Este sábado 15 de febrero, a las 9 de la mañana, pedernalenses marcharán con vestimenta negra desde el parque central hasta las oficinas de la Distribuidora de Electricidad del Sur (Edesur), en la avenida Libertad (salida del pueblo), para reclamar el cese de los apagones, la revisión de las facturas exorbitantes de 10, 20, 30 y 50 mil pesos a familias pobres, por la pérdida de productos que necesitan refrigeración, la quema de electrodomésticos y la quiebra de emprendimientos nacidos al calor de la promesa gubernamental del desarrollo turístico sostenible.
Es un reclamo justo que debería respaldar el municipio completo, sin importar banderías políticas ni intereses particulares, pues, el mal impacta a la comunidad toda.
Pedernales evidencia un hastío profundo a causa de un servicio de electricidad pésimo que empobrece y acorta la existencia por la acumulación de estrés, mientras las autoridades juegan a la distracción con cuentos chinos y chantajes expresados en insinuaciones de uso de la fuerza si los organizadores no desisten.
Ante la grave situación, resulta inaceptable que siquiera se piense en agredir a los manifestantes. Mejor animarles, porque la otra opción sería acumular descontento y un día explotar sin reversa.
Vivimos en un Estado, social y democrático de derecho consagrado en la Constitución. Se trata de “una forma de organización política que se caracteriza por la especial naturaleza de su misión: asegurar el respeto, la garantía y al realización integral de los derechos humanos”.
El artículo 48 de la Carta Magna consiga el derecho a reunión sin permiso previo. Se lee: “Toda persona tiene derecho a reunirse sin permiso previo, con fines lícitos y pacíficos, de conformidad con la ley”.
Y el artículo 1 de la Ley 5578 de 1961 establece que “cuando los particulares van a realizar actividades en un sitio público deben participar el propósito a las autoridades competentes, el día, la hora y el lugar, a fin de que los funcionarios provean los efectivos necesarios para la protección de las personas y los bienes y la conservación del orden público”, nos ha recordado el conocido jurisconsulto y catedrático de Derecho, Eduardo Jorge Prats (Acento, 21-06-24).
Asume con otros teóricos que “no hay democracia sin protesta, sin posibilidad de disentir, de expresar las demandas. Sin protesta, la democracia no puede subsistir. Por eso la protesta pacífica no debe ser prohibida, penalizada ni hostigada institucionalmente”.
El artículo 49 de la Ley de Leyes establece que “toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censura previa”.
Amnistía Internacional advierte que las personas tienen derecho a protestar pacíficamente, y los Estados tienen el deber de respetar, facilitar y proteger este derecho. Esto significa que no deben interferir en las protestas, a menos que exista una amenaza legítima para la seguridad y los derechos de otras personas.
Así que resulta oportuna y plausible la iniciativa del movimiento Pedernales despertó. El momento lo exige.
De acuerdo a la normativa legal, conocida la agenda de la actividad y en virtud del marco del Estado, social, democrático y de derecho, la gobernadora Edirda D Oleo, representante del Poder Ejecutivo, bajo la jurisdicción del Ministerio de Interior y Policía, debe instruir al comandante de la Policía en el municipio para que mande a sus agentes a acompañar la marcha de ciudadanos y ciudadanas que exigen respeto a sus derechos.
Como no cabe la censura previa, prohibirla no puede, y cualquier exabrupto policial caerá sobre sus hombros.
En cuanto a la jefatura de Edesur, la respuesta no debe ser otra retahíla de promesas.
Hay que detener la lluvia de facturas abusivas. Hay que revisar los reclamos sobre aumentos exagerados sin justificación y sincerizar los cobros conforme la realidad de las familias, la provincia y hasta del objetivo de turismo sostenible promovido por el Gobierno presidido por Luis Abinader (2024-2028) en un sitio donde cerca del 60% de la población sufre de problema multidimensional.
Y resolver de una vez y por todas las hileras de postes con su maraña de alambres viejos y lámparas que apenas alumbran; garantizar una distribución eficiente de la energía a todas las casas y negocios del municipio y de las lomas donde hombres y mujeres producen los alimentos.
Está bueno ya de canto de sirena. Resulta inaguantable la zozobra provocada por la irresponsabilidad de la Edesur, cuyos ejecutivos se olvidaron de Pedernales, tal vez por ser pueblo empobrecido, enajenado, lejano y electoralmente insignificante.
La deuda acumulada de buen servicio registrada por esa distribuidora es inconmensurable, pese a que, en Cabo Rojo, afanosos obreros levantan el complejo hotelero, el puerto recibe cruceros con miles de turistas desde el 4 de enero 2024 y, camino a Oviedo, la pista del aeropuerto internacional comienza a coger forma, como cimiento del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernles.
Las últimas generaciones de pedernalenses desconocían la desgracia de los apagones y los cobros irracionales del servicio, salvo que viajaran a la capital. Son graves los daños a restaurantes, hoteles, barras, barberías, salones de belleza, centros de uñas, familias. No hay vida.
Hace años que Edesur es un tollo. Lo mejor es que deje la sinrazón, reconozca sus costosas fallas, o sea, cuánto daño ha hecho al pueblo y cuánto le debe. No que le deben y hay que pagarle sí o sí.
La arrogancia lleva a ningún sitio, y menos si se está en falta.