El pasado lunes 7 de octubre el gobierno del presidente Luis Abinader presentó su propuesta de reforma fiscal. A pesar de que la propuesta presentada tiene notorias oportunidades de mejora, es mucho más que los parches tributarios que se han puesto en los últimos 30 años. Más que entrar en detalle sobre esta propuesta versus las anteriores, en esta entrega quiero dedicar unas líneas a las razones de la reforma fiscal.
Durante los últimos años los gobiernos dominicanos han operado en déficit, es decir, han recaudado menos de lo que han gastado. En República Dominicana la presión tributaria (la relación entre ingresos tributarios y el producto interno bruto de una economía) ronda el 15%, mientras que el gasto público ronda el 19%. Ello significa que, de entrada, hay una diferencia negativa que ronda 4%. Ese déficit no se produce por una coyuntura determinada, sino porque el sistema fiscal de República Dominicana está diseñado de esa forma. En otras palabras, el problema es estructural. ¿Qué puede hacer el gobierno? El gobierno tiene la opción de tomar prestado, pero en República Dominicana la deuda pública alcanza el 60% del PIB y el pago de intereses de la deuda se asciende a casi el 4% del PIB, por lo que seguir tomando prestado deber ser siempre objeto de cautela. Ante esa realidad, el gobierno tiene -en principio- dos alternativas: recauda más o gasta menos. Una de dos. Veamos.
El presidente Abinader ha dicho que quiere mejorar el sistema de salud, la seguridad ciudadana, los sueldos del sector público, los salarios mínimos, entre otros. Además, el artículo 36 de la Ley que traza la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), promovida y promulgada en 2012 por el entonces presidente Fernández, al referirse a la ‘reforma fiscal’ consigna “la necesidad de que las fuerzas políticas, económicas y sociales arriben a un pacto fiscal orientado a financiar el desarrollo sostenible y garantizar, la sostenibilidad fiscal a largo plazo, mediante el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral […]”.
La Ley 1-12 ordenaba a que en un plazo no mayor a 3 años se iniciara un proceso para reducir la evasión, elevar la calidad del gasto público y la equidad de la estructura tributaria, consolidar los regímenes de incentivo, racionalizar los esquemas tarifarios de servicios públicos, cumplir obligaciones fiscales derivadas de acuerdos comerciales, elevar el ahorro corriente, implementar políticas contracíclicas y elevar la presión tributaria. No podemos decir que no se ha hecho nada de lo anterior, pero nada se ha hecho en el marco de la socialización del pacto fiscal.
Visto lo anterior, por un lado tenemos un mandato de una ley del año 2012 que ordena una reforma fiscal con miras a elevar la presión tributaria y, por otra parte, la intención de un presidente de contar con más recursos para gastar. Así las cosas, el camino de recaudar más es la vía que han decidido (i) el entonces presidente Fernández, (ii) el presidente Abinader y (iii) los entonces legisladores que aprobaron la Ley 1-12. Recaudar más se logra mediante una reestructuración fiscal.
La última gran reforma tributaria data de 1992 (Balaguer). En términos de ampliación de base tributaria o incremento de tasas, a la reforma de 1992 se sumaron la ley 147-00 (Mejía), la 12-01 (Mejía), la 288-04 (Fernández), la 557-05 (Fernández), la 495-06 (Fernández), la 139-11 (Fernández) y Ley 253-12 (Medina). De estas últimas, ninguna fue dada en el marco de un esfuerzo que supusiera revisar los esquemas de exenciones fiscales (incluyendo las -por muchos mal percibidas- exoneraciones vehiculares de los legisladores), algún nivel -mínimo- de ajuste en el gasto, eliminación de instituciones, promulgación de ley de responsabilidad fiscal, un plan para el sector eléctrico, entre otras. La propuesta presentada por el gobierno del presidente Abinader tiene sus oportunidades de mejora, como todo. En mi opinión, haciéndome eco de los clamores de mis amigos Francis Caamaño y José Cuello, como componente humano para nuestra sacrificada clase media, me gustaría (i) conservar el actual esquema del impuesto a la propiedad inmobiliaria (manteniendo el monto exento -en lugar de reducirlo- a pesar de que se haga la revaloración), (ii) mantener el reembolso por gasto educativo y (iii) racionalizar (no eliminar) la exención de los 200 dólares a compras por Internet. A pesar de lo anterior, de todo lo que se ha presentado en los últimos 30 años, la propuesta del presidente Abinader es lo más cerca al pacto fiscal que ordena la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo promovida por el presidente Fernández.