Esta semana ha vuelto al debate la aprobación de una nueva provincia, la cual sería ya un desprendimiento de la actual provincia de Santo Domingo pues implica la unión de los territorios de los municipios de Santo Domingo Oeste y Santo Domingo Norte más Los Alcarrizos y Pedro Brand. La pregunta obligada y que seguro el diputado Tonti Rutinel, autor de la pieza legislativa, no puede responder con seriedad es: ¿Para qué otra provincia?
Si realmente en el país quisiéramos debatir seriamente la organización y ordenación del territorio nacional desde la perspectiva administrativa, es probable que la balanza se incline a la inutilidad de las provincias como unidad territorial. Y, de hecho, nuestra Constitución así lo tiene claramente definido pues el mandato del constituyente es el de formular y articular las políticas públicas contando con las regiones como unidad básica del territorio (art. 196 de la Constitución).
Las provincias sirven para delimitar a las regiones, según lo dispuesto por el artículo 197 de la Constitución. El impacto administrativo de las provincias está únicamente vinculado a que dentro de estas están las unidades administrativas territoriales más importantes y de mayor impacto en el desarrollo de las personas: los municipios y distritos municipales.
Es un enorme despropósito que no debe ser aprobado por el Senado.
Entonces, ante la ausencia de una ley orgánica que cree una administración provincial con competencias de coordinación y supervisión de las administraciones locales para garantizar el uso más efectivo y eficiente de los recursos públicos, al tiempo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas, la creación de provincias nuevas es un sinsentido y la única consecuencia es la creación de un curul senatorial (art.78 de la Constitución).
En adición a lo anterior, el caso particular de la creación de la provincia Matías Ramón Mella es todavía más absurdo puesto que los territorios municipales que la conformarían ya están dentro de la región Ozama o Metropolitana, con políticas públicas definidas y datos mesurados para entender los problemas de esta población. De modo que esta nueva provincia no tendría ningún beneficio en términos de desarrollo de políticas públicas particulares para sus pobladores en tanto que seguirían perteneciendo a la misma región.
Cabe señalar que si bien los legisladores son quienes deben decidir sobre la creación o no de nuevas provincias y municipios, como cualquier ley, esta facultad está sujeta a que la misma sea ejercida observando los principios de ordenamiento del territorio dispuestos en nuestra Carta Magna y que pueden servir para constatar si este ejercicio legislativo no es más que un uso arbitrario del poder.
En efecto, el artículo 193 de la Constitución señala que la organización territorial debe hacerse conforme a los principios de unidad, identidad, racionalidad política, administrativa, económica y cultural. Como he indicado más arriba, de lo que más carece este proyecto de provincia es de racionalidad administrativa pues en nada cambiará la estructura de la administración local ni tampoco implicará una puesta en marcha de políticas públicas que mejoren la calidad de vida de sus habitantes.
Si la excusa para otra provincia es, fuera del ego del señor Rutinel y la irresponsabilidad de los diputados que le apoyan, mejorar las condiciones de vida de los pobladores de los municipios que la conformarían, quizá el enfoque verdadero debe ser el fortalecimiento de los ayuntamientos y distritos municipales, legislando para aprobar mayores partidas presupuestarias y fiscalizando el uso de los fondos que éstos tienen. Sería más fácil comenzar a hacer cumplir en el presupuesto anual lo dispuesto en la ley núm. 166-03, sobre la participación de los municipios en el presupuesto general de la República.
Es más, si la idea es que los servicios públicos centrales y municipales lleguen con calidad y eficiencia a los habitantes de esos municipios, los legisladores representantes de estos municipios tienen como parte de sus funciones la fiscalización y presentar iniciativas o votar por aquellas que favorezcan a sus votantes… Pero se me olvida que muchos están para levantar la mano y tomar el barrilito.
Crear una nueva provincia sin tomar en cuenta ningún criterio de organización territorial y cuando aún está pendiente la aprobación de la ley orgánica de ordenamiento del territorio, que permitirá una planificación estratégica del territorio más racional, es un enorme despropósito que no debe ser aprobado por el Senado.