El Ministerio de Energía y Minas, donde trabajé durante cinco años, ejemplifica la falta de continuidad en las políticas públicas y las iniciativas relevantes. Un programa significativo comenzó en 2014 bajo la efímera dirección de Pelegrín Castillo y, posteriormente, con Antonio Isa Conde. Este incluyó la implementación de más de 16 decisiones regulatorias. Estas abarcaron la exploración y explotación petrolera, la importación y comercialización de gas natural, combustibles alternos, estudios geológicos, licencias y permisos, y el acceso a infraestructuras estratégicas de hidrocarburos.
La mayoría de estos importantes proyectos se concluyeron o estaban en proceso hacia la segunda mitad de 2020. Estos esfuerzos estaban dirigidos a garantizar la seguridad energética nacional, buscar recursos propios para financiar el desarrollo, realizar estudios geológicos, y racionalizar el uso y distribución territorial de las infraestructuras energéticas. Una de las determinaciones cruciales en este contexto fue despejar definitivamente las dudas sobre la existencia de reservas de hidrocarburos comercializables en el territorio nacional.
Como colaborador directo o indirecto de estas decisiones, aún recordamos con claridad que las actividades intermedias relacionadas con la creación de la Base Nacional de Hidrocarburos (BNDH) culminaron exitosamente.
Se inventariaron, clasificaron, digitalizaron, rasterizaron y vectorizaron más de 1,492 mapas y planos; 805 secciones de información sísmica; 212 registros de pozos; 209 cintas magnéticas de 9 mm con secciones de sísmica; 3 cintas magnéticas de 8 mm con secciones de sísmica; 321 expedientes con informes científicos y 2,485 muestras de pozos.
Este esfuerzo continuó con la recuperación, vectorización y organización en formato digital estándar de 4,576 kilómetros de líneas sísmicas de dos dimensiones (2D). En total, se recuperaron 8,126 kilómetros de líneas sísmicas adicionales. Este logro supuso un ahorro significativo de recursos, valorado en aproximadamente 16.2 millones de USD para el Estado (a precios ajustados de 2015), gracias a campañas y actividades científicas previas que evitaron la duplicación de trabajos.
En 2017, el Estado Dominicano recuperó gratuitamente las líneas sísmicas de San Pedro de Macorís y Ocoa, lo que implicó la recopilación de datos de 1,505 kilómetros de líneas sísmicas y la información de un pozo perforado en aguas circundantes. Hacia finales de 2019, la BNDH contenía información sobre 21,500 kilómetros de líneas sísmicas, más de 1,490 mapas y planos, 805 perfiles sísmicos y 212 registros de pozos, entre otros datos valiosos para la toma de decisiones en el subsector.
Esta información tenía un costo de adquisición superior a los 145 millones de USD (unos 8,700 millones de pesos a la tasa del momento). No obstante, el Estado solo invirtió alrededor de RD$9.0 millones por año durante tres años, lo que equivale a algo más de 173 mil dólares anuales a la tasa corriente.
El ministerio logró en tiempo récord el desarrollo de modelados petroleros e identificación del Sistema Petrolero Nacional (SIPEN). En 2016, se culminó el Modelado en Dos Dimensiones (2D) de todas las Cuencas Sedimentarias del país, identificando los bloques petroleros de las cuencas de Azua, San Juan, Bahía de Ocoa, Cibao Oriental y San Pedro de Macorís. Simultáneamente, se identificaron las áreas de mayor interés para la exploración dentro de estas cuencas sedimentarias.
Luego, el esfuerzo se centró en determinar si el país dispone de un sistema petrolero funcional en las zonas de mayor potencial. El ministerio cumplió con todas las acciones resultantes, como la adquisición e interpretación de nueva información sísmica, particularmente en las cuencas de mayor potencial, y la finalización de arreglos contractuales y legales para proceder a la perforación de pozos exploratorios profundos. Esto con el fin de recopilar información litológica, cronoestratigráfica, datos de temperatura, presión y porosidad.
En este punto, se pudieron identificar niveles generadores más profundos, realizar análisis geoquímicos para definir la calidad de las rocas generadoras y llevar a cabo análisis especializados de laboratorio para generar una cinética de transformación "materia orgánica-hidrocarburos". Así, se actualizaron los modelos del Sistema Petrolero con la nueva información recopilada.
Independientemente del gobierno en turno, los avances logrados en esos años en materia de exploración petrolera y gasífera, con contribuciones valiosas de organismos nacionales y extranjeros de gran prestigio, fueron verdaderamente gigantes en su trascendencia.
Sin embargo, sorprende que, precediendo este grandioso esfuerzo de política, la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) haya revelado que en 2024 culminó un primer estudio científico que determina que en varias cuencas del territorio nacional están los elementos necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburos.
Un programa completo y de alcance sistémico, ejecutado con una continuidad rigurosamente planificada junto a expertos de empresas de prestigio mundial, pretende ahora ser suplantado o desconocido por un estudio que, supuestamente, marca la diferencia y coloca al país en los rieles correctos en materia de exploración petrolera y gasífera. Es positivo que se intente hacer algo, pero si la voluntad de hacer es sincera, entonces la continuidad de las políticas es decisiva. Más cuando se trata de antecedentes valiosos cuya rigurosidad técnica y científica fue reconocida por autoridades mundiales en la materia.