La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha considerado esencial la participación social para alcanzar la meta de Cobertura Universal en Salud (CUS). El año pasado (2021) emitió un Manual (aun no traducido al español) orientador para los tomadores de decisiones, titulado: “La Participación: Instrumento central para la vocería, agencia y empoderamiento. Se espera que, en la Asamblea Mundial de la Salud del 2003 o 2004, se produzca una Resolución. Una vez confirmadas por los países miembros, las Resoluciones constituyen compromisos de estado. La OPS/OMS inició este mes (agosto, 2022) una consulta a los gobiernos de las Américas sobre este tema. Considerando que nuestro país tendrá la oportunidad de expresar sus puntos de vista, y que estamos en proceso de formular el nuevo Plan Decenal de Salud, es un buen momento para reflexionar sobre esta importante temática.
La OMS señala que “en la última década, los esfuerzos por avanzar hacia la CUS se han enfocado sobre el financiamiento y la entrega de servicios… un buen sistema de gobernanza es indispensable para cualquier reforma que se oriente a construir un sistema de salud en que la población se asuma como copropietaria, y las organizaciones de las comunidades y la sociedad civil en general, a nivel nacional, puedan contribuir, monitorear los avances y propugnar por superar las deficiencias y desviaciones en los planes acordados”. En el contexto de la pandemia de la COVID 19, señala, la deficiente respuesta de la mayoría de los sistemas de salud, ha evidenciado la débil capacidad de las autoridades para movilizar el interés y compromiso ciudadano con las acciones de prevención y control.
Asegurar que toda la población tenga acceso oportuno y efectivo a servicios de salud integrales y efectivos (promoción, prevención y atención de la salud), de acuerdo con sus problemas y necesidades, es un desafío multidimensional. Uno de estos cruciales desafíos es garantizar, sistemática e institucionalmente, la voz de la ciudadanía en los procesos de decisión, en el efectivo monitoreo del desempeño de las instituciones públicas y privadas, y como agente productor y reproductor de la salud y la calidad de la vida. Un diálogo robusto y productivo entre la sociedad y las autoridades requiere fortalecer las capacidades de vocería y empoderamiento de las organizaciones sociales, a todos los niveles y de forma permanente.
La participación social en salud, requiere superar la concepción que la limita a los espacios operativos locales de los servicios y/o a momentos circunstanciales, o simplemente a ser consultados en forma individual o colectiva. Apuesta a la constitución de la ciudadanía como actor clave en el desarrollo de las políticas, planes y de la gestión misma de los sistemas de salud.
La participación ciudadana es un componente esencial de la construcción y consolidación de la Democracia, de la gobernabilidad democrática, como forma de estado y estilo de gobierno y, por tanto, de la formulación y ejecución de las políticas públicas. La ciudadanía consciente de sus derechos y deberes, y empoderada para cumplir y hacer cumplir los mismos, organizada y dispuesta a ser copartícipe en la consolidación de una determinada forma de gobierno y modelo de desarrollo, es lo que se conocerse como Ciudadanía Activa.
Construir ciudadanía activa es una responsabilidad de los estados democráticos y de los liderazgos sociales. Fortalecer organizativamente a la sociedad, fortalecer y desarrollar sus liderazgos más representativos. Es inherente al arte de gobernar democráticamente. Da contenido y sentido, valor, a la vida en sociedad y a la consolidación de un estado democrático y de derechos.
En el campo de la salud se entrecruzan e interactúan diversos intereses. Los procesos de decisión sobre iniciativas consideradas relevantes y de interés público, pueden ser frustrados por interferencia de intereses particulares. Organizar la participación permanente de la ciudadanía; y garantizar la representatividad, de forma que las comunidades y los liderazgos sociales participen activamente, empoderados y comprometidos, favorece balancear los intereses particulares con el bienestar común, la consolidación de una gobernabilidad democrática, fortalecer y transparentar los procesos de decisión sobre políticas públicas, el monitoreo del desempeño institucional y la rendición de cuentas.
Con frecuencia se señala que la transición hacia un estado social y democrático de derechos tropieza con la férrea defensa de privilegios e intereses particulares que “capturan” los espacios y procesos de decisión, frustrando las posibilidades de alinear las estrategias y políticas por una mejor sociedad, más próspera y más equitativa. La participación social en las políticas públicas, entre ellas salud, educación y otras que se vinculan a derechos fundamentales, requiere disposición, recursos y esfuerzos sostenidos; pero resulta indispensable para llenar de valor el discurso democrático, para superar el clientelismo y el sentido patrimonial en la gestión pública, y para balancear los intereses particulares con el interés público.