“(…) una conclusión inexorable:
Que los problemas penales no pueden seguir manejados por el empirismo y la oratoria; y que en la pesquisa del delito, en las acusaciones y defensas y en los fallos de los tribunales, se precisa más ciencia y mejor técnica.” Luis Jiménez de Asúa en Crónica del Crimen (1929)
Cuando un personaje de la cultura popular dominicana -como ya lo es la Mag. Yeni Berenice Reynoso- comete un error, un desliz o pone un huevo en un pronunciamiento público, regularmente elige una de tres alternativas: 1) reconocerlo y de inmediato retractarse vía redes sociales -con un tweet con difusión creativa en Instagram, o viceversa, y la ayuda amplificadora de selectivas bocinas humanas-; 2) insistir en su postura, reafirmando su idea original, y qué mas da -si no hay tal cosa como mala publicidad-; o, 3) hacerse el loco, y sin más, desentenderse del tollo, aún cuando las críticas le acribillen -contando con el incentivo para esta opción que significa la frágil memoria de este pueblo- [y en el caso extremo de que la presión social force a renunciar de la opción del silencio, proceder tipo María Ramos, pero sin siquiera una gatica a quien meter al medio, otra forma de evadir la cuestión sin darle la espalda].
Es la tercera alternativa la que me parece ha elegido inteligentemente la Mag. Reynoso; inteligente no porque no lleve razón en su pronunciamiento, sino porque materialmente la tiene, y aún así -paradójicamente-, no pudo resultar en la forma una declaración más desafortunada, pues una incorrección política y estratégica por la coyuntura en que se produce, al tratarse de un desahogo emocional inútil e imprudente, pues solo a propósito del resultado judicial desfavorable frente a sus pretensiones en un caso particular, es decir, frente a tres jueces que participaron en ese caso y que para sorpresa de todos tienen quien los defienda [aunque puede que también en parte empujada por una frustración acumulada en sus largos años de persecutora del crimen]. Me explico…
Este fue el tweet de la Procuradora Reynoso -por si alguno de mis lectores que no la sigue no leyó el Última Hora-: “En la RD la jurisprudencia de la corrupción es vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente, errónea… Es increíble como mayoría de los tribunales varían sus criterios exclusivamente para favorecer corruptos y casos de crimen organizado.”
Resulta evidente que la denuncia tuiteada no se dirige exclusivamente contra los jueces de nuestra Suprema Corte de Justicia -como no debió hacerlo, aún cuando a través de sus decisiones sean estos los encargados de “establecer y mantener la unidad de la jurisprudencia nacional” (Art. 2, L. 3726)-, sino contra la mayoría de los jueces penales dominicanos, lo que me parece acertado, aceptando con el honorable Perfecto Andrés Ibáñez que:
“la jurisprudencia, en contra de lo que tópicamente suele creerse, es y no puede dejar de ser un resultado coral, en cuya producción intervienen muchas voces, que, cualquiera que sea su lugar en la geografía orgánica, interactúan y se relacionan dialécticamente, de forma que la obra final es necesariamente y objetivamente cooperativa (…) De un lado, porque es en la primera instancia donde suelen fijarse las situaciones justiciables, predeterminando en gran medida el tratamiento jurídico final del caso. Y, de otro, porque a tenor de los criterios de selección imperantes, tampoco podría siquiera sostenerse que el mayor y mejor nivel de conocimientos esté, por sistema, en la cúspide de la porámide escalafonal.” (Ver Quaestio facti, Vol. 1, 2020. Págs. 83-84)
Por lo anterior, la reacción con pretensión de corrección de algunos honorables magistrados -ofendidos, solidarios con sus pares o en defensa de la función jurisdiccional a su cargo- no se hizo esperar y estuvo justificada, teniendo la principal voz cantante la asociación Jueces Dominicanos para la Democracia (JUDEMO), al publicar una declaración en respuesta a la Procuradora por lo que consideraron un comportamiento que “resquebraja la institucionalidad e independencia del Poder Judicial”, y “que además de enlodar la imagen de éste, genera una injustificada intranquilidad en la población dominicana y retoma prácticas del populismo penal que se encontraban casi superadas.”
Ahora bien, si el mensaje de la distinguida procuradora fuese haber expuesto en perspectiva histórica nuestra pobre jurisprudencia en materia de casos de corrupción -digamos que al tiempo de honrar su calidad de jurista y académica-, no habría nada de censurable en su tweet, salvo quizás la posibilidad de tenerlo como una reacción tardía frente a semejante estado de cosas notorio desde hace más de medio siglo, y que en gran medida desinfla los méritos de su trayectoria en la lucha contra la criminalidad de los gobernantes dominicanos [pero nada que de cara a su popularidad la asesoría mediática no pueda superar en nuestros días, como en efecto ha venido haciendo con ella en los últimos años convirtiéndola en una destacada influencer criolla, calidad en la que ha conseguido el éxito que -considero- aún no logra como miembro del Ministerio Público].
Pero ese no fue el mensaje ni tampoco su intención con el rimbombante tweet, pues una manifestación en innegable reacción a la sentencia dictada por los jueces que conforman el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en el denominado caso OMSA, condenando a dos de los acusados, y descargando entre otros al exfuncionario a quién se imputó principalmente la autoría intelectual del asesinato del abogado Yúnior Ramírez. Es por esto que JUDEMO refiere por sus nombres y apellidos los jueces que integran dicho tribunal, como principales víctimas de la magistrada Yeni con “una acusación que descredita, daña y menoscaba el trabajo honrosamente desplegado”.
Siendo así, me parece valiosa la defensa de JUDEMO a sus miembros -y especialmente a esos jueces en el ojo del huracán Yeni-, y por eso los apoyo, pero no al punto de negar o desatender interesadamente -como he visto hacer a más de un jurista asumiendo postura a conveniencia en este chisme entre operadores jurídicos- lo que solo inintencionalmente, o bien, de forma accesoria a su target –algo así como un obiter dicta-, expresó la conocida Procuradora: nuestra jurisprudencia en materia de delitos contra la cosa pública es pobrísima, y su estudio solo permite evidenciar la victoria de la impunidad en la historia de la lucha contra la corrupción en sede judicial; o me pregunto: ¿es posible refutar racionalmente esa afirmación aún en los términos tan sensacionalistas, por no decir populistas, de la magistrada Reynoso? No.
JUDEMO -que no existía hace 20 años cuando Participación Ciudadana publicó el informe “20 años de impunidad en Rep. Dom.”- fue fundada en abril de 2011, para cuando la situación de la jurisprudencia penal en materia de corrupción no había ofrecido ninguna evolución positiva en relación a su estadio al llegar el nuevo milenio, y si hoy podemos decir lo mismo -pues de su historia o evolución posterior en los últimos diez 10 no se advierte algún giro que signifique un antes y después-, entonces es posible que la denuncia de Reynoso sea -después de todo- un axioma.
Por lo tanto, lo censurable en el tweet no está en la estructura interna del argumento, o en alguna incorrección material, sino en la injusta acusación que implicó dada su causa real, oportunidad y vía respecto de la labor de los referidos jueces del Segundo Tribunal Colegiado, dejando caer sobre ellos lo que ciertamente corresponde históricamente a la “mayoría de los Tribunales”.
Aunque absolutamente inocentes no son muchos de nuestros jueces y tribunales -sobre todo aquellos que aún siendo académicos y juristas publicistas en materia penal y criminológica han sido siempre acríticos de esa jurisprudencia y del estado de cosas que ensombrecen la justicia dominicana-, resulta demasiado “María Ramos” y no menos un despropósito que se reduce solo al ridículo, pretender desde la cúspide del Ministerio Público una desvinculación total respecto de ese estado de cosas que causan tan vergonzosa, indignante, parcial, ilógica, contradictoria, servil, deficiente y errónea doctrina jurisprudencial.
Desde que somos República y contamos con un Poder Judicial, en todos los grados han habido jueces buenos y capacitados, entremezclados con otros corruptos, pues no independientes, incapaces y serviles a intereses ilegítimos, cosa que difícilmente alguien pueda intentar refutar con éxito. Si algo ha cambiado de tiempo en tiempo ha sido la proporción de unos y otros en el conjunto todos, y quizás el nivel de temeridad y descaro criminal de los magistrados podridos, pues en definitiva, de reforma en reforma se han sumado con éxito relativo filtros y controles institucionales que hoy permiten apreciar un progreso significativo en relación a otros estadios de la justicia penal dominicana.
Leyendo entre líneas su respuesta a la magistrada Reynoso, JUDEMO advierte que en un sistema acusatorio como el que implementamos integralmente a partir del año 2004, no son los jueces los que investigan ni hacen disparates extraprocesales que luego entorpecen el curso de los expedientes, o acarrean insuperablemente la extinción de la acción penal; ni son los jueces los que regularmente vulneran los derechos fundamentales asociados a la dignidad, la presunción de inocencia, la tutela judicial efectiva y la defensa, como presupuestos que ordinariamente justifican la nulidad de las actuaciones del MP, conforme al artículo 95 del CPP. De hecho, y esto no lo dice JUDEMO, pero es también un hecho histórico notorio al menos entre los que participamos diariamente de nuestro sistema judicial, si son los jueces quienes siempre salvan el pellejo al MP no aplicando sin mirar a quién esa disposición legal, como tampoco el régimen de garantías a favor de los procesados que en buen derecho impediría el éxito de la mayoría de los abusos fiscales, estos cada día más normalizados y asimilados con progresiva indiferencia en la comunidad de operadores jurídicos dominicanos.
De lo anterior nos sobran muestras en los anales judiciales, dentro de las cuales sigo prefiriendo el que considero el ejemplo ilustrativo por antonomasia como retrato de la corrupción política interviniendo el sistema judicial, entrando por las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR): caso Odebrecht. En buen Derecho, atendiendo a su acervo probatorio y a las violaciones de plazos, derechos y deberes a cargo del MP, este expediente que presentó y aún defiende la PGR nunca debió cruzar el lodazal de su etapa preliminar; con otras palabras, por su deficiente investigación y la improbable e insostenible formulación de cargos realizada en la acusación, ese caso -en los términos en que se presentó- nunca debió hacerse con un juicio, ni con una condena, pero la benevolencia judicial -porque he proscrito de mi imaginación otras causas posibles- así lo quiso.
Entonces, ni con Yeni ni JUDEMO; aunque la afirmación de Yeni resulte impecable en cuanto a su veracidad incuestionable, se trató de un pronunciamiento exorbitante de los límites que a una funcionaria de su nivel y trascendencia social, imponen la prudencia y el buen juicio, particularmente por el contexto y el momento en que se produce, y claro está, el fin a que fue dirigido. Pero, nada que el ejercicio correcto del poder en manos de la magistrada Reynoso, sus pares y los miembros de JUDEMO no pueda hacer corregir, no en las redes, sino desde sus respectivos cargos en el sistema judicial dominicano, de ahí mi recomendación de no distraerse en debates inútiles y concentrarse en la posibilidad de hacer más por el Derecho y la Justicia en la República Dominicana, para lo cual basta que se esfuercen y sean (más) valientes.