La paridad en las altas cortes es necesaria. Por eso, nos toca pasar de la formalidad a la materialidad. De la norma a los hechos. El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) tiene una deuda pendiente con las mujeres en las instancias de administración de justicia y, muy inmediatamente, en la administración de la justicia constitucional.
Las mujeres somos acreedoras del cumplimiento del mandato dispuesto en el numeral 5 del artículo 39 de la Constitución instituido para lograr la igualdad real, encaminado hacia el objetivo de paridad, que impone al Estado el deber de garantizar la participacion de hombres y mujeres, no solo en las candidaturas a los cargos de elección popular para las instancias de dirección y decisión en el ámbito público, sino también en la administración de justicia -como la constitucional- y en los organismos de control del Estado -como el Tribunal Constitucional.
Desde el primer concurso público de selección de jueces y juezas para el Tribunal Constitucional en 2011, de 13 personas designadas por el CNM, solo 3 han sido mujeres. Esta cuota se ha mantenido inmutable desde entonces -al margen del indicado mandato constitucional-, como si se tratara de una sucesión trasladable desde una dominancia política hacia la otra, a pesar de que el CNM tuvo la posibilidad de romper con ese resabio en 2018 y en 2021.
En esta ocasión, cuando el CNM se avoca a sustituir a 5 jueces salientes, tiene una oportunidad única de hacerle justicia a las mujeres de la comunidad jurídica dominicana, garantizándoles también el derecho de acceso a la función pública como mecanismo de participación ciudadana, a través de la carrera constitucional. Y debe hacerlo respetando principios como el debido proceso y el de transparencia, aplicando un enfoque de género, tan necesarios para revestir de legitimidad este proceso de selección.
La justicia constitucional, para ser efectiva e incluyente, precisa tanto de hombres como de mujeres con perfiles que revelen independencia, formación académica y la capacidad de colocar a las personas -a todas las personas- en el centro de la toma de decisiones justas.
La justicia constitucional requiere tanto de mujeres como de hombres que garanticen el respeto a la dignidad de las personas y sus derechos humanos fundamentales colocando el derecho a la igualdad como estandarte, como núcleo, como elemento esencial, como pilar de un Estado Social y Democrático de Derecho. Esa es la justicia de un Tribunal Constitucional que hace camino continuo e ininterrumpido hacia el fortalecimiento de la democracia. Este camino es posible cuando el derecho se mira desde la experiencia de hombres y de mujeres, la cual es claramente diferenciable y evidentemente necesaria en el diseño de decisiones justas, cuando se mira desde una perspectiva de género.
Las mujeres constituimos -según la ONE- un poquito más de la mitad de la sociedad dominicana y necesitamos que todo lo que nos afecta se visibilice también en la administración de la justicia.
El CNM tiene otra de las tantas deudas del Estado dominicano con las mujeres. Se avecina su oportunidad de saldarla.