Estimaciones oficiales establecen el nivel de la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados (ITBIS) entorno al 57% de la recaudación potencial por ese concepto. En 2023, el monto recaudado por ese impuesto ascendió a RD$337 mil millones; esto significa que el monto potencial de la evasión habría rondado los RD$192 mil millones.
La propuesta de “reforma” que circula extraoficialmente desde el año 2021 procura recaudar unos RD$138 mil millones de pesos adicionales. Ese monto representa alrededor del 72% del ITBIS que se habría evadido sólo el año pasado.
Es un hecho que quien evade el ITBIS está “forzado” a evadir también, entre otros, el Impuesto sobre la Renta (ISR), o una parte de éste, para que las cuentas les “cuadren” de cara a la DGII. En todo caso, lo que se observa es que un solo impuesto, el ITBIS, tiene el potencial de aportar con holgura el monto-meta que procura el gobierno.
Sin entrar en ponderaciones sobre los ¿para qué?; y asumiendo como válido que esos recursos serían manejados pulcramente y destinados a mejorar las condiciones de vida de los más necesitados; así como a la ejecución de las inversiones necesarias para el desarrollo de infraestructuras y mejora de la calidad de los servicios públicos, coincido en que se necesitan más recursos. La cuestión es ¿cómo conseguirlos?
El país cuenta con las fuentes necesarias para obtener el monto-objetivo de recursos proyectados, y más. Sólo el ITBIS lo aportaría, sin tomar en cuenta que el monto evadido tendría que ser potencialmente mayor porque el cálculo no incluye otros elementos de impacto negativo, como son los casos de los riesgos de subvaluación de las importaciones gravadas con ese impuesto, el contrabando y la informalidad.
Incluso, si fuera que se disminuyera esa tasa en algunos productos, la experiencia demuestra que el que evade hoy el ITBIS al 18%, lo evadió antes al 16%, al 12%, al 8% y al 6%. Aunque es un factor, el nivel de las tasas no garantiza necesariamente el cumplimiento por parte de los contribuyentes. Es la fortaleza institucional la que establece la gran diferencia. Así, la capacidad tecnológica orientada a facilitar y asegurar la gestión institucional y el cumplimiento por parte de los contribuyentes; el manejo anticipado de los riesgos internos y externos; la aplicación ágil y transparente de los medios de disuasión, hacia lo interno y externo; el fortalecimiento del intercambio de información entre las entidades recaudadoras y la ejecución de fiscalizaciones conjuntas; y la lucha coordinada en contra de la informalidad, entre otros, son factores que actúan a favor del potencial recaudatorio y de la sana competencia entre los actores económicos.
Algunos países latinoamericanos no han hecho reformas fiscales en más de 6 años, y dicen no la harán por un período de 12 años más, al menos; y, sin embargo, han logrado incrementar los ingresos de manera significativa, tanto los aplicados al comercio exterior como a las actividades económicas internas, con sólo enfocar las acciones en los aspectos antes señalados.
La reforma en la que se necesita seguir avanzando es, por tanto, en la institucional. El gran reto es asumir la tarea de cobrar los impuestos con exactitud, eficiencia y equidad. Ni un centavo más, ni uno menos, y a todos.
La tarea fácil no debe seguir siendo la de poner más cargas a los que pagan. Eso, en la práctica, se traduce en una especie de premiación al que evade y un incentivo a quienes practican los ilícitos como único propósito.
Conviene a todos atender la problemática de la evasión y los males que la originan, y explotar el potencial de los impuestos actuales como meta institucional. Incluso, no sería aventurero afirmar que, si la evasión del ITBIS se redujera a niveles de un 5% al 10%, la tasa podría ser perfectamente de entre 10% y 12%. También conviene tomar en consideración que el problema no se origina por el nombre del impuesto; pues poco importa al que lo paga que se le llame Impuesto al Valor Agregado “IVA”, y al que lo evade, menos.
Cuando las circunstancias lo demanden, es preciso enfocar una Reforma Fiscal Estructural e Integral, que afecte los montos y medios de tributación; así como también los montos, distribución y formas de realización del gasto, de dimensión similar a la que se logró a inicios de los 90s. Una nueva reforma que ofrezca certeza, confianza y estabilidad fiscal a mediano y largo plazo, tanto al gobierno como al comercio, a la industria en general y a los inversionistas locales y extranjeros; debe ser una reforma que permita al país hacer los ajustes futuros que demande la dinámica económica regional y global, para desarrollar y mantener un alto nivel de competitividad país.
Para muchos, la coyuntura actual no es propicia para eliminar incentivos fiscales a sectores claves de la economía tales como el turismo, las zonas francas y la industria local en general. Debemos preguntarnos si sería ese un escenario prudente para propiciar la atracción de más y mejores inversiones.
La lógica excitación que genera el “nearshoring” o “friendshoring” en la actualidad, motivado por cuestiones geopolíticas, más allá de los efectos derivados del COVID-19, en la cadena logística de suministros, debe saber conservar cierta prudencia; sabiendo que, al final del día, las potencias económicas terminan acomodando sus intereses y los países periféricos deben procurar no colocar en riesgo a los sectores que han marcado y seguirán marcando su potencial desarrollo. No debe olvidarse que, a pesar del DR-CAFTA, la industria textil dominicana colapsó a partir del 2007 y, casi en su totalidad, se la llevaron para China, India y México.
Hay coincidencias con iniciativas gubernamentales tales como las de eliminar instituciones innecesarias y de fusionar otras, para evitar duplicidades, burocracias y confusión de roles institucionales; reducir estructuras orgánicas mediante labor de reingeniería; eliminar una o las dos exoneraciones que reciben los congresistas cada 4 años; eliminar el barrilito, entre muchas otras potenciales acciones, pero para ello no es necesaria la reforma fiscal.
En conclusión, si el objetivo es solo elevar la recaudación tributaria, eso no es reforma fiscal. Eso sería un simple “parcho” que podría suponer una mancha para la nueva gestión gubernamental que está por iniciarse.