Históricamente es como una tradición en la Republica Dominicana que cada vez que hay cambio de gobierno también se produce cambios masivos del personal en las instituciones públicas, bajo el principio de quítate tú pa´ ponerme yo.
También se ha convertido como en una costumbre, que se aumenta la nómina publica de forma excesiva para satisfacer la demanda de los compañeros y compañeritos de la base. Esta práctica repercute de forma significativa en el aumento de los gastos corrientes, cuyo principal componente es lo que lleva el nombre de servicios personas o mas bien el sueldo fijo que se le paga a los empleados tanto de carrera, contratados y temporeros.
Este fenómeno ha llevado a que recientemente entre agosto del 2021 y agosto del año 2022 la nómina pública ha aumentado en un 14% atendiendo a las informaciones proporcionadas por la Tesorería de Seguridad Social (TSS) y los empleados temporeros aumentaron en un 15%, este aumento se debe a que en agosto del año 2021 había en la nómina 630,727 empleados y ya para agosto del año 2022 721,448 empleados o sea 90,721 empleados adicionales. Los empleados temporeros pasaron de 13,129 a 15,099.
Este fenómeno de crecimiento de las personas integradas a la nómina púbica, no obstante, de los miles de desvinculaciones o cancelaciones masivas, que se produjeron entre agosto del año 2020 y finales del año 2021, ya en mayo de ese año el número de cancelados en 22 ministerios era de 62,935 personas.
Considerando la cantidad de personal nuevo integrado a la nómina publica y restándole la cantidad de cancelados, esto quiere decir que en apenas un año el actual gobierno ha incorporado adicionalmente 27,786 nuevos empleados.
Lo más preocupante de todo esto es que una parte de esas personas, que están en nómina, no realizan ninguna función y el ejemplo que más llama la atención en este sentido es en la nómina del Ministerio de Educación, que pasó de 6,609 personas en agosto del año 2021 a 7,578 a agosto del 2022, hecho reconocido por el mismo ministro de Educación actual, quien dijo que una parte de dichas personas no realizan una función especifica en la institución que dirige.
Estos aumentos sin limites se producen no obstante el déficit publico tiende a aumentar y cuya alternativa para cubrirlo es aumentando la deuda pública no financiera que ya para julio del presente año 2022 representaba el 47.7% del producto interno bruto. Una deuda que cada vez es más costosa en función de que se ha privilegiado la colocación de bonos soberanos y considerando que los últimos bonos colocados por el gobierno a 5 años y a una tasa de 3.63% en enero 2022, cuya tasa a agosto ha llegado 6.7%, es decir un 84.6% más, esto complica aun más el costo de la deuda.
Es cierto que el Estado es el principal sector empleador de la economía y que por tanto juega un rol para enfrentar el desempleo, pero esta función se debe basar en la racionalidad, pues el abultamiento de la nómina pública tiene sus implicaciones desde el punto de vista tanto de lo que el Estado deja de hacer, en término de servicios a la población, para hacer frente a esa nómina creciente. Todo esto además de las implicaciones en el aumento de la deuda pública, en un escenario en donde los intereses de la deuda son crecientes tanto a lo externo como a lo interno, a partir de que los bancos centrales de los países, entre ellos el nuestro, buscan frenar la inflación y eso lo tratan de hacer reduciendo la liquidez de la economía a través del encarecimiento del dinero para fines de financiamiento.