La pandemia de COVID-19 probó lo que debemos hacer hoy en la reforma del sector salud. Se impone renovar la atención primaria, muy especialmente como estrategia enfocada en el primer nivel atención. Con capacidad de extenderse y ampliarse en todo el sistema de salud y en todos los niveles de atención.
En barrios, sectores rurales, distritos, municipios y provincias; ahí mismo donde vive la gente, salir de los consultorios a cuidar la salud colectiva. Redimir con buenas contrataciones y equipos, la figura del médico de familia y los promotores de salud que localizan los casos en el territorio, antes que se compliquen y terminen abarrotando hospitales y clínicas.
Ahora, todavía más en tiempos de conclusión de esta pandemia y de crisis inflacionaria, el Ministerio de Salud debe ser recolocado, no sólo como órgano rector, si no también gestor y proveedor de los programas de salud colectiva en el primer nivel. Para que sea “juez y parte” en la protección de la vida de las personas. La reforma del sector salud que necesita la República Dominicana, debe lograr que ningún ciudadano muera, por causas evitables y prevenibles.
Con los recursos disponibles y la creación de un fondo nacional para la atención primaria, debe transformarse el hecho que de cada 100 pesos que circulan en el sector salud, de 80 a 90 se dirigen financiar la atención de grandes hospitales y clínicas. Se impone reorientar la inversión hacia el primer nivel de atención, para que sea definitivamente, la puerta de entrada de todo dominicano al sistema.
Un nivel basal a cargo del Ministerio de Salud, bajo la estrategia de la atención primaria renovada para prevenir las nuevas epidemias y pandemias que nos acecharán en esta tercera década del siglo XXI.
Antes de la segunda ola de reformas del sector salud en la República Dominicana, el sistema de salud fue predominantemente público. Un sistema que abandonó la atención primaria con una gestión de la salud pública carente de financiamiento.
Al aprobarse la ley de seguridad social 87-01, la concepción y la práctica en la reforma ejecutada por las pasadas autoridades, fue separar funciones del sistema de salud. La rectoría o modulación al Estado/gobierno por un lado. Pero la administración de los fondos de salud y la compra de servicios, adquirió carácter predominantemente privado, vías las administradoras de riesgos de salud (ARS).
La reforma tiene que superar el neoliberalismo de la segunda ola, expresado en la separación de funciones fragmentaria. Reformar el predominio del mercado en la oferta de servicios a las personas, muy especialmente renovar la inversión en la atención primaria.
Desarrollar una nueva visión de la atención primaria que se dirija a salvar vidas. A valorarla como un enfoque de la salud que incluye todos los momentos. Desde la promoción, y prevención de enfermedades hasta el tratamiento oportuno, la rehabilitación y la limitación de la discapacidad. Debemos estar cercanos a la gente, tan próximo como están, los organismos provinciales y municipales del Ministerio de Salud.
En consecuencia, ahora que la Presidencia de la República y el Consejo Económico y Social (CES) ponen en primer plano, una nueva ola de reformas. Hoy, que el Ministerio de Salud, además de participar activamente en lo anterior, impulsa la conclusión del Plan Estratégico Nacional de Salud (PLANDES), se imponen cambios de impacto inmediato.
Cambios con la finalidad ética de salvar vidas. Ese es el propósito del Ministerio de Salud, garantizar el “derecho a la vida”. Derecho instituido por el artículo 37 de la Constitución como obligación ineludible del Estado. Indicamos “ética” porque la vida es el imperativo categórico de toda política pública.
No es solo impedir que la gente enferme, sino garantizar que la población, luego de enfermar, tenga servicios de calidad que eviten fallecimientos por factores controlables. La probabilidad de enfermar (morbilidad) es determinada por múltiples causas, pero el riesgo de morir lo fija pocos factores precipitantes.
Eso fue precisamente lo que se realizó en la pandemia, preservar vidas. Lográndose tasas de letalidad con valores menores de 1 (0.75%). Una de las más bajas de América. México 5.75%; Brasil 2.2%; EUA 1.2%; Costa Rica 0.99% y 0.79% Cuba. Así demuestra el Centro Ciencia y Sistemas, universidad Johns Hopkins.
Las prioridades de la reforma cruzan el prisma de la gestión anti-pandémica. Todo lo bueno que hemos hecho y hemos dejado de hacer, es el genuino laboratorio organizativo de la reforma.
La aplicación oportuna de vacunas, la inclusión de nuevas terapéuticas, el diagnóstico precoz vía imágenes en las unidades emergencias y el triaje como procedimiento que permite una gestión del riesgo clínico para poder manejar adecuadamente y con seguridad los flujos de pacientes cuando la demanda y las necesidades clínicas superan los recursos. Así como la oferta pública de pruebas, generaron alto impacto. Sumados a la búsqueda activa y aumento de camas para internamientos, entre otros.
Lo anterior debiera lograrse con pacto estratégico entre gobierno, sociedad civil y sector privado. Una alianza concentrada en salvar una parte significativa de los 63,117 dominicanos de todas las edades, que cada año mueren, por causas evitables de mortalidad. Sea por enfermedades, violencia y accidentes.
En la pandemia se invirtieron 38 mil millones de pesos, sobre los 123 mil millones aprobados para el Ministerio. Dicha inversión es la misma que debiera planificarse para que este órgano se ocupe de la atención primaria en primer nivel y el SNS asuma los otros niveles.
La reforma debiera reestructurar la separación de funciones del Decreto 379-14 y Ley 123-15. Iniciar de abajo hacia arriba. En una isla, más que regiones, lo prioritario son los barrios, comunidades rurales, distritos y municipios. Con la gente adentro, es ahí donde debe relanzarse, la atención primaria.