Los sistemas de “capitalización individual”, se sustentan en la lógica de seguros. Los beneficios están vinculados a los aportes. Constituyen un sistema de ahorro obligatorio, a lo largo de la edad laboral, gestionado por AFPs cuya función es garantizar, mediante inversiones, el mejor rendimiento del saldo acumulado; el cual sustentará, a mediano y largo plazo, la pensión del ahorrante. Cada persona se pensiona a sí mismo, con sus ahorros y rendimientos.
El monto de la pensión es función de la disponibilidad en el fondo personal de “capitalización”; y el rendimiento de este, depende del rendimiento del conjunto del fondo en cada AFP. Opera como una especie de fondo de inversión, aunque con más regulaciones. Por tanto, el monto de las pensiones no puede ser predefinido, ni puede vincularse a las necesidades. Si se acumuló más, su pensión será mejor, de lo contrario, será menor. Típicamente, las pensiones se asumen como reemplazo parcial del ingreso salarial. No tienen un propósito de redistribución o justicia social.
Este tipo de diseño nació en el contexto de las reformas neoliberales, a raíz del llamado “Consenso de Washington” y la propuesta del “Nuevo Orden Mundial”, alrededor de 1991, teñido de los extremismos de mercado y pretensión de pensamiento único que caracterizaron este marco ideológico. La primera experiencia fue la reforma del sistema de pensiones en Chile, bajo el régimen dictatorial del General Pinochet alrededor de 1981.
Los ahorros del conjunto de afiliados, siempre que haya estabilidad en la economía del país, al ser de largo plazo, llegan a constituir una importante masa de dinero (actualmente alrededor de RD$ 800,000 millones) que, al ser invertido por cada AFP, influye en el sistema financiero y las principales variables del modelo de desarrollo. Simultáneamente, los agentes de intermediación, suelen obtener importantes beneficios.
El sistema de pensiones del Sistema Dominicano de Seguridad Social, incluye tres seguros: El Seguro de Vejez, el de Sobrevivencia y el de Discapacidad. El primero de ellos está diseñado como un típico sistema de capitalización individual.
Las principales fortalezas que han sido destacadas, son su “garantía de sostenibilidad” y el incremento del saldo por las inversiones. Al ser de carácter individual, el riesgo demográfico por la tendencia al envejecimiento de la población, resulta menor que en los sistemas de reparto. La disponibilidad y rendimiento del fondo individual es visible y transparente y el crecimiento de los fondos se debe principalmente al rendimiento de inversiones (el 71% en 2021). Otras virtudes fuertemente pregonadas, como “externalidades” del modelo, son el incremento del ahorro nacional y su impacto en la estabilidad de sistema financiero, el mercado de valores y la estabilidad macroeconómica en general.
La experiencia ha permitido evidenciar algunas de las limitaciones. La más dramática: en todas las experiencias, el monto de las pensiones con respecto a los salarios de los ahorrantes, ha resultado o es proyectada mucho menor que lo esperado (“tasa de retorno”). En el país, inferior al 30% del salario cotizado. Esto presiona para elevar los aportes de los afiliados y retrasar la edad de retiro, lo que genera resistencias y conflictos sociales.
Varios procesos inciden en estos resultados; varios de índole estructural: La inestabilidad en el mercado laboral y las cotizaciones. Los bajos salarios. Las maniobras de evasión y elusión por los empleadores. Los costos de la intermediación financiera. La inflación acumulada. La tendencia a incrementarse la Esperanza de Vida de los pensionados, al incrementar el tiempo de la pensión y, reduce el monto mensual del beneficio.
En mercados pequeños, las oportunidades de diversificar las inversiones, son limitadas y su concentración conlleva riesgos. Paradójicamente el Gobierno Central logra captar una importante proporción, mediante la emisión de bonos de rendimiento fijo, redimibles a mediano y largo plazo, y los destina a gastos corrientes o pago de deudas. Cuando se derivan hacia el mercado internacional, expatrian ahorro nacional en beneficio de otras economías. La vulnerabilidad ante los vaivenes de los mercados financieros puede ser elevada, como lo demostró la disminución de los beneficios en febrero 2022.
Este tipo de diseños se ha limitado a la población con empleos formales y estables. Cuando la mayoría de la población se vincula a la economía informal y los empleos adolecen de inestabilidad, la efectividad del sistema de pensiones, como política de protección social de derechos, resulta limitada.
Un aspecto poco destacado, es que puede constituir un pasivo actuarial financiero para el Estado. El artículo 53 de la Ley 87-01 establece que ninguna pensión podrá ser menor que el 100 % del salario mínimo legal más bajo; y su artículo 106 establece que el Estado es garante de la entrega de las pensiones definidas por dicho marco legal. Considerando la baja tasa de reemplazo, el riesgo para el estado de acumular un pasivo podría incrementarse con el tiempo.
Muchos países que adoptaron con entusiasmo este modelo, incluido Chile, han adoptado o están en proceso de formulación, importantes reformas. La tendencia predominante a nivel internacional parecería ser diseñar combinaciones de sistemas de reparto con sistema de capitalización individual. ¿Es posible tener lo mejor de ambos mundos? Sobre esto volveremos en próximos artículos.