Escribo este artículo con el sabor amargo que da la impotencia y la tristeza.
La violencia contra las mujeres continúa en la República Dominicana. La Oficina Nacional de Estadísticas ofrece el dato de la tasa de feminicidios para el período entre año 2017 y año 2021.
El 1ro de abril se reportó en medios locales que en Cotuí murieron de forma violenta Geraldine Altagracia Jiménez Carrión, de 28 años, y su pareja Rubén Mena Agramonte, de 41. La Policía informó que el homicida es un hombre solo conocido como ‘Argelis’, quien era expareja de Geraldine.
Con más difusión en los medios nacionales, el 8 de abril amanecimos con la noticia de que Chantal Jiménez “influencer” murió de manera violenta, aparentemente a manos de su antigua pareja, de nombre Jensy Graciano, quien se suicidó.
El 12 de febrero se tiñó de sangre literalmente pues la menor de 16 años, Esmeralda Richiez murió desangrada en la Provincia La Altagracia, según indica el informe forense, a causa de una relación sexual violenta. El acusado era su profesor de matemáticas, de nombre Jhon Kelly Martínez, de 35 años.
Lo que el porcentaje y la tasa que publica la ONE no dice, el registro de la Procuraduría General de la República de las muertes violentas, marcando los casos que se tipifican o pudieran tipificarse como “feminicidios” es elocuente: entre enero del 2017 y diciembre del 2022, CUATROCIENTAS VEINTICINCO (425) mujeres murieron a causa de feminicidios perpetrados en su contra.
CUATROCIENTAS VEINTICICO MUJERES.
No falta un marco legal protector. La República Dominicana consagra en la Constitución Dominicana en el Art.42.2 condena la violencia intrafamiliar y de género. Se han suscrito numerosas convenciones internacionales, la Ley 24-97 que introduce modificaciones al Código Penal, criminaliza el feminicidio y otras formas de violencia contra la mujer, dentro o fuera del seno familiar.
A pesar de ello las cifras son terribles.
El portal de la Procuraduría General de la República, unidad de violencia de género del Ministerio Público registró en el año 2022, 76,604 denuncias por violaciones al Art. 309.1 (violencia de género física, verbal y psicológica) y al Art. 309.2 (violencia intrafamiliar física, verbal y psicológica y patrimonial) del Código Penal. Las órdenes de protección emitidas fueron 29,103. En el mismo período las denuncias por delitos sexuales, agresión, acoso y violación sexual, así como seducción de menores, incesto y exhibicionismo, contra mujeres fueron 6,812.
Dicho informe segrega la información de ciertas localidades indicando la cantidad de denuncias por violencia de género e intrafamiliar. A continuación, en forma gráfica las localidades con más de mil denuncias.
El informe no presenta estadísticas para el Distrito Nacional, ni para Santo Domingo Norte.
Según el portal del Observatorio Justicia y Género del Poder Judicial en el año 2020, 3,379 casos pasaron a fase de instrucción. En el año 2012 no se dictó ninguna sentencia condenatoria por violencia de género, y que por violencia intrafamiliar contra la mujer se dictaron 176 sentencias. No hay estadísticas actualizadas respecto de la cantidad de sentencias dictadas en esta materia en el portal del Poder Judicial, ni de los procesos que pasaron a fase de instrucción.
En cuanto a la protección brindada en casas de acogida, el portal del Ministerio de la Mujer registra lo siguiente:
Aún con las limitadas estadísticas de las autoridades competentes, se observa una enorme disparidad entre la cantidad de denuncias recibidas, las protecciones brindadas, y los procesos instruidos y fallados mediante sentencias. Es notorio que la acción del Estado para la protección efectiva de las mujeres y sus hijos, es insuficiente o inexistente, y ello está costando tantas vidas de mujeres.
El panorama luce sombrío, sin políticas públicas claras para la prevención de la violencia contra la mujer. Las estadísticas antes descritas revelan falta de compromiso de las autoridades con la causa de prevención de la violencia; se requiere la asignación de un presupuesto que respalde una política efectiva cuyo objetivo sea preservar la vida de las mujeres en peligro, y políticas públicas claras y coordinadas.
En este mar de violencia destaca la existencia de organizaciones sin fines de lucro como Fundación Vida Sin Violencia, MUDE, Tu Mujer Inc., que con limitados recursos realizan una labor, principalmente educando para la prevención. Una vez más lo privado viene a suplir la ausencia de lo público en nuestro país.
¿Cuántas mujeres tendrán que morir antes de que las autoridades impongan una política efectiva de prevención de la violencia contra la mujer? Este país tiene que hacer algo, por Esmeralda, Geraldine, Chantal y por tantas otras víctimas de una violencia brutal.