El ministro de la presidencia Joel Santos, considera que la Ley de Seguridad Social ha cumplido su función, pero exigió mejorarla para que sea más inclusiva para todos y para que los trabajadores reciban servicios de salud de mayor calidad y a un costo más reducido.

Pero, el hecho concreto de que el 72% del gasto en salud del SENASA sea consumido en las clínicas y centros de diagnósticos privados, no deja lugar a dudas de que, incluso las familias más pobres y vulnerables, prefieren acudir a una clínica privada pagando copagos, antes que depender de un servicio público de bajo costo, pero deficiente y discontinuo.

¿Cuáles factores determinan esa marcada preferencia por la atención privada? Desde hace décadas les he formulado esa pregunta a mis apreciados amigos médicos y enfermeras, y a pesar de los años transcurridos, sigo recibiendo las mismas respuestas. Para abonar el planteamiento del amigo Joel Santos, de elevar la calidad y reducir los costos, voy a sintetizar las respuestas recibidas en privado por protagonistas del sistema público.

Por ejemplo, cuando una embarazada llega al hospital con dolores de parto es atendida por uno de los médicos de turno. Con una alta frecuencia, se trata de un médico pasante, ya que los titulares o no acudieron ese día o ya se retiraron. Según mis informantes, la probabilidad de ser atendida por un médico especialista es una en seis, porque la mayoría de los partos se presentan en horas “fuera de la jornada”. Y en esos casos, el riesgo de mortalidad se multiplica.

Pero asumiendo que esa afiliada sea atendida por un ginecólogo de experiencia, los resultados mejorarán, pero no lo suficiente. En general, recibe un trato impersonal, ya que ese médico no necesita establecer una relación afectiva ni permanente, porque recibe un salario fijo cuyo monto es independiente de la cantidad, del trato y de la dedicación.

En cambio, ese mismo especialista, pero ahora en función privada siempre estará presente en el parto porque constituye su única fuente de ingreso, y si dejara de atenderla, sería una pérdida lamentable. Además, tratará de dejarla satisfecha para asegurarse de contar con ella como paciente permanente.

El complemento de esta realidad es el tratamiento del hospital público versus el de la clínica privada.  Para el primero, la atención adecuada y oportuna a esa paciente y a todas las demás, no constituye una necesidad esencial, ya que el presupuesto del hospital está predeterminando, sin tomar en cuenta la cantidad y calidad de la atención a la gente.

En cambio, para la clínica privada, la atención adecuada y oportuna de todos los pacientes constituye su razón de ser, ya que sus ingresos, rentabilidad y sostenibilidad dependen de la cantidad de pacientes recibidos, atendidos y satisfechos, por lo que, en un ambiente competitivo, está obligada a prestar el mejor servicio posible.  Además, en estas diferencias inciden otros factores que serán tratados la próxima semana.

Coincido con esos médicos amigos en que la raíz de esa doble actitud, bastante asimétrica, reside en la forma de contratación y pago de los recursos humanos, ya que en la mayoría de los casos, se trata de los mismos especialistas. Lo que cambia son los escenarios laborales, muy distintos en cuanto al estímulo a la dedicación, al trato de los pacientes y familiares y al desempeño. No se trata de un problema personal, ni profesional, sino contractual.

La población no juega con su salud. Cuando una madre acude con una hija enferma, lo único que realmente le importa es recibir una atención oportuna y de calidad. La lucha por la sobrevivencia la obliga a excluir cualquier prejuicio. Por eso, cuando lo público no le resuelve, prefiere lo privado a pesar de un gasto de bolsillo mayor.