La Constitución de la República le permite al Poder Ejecutivo asirse de un “resquicio legal” para una declaratoria de interés nacional o de emergencia a la indignante, irresponsable y penosa realidad objetiva en la que de manera cíclica nataguea el sistema de educación pública pre-universitaria.

 

Ese sistema educativo “estancado” reproduce la debilidad de la formación magisterial, la irresponsabilidad de las universidades que imparten la carrera, al Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología que no cumple con su misión de seguimiento, al igual que los padres, madres y tutores en el proceso de enseñanza-aprendizaje de sus hijos e hijas.

El reclamo que se ha visibilizado en la opinión pública nacional, expresamente debería consignar que durante el período que cubra la referida declaratoria de interés nacional o emergencia, establezca que la paralización de la docencia solamente la podrá disponer la autoridad educativa, en su nivel central, provincial o regional, siempre que se trate de fuerza mayor, pero que sea parte de un acuerdo de los actores del sistema.

 

Los artículos 263 y 264, de la Constitución de la República, establecen en cuales circunstancias el Poder Ejecutivo puede acudir a la declaratoria de emergencia, “y que una lectura con la lupa del interés nacional, podría acudirse a ese articulado dada la calamitosa situación por la que atraviesa la educación pública pre-universitaria”.

 

De manera tácita, la Constitución de la República le deja al Poder Ejecutivo un resquicio legal, que el doctor Google define como “el aprovechamiento de pequeñas aberturas en el ordenamiento jurídico, formalmente válida, para derivar de ellas consecuencias opuestas a las previstas por el constituyente o legislador al momento de la su dictación”.

Los déficits que socaban el sistema

“La locura es hacer lo mismo una y otra vez, y esperando tener resultados diferentes”, es como reza la manida frase atribuida a genio de Albert Einstein, pero que le cuadra perfectamente a las políticas, metodologías y procesos, al dispendio irresponsable del bien público que se ha siguen históricamente en el Ministerio de Educación, pero más aún después del bojete que el contribuyente ha colocado en sus arcas.

 

Como muestra el resultado de la investigación que arrojó que los maestros y maestras que imparten las ciencias exactas no alcanzan a dominar el sesenta por ciento de los contenidos, lo que hace recordar el adagio aquel de que “nadie da lo que no tiene”.

 

Otro dato alarmante es aquel que resultó del concurso de oposición para ingresar a la docencia donde los únicos que calificaron fueron los de otras áreas profesionales, en tanto los que cursaron la carrera magisterial en un alto porcentaje fueron reprobados.

A manera de conclusión

Está en déficit el gobierno central, la autoridad educativa en todos los niveles, los educadores, los padres, madres y tutores, empero, el sacrificio que hace el contribuyente aportando, a través del Presupuesto Nacional un cuatro por ciento, se vuelve sal y agua, dispendio vergonzoso e irresponsable.

 

Y ni qué digamos de un gremio magisterial anarquista, que parece que no le preocupa que sus asociados cumplan el honor de ser maestro y de ser maestra, y que interioricen sobre su responsabilidad social con las presentes y futuras generaciones, y una empresa social que estimula a sus asociados a un endeudamiento sin límite, echando por la borda los valores y principios doctrinarios que deberían servirle de horizontes