Como se planteó en el artículo anterior, las cuestiones institucionales han adquirido una relevancia creciente en el estudio de los procesos de desarrollo. En el caso dominicano, numerosos organismos gubernamentales, ya sea mediante proyectos propios o asumiendo roles secundarios en iniciativas clave para la competitividad, y en estrecha colaboración con entidades internacionales de cooperación y asistencia técnica, han emprendido programas enfocados en la promoción de exportaciones e inversiones, la diversificación de la matriz energética con recursos propios, la formación de recursos humanos y el estímulo al desarrollo tecnológico.
Dado el gran número de estas iniciativas, es difícil evaluar exhaustivamente sus resultados e impactos finales o determinar si derivaron en políticas públicas eficaces para superar rezagos estructurales. Tampoco es sencillo concluir si lograron los objetivos establecidos en sus términos de referencia o planes de acción.
No obstante, hay dos cuestiones que nos llaman especialmente la atención: primero, ¿cómo articular alianzas duraderas entre organismos públicos clave que logren sobrevivir un período constitucional y se centren en objetivos comunes con amplio consenso sectorial para impulsar el crecimiento y el desarrollo desde nuevas perspectivas? En segundo lugar, ¿qué importancia tiene el principio de continuidad de las políticas y programas públicos del Estado, a pesar de no estar explícitamente mencionado en la Ley Orgánica núm. 247-12 de Administración Pública?
La ejecución de reformas estructurales de gran envergadura en la economía y sociedad dominicanas, en las que participen de manera coordinada instituciones públicas como impulsoras, coordinadoras y ejecutoras, debería garantizar la observancia del principio de continuidad de las políticas. En la sociedad dominicana, desde la instauración de la democracia, prevalece la imposición de iniciativas del gobierno electo, como dice el pueblo, "cada presidente viene con su librito".
En el caso de obras o emprendimientos trascendentales para la sociedad, abandonarlos debido a un cambio de gobierno no podría calificarse sino como un crimen. Se ponen en juego los recursos ya invertidos por los contribuyentes, las expectativas ciudadanas sobre dichas obras y la confianza de los actores extranjeros en el país. Además, de la observancia estricta del principio de continuidad emanan la estabilidad y coherencia en la gestión gubernamental, evitando al mismo tiempo la confusión entre inversionistas o donantes, así como previniendo pérdidas de recursos que podrían tener una gran diversidad de usos alternativos en economías rezagadas.
Asimismo, como señala el economista colombiano Diego Mesa, “Contar con políticas públicas duraderas y previsibles facilita el desarrollo de capacidades en las entidades gubernamentales y fortalece la experiencia de los equipos técnicos, garantizando un conocimiento más profundo de los desafíos y oportunidades que enfrenta la administración pública. En conclusión, la continuidad en las políticas públicas, a diferencia de los cambios sin rumbo claro, promueve la eficiencia en el sector público, la estabilidad jurídica, la productividad del sector privado y el progreso en general en beneficio de toda la sociedad” (ver: elColombiano, 3 de junio 2023).
En el caso dominicano, muchas políticas gubernamentales importantes han sido abandonadas en las últimas décadas. Lo más preocupante es que no solo se trata de abandono, sino también de desconocimiento público de su existencia o importancia nacional, como en el reciente caso de una “revelación” de Refidomsa sobre unos resultados del primer estudio científico que determina que en varias cuencas del territorio nacional están los elementos necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburos.
El estudio, cuyos detalles desconocemos, fue realizado por un grupo de técnicos de la entidad estatal con la colaboración de la Universidad Pedro Henríquez Ureña (UNPHU) y la Universidad de Santander. Este promete revolucionar “…la estrategia para la localización de importantes yacimientos de petróleo y gas natural, a partir de una serie de factores geológicos y geofísicos que caracterizan las condiciones de nuestro territorio”.
Este “histórico descubrimiento”, que se califica como el primer estudio con estas connotaciones, ignora de manera irresponsable los antecedentes recientes en materia de investigación petrolera y gasífera en el país.
Afirmar que “los esfuerzos para determinar el potencial petrolífero y gasífero del territorio dominicano y su eventual incursión en la producción a gran escala no habían tenido una sistematización que pudiera proyectar las investigaciones hacia resultados concretos” es la peor forma de desconocer el principio de continuidad de las políticas y de ignorar el terreno ya abonado en esta materia. Sin duda, lo hecho entre 2014 y 2020 habría servido para apoyar, en un aspecto tan fundamental como el energético, la determinación del presidente Abinader de iniciar cambios sustantivos en la economía y sociedad dominicanas.