Al iniciar este año 2023, parece una realidad que en la sociedad dominicana se mantendrán unas políticas sobre drogas que no han sido capaces de reducir ni la oferta ni la demanda de drogas, pero que inexplicablemente se mantienen.
Políticas que envían a prisión a las personas usuarias de comunidades empobrecidas, por el hecho de serlo, y que por supuesto no han sido capaces de desarrollar estrategias de prevención y tratamiento de impacto significativo. Son políticas que declaran “cero tolerancias” a las drogas, pero en la realidad solo se privilegian las medidas represivas que devienen en prohibiciones selectivas, pues están sustentadas en estereotipos y discriminaciones.
Los esfuerzos policiales y judiciales, sin embargo, no hacen mella en la red de distribución, o “puntos de drogas” como se les conoce, aunque las cifras de incautaciones y sometimientos se promueven como logros importantes. Estas redes, que están en toda la sociedad, aunque solo son noticias los puntos de drogas de comunidades empobrecidas, se han evidenciado muchas veces vinculadas a autoridades corrompidas que forman parte de las mismas, o cobran peajes para permitir y proteger su funcionamiento. Esta es la realidad de una guerra contra las personas más vulnerables, aunque se diga que es una “guerra contra las drogas”. Es sorprendente que los sucesivos gobiernos, conservadores o liberales, que han asumido la administración del Estado dominicano se sumen acríticamente a un modelo anacrónico fracasado, sin evaluar sus resultados, y mucho menos los daños que están ocasionando.
A casi 35 años de la promulgación de la legislación sobre drogas (ley 50-88), las políticas sobre drogas en nuestro país se asemejan a un barco a la deriva. Es lamentable que en el Estado dominicano en materia de drogas, se sigan aplicando las mismas políticas centradas en las sustancias, que han evidenciado fehacientemente su fracaso. Es cuestionable que se siga privilegiando la persecución y judicialización, cuando no la extorsión de los usuarios por parte de autoridades corrompidas, particular y selectivamente de comunidades empobrecidas. Mientras tanto las estrategias de prevención, tratamiento, investigación, formación de profesionales, reducción de riesgos y daños, reciben mínima atención. Masificar estas estrategias de reducción de demandas son las que han mostrado ser exitosas en sociedades que han abandonado las fracasadas estrategias que en nuestro país siguen vigentes.
Este es el contexto adverso en que trabajan las organizaciones de la sociedad civil que prestan atención a las personas y familias que sufren las adiciones. Al iniciar este año 2023, estas asociaciones están prácticamente abandonadas a su suerte. Durante todo el año 2022, y en el transcurso de la pandemia de la COVID -19, estas organizaciones, en especial las que asumen la atención residencial, han clamado por el apoyo de las autoridades. El pasado año fueron muchas las acciones de sensibilización desarrolladas. Se solicitaron y realizaron reuniones, empezando por la máxima autoridad de la nación, con casi todas las personas investidas de autoridad directamente vinculadas al tema de las drogas. Todas fueron reuniones de acogidas cordiales, recibiéndose en casi todas promesas de apoyo, promesas que nunca se materializaron.
Las precariedades de la mayoría de estas organizaciones sin fines de lucro se han agravado como consecuencia de la pandemia, que ha disminuido significativamente el apoyo de la sociedad, pero fundamentalmente por la desidia gubernamental. Una expresión de esta falta de interés son las promesas incumplidas y la suspensión en la distribución de los recursos provenientes de los decomisos e incautaciones de la ley 155- 17, desde agosto del año 2020. Las autoridades en Procuradora General de la República arguyen que no hay disponibilidad, algo difícil de entender cuando se anuncian con frecuencias los llamados “duros golpes al narcotráfico”. También porque el promedio de distribución en pasadas administraciones en el periodo 2007 – 2020, fue de 3 entregas por año.
Desde Casa Abierta urgimos a las actuales autoridades a cumplir las promesas de apoyo a las organizaciones sin fines de lucros que trabajan día a día al lado de las personas y familias que sufren las adicciones. A dejar las explicaciones poco creíbles respecto a disponibilidad de los recursos de la ley 155- 17, y proceder a la urgente distribución de los mismos. Y lo más importante, si en realidad se quiere dar una dirección efectiva a las políticas sobre drogas en nuestro país, a cumplir sus promesas de promover “un amplio diálogo nacional para fijar posición sobre el cuestionamiento de las premisas subyacentes del paradigma actual de políticas de fiscalización internacional y la necesidad de enfoques alternativos”.