales.
Por eso, el concepto de Justicia como valor, debe estar conectado con distintos escenarios que propicien la satisfacción de las personas mediante la concreción de las modalidades de la Justicia siguiente:
- Justicia Distributiva: Se refiere a la distribución equitativa de los bienes y recursos en la sociedad, garantizando que cada persona reciba lo que necesita o merece.
- Justicia Retributiva: Está enfocada en el castigo justo para quienes cometen delitos o infracciones, equilibrando el daño causado por el infractor.
- Justicia Restaurativa: Busca reparar el daño causado a las víctimas y restaurar las relaciones entre las partes afectadas, más allá de solo imponer un castigo.
- Justicia Social: Se centra en corregir las desigualdades estructurales en la sociedad, promoviendo la equidad en áreas como la economía, la educación y el acceso a oportunidades.
La clase gobernante es la que tiene el deber de procurar el permanente equilibrio de los derechos y de las responsabilidades de las personas, que sean cónsonos con la constante evolución del concepto multidimensional de la Justicia.
Con John Rawls aprendemos que la Justicia como valor reafirma la trascendencia de dar a cada uno lo que le corresponde, debido al fortalecimiento del espíritu, que se produce en las personas cuando perciben ser tratadas con justicia y equidad, lo cual moldea su conducta frente a los demás, lo que a su vez impacta positivamente en la armonía y la convivencia social.
Una persona que vive de acuerdo con el valor de la Justicia actúa guiada por un sentido profundo de equidad y rectitud, buscando, no solo su propio beneficio, sino el bienestar de los demás y de la sociedad en su conjunto.
Si el ser humano en su individualidad no percibe su valor, abandona el camino de la esperanza y se sume en la tristeza y la melancolía, que son los alimentos del caos y de la barbarie.
La desvalorización del ser humano es la causa principal del individualismo extremo que afecta a la sociedad de hoy, lo cual aumenta exponencialmente la conflictividad social.
Valorizando a las personas, se fomenta elevar su autoestima, y se propicia la apertura de un comportamiento conectado con los mejores valores éticos del ser humano.
Las personas que son tratadas con justicia sienten una motivación positiva para desarrollar cualidades como la honestidad, la empatía, el respeto, la responsabilidad y la solidaridad, todo lo cual va a redundar en la construcción de un mundo mejor para todos.
Por argumento en contrario, sin Justicia, se desvanecen las oportunidades para desarrollar un entorno en el que las normas que promueven los derechos de las personas sean respetadas.
El autor es miembro del Consejo del Poder Judicial