Sin lugar a ninguna duda, el último cuatrienio que dirigió el pasado presidente Danilo Medina, estuvo caracterizado por un autoritarismo tendente a perpetuarse en la primera magistratura, para lo que se instaló una red de corrupción administrativa sin precedente histórico, en la que, hasta el funcionario público encargado de perseguir los actos de corrupción, hoy está siendo objeto de un sometimiento por esos actos de corrupción administrativa que él debió perseguir. Pero además del pasado Procurador y varios personajes del sector empresarial que hoy figuran en el expediente, también son acusados muchos de los familiares más cercanos del propio presidente Medina.
Por si fuera poco, comenzando un año electoral (el 2020) en el que se promovía la inorgánica figura del ¨Penco¨, llegó a nuestro territorio la Pandemia del Covid, a pesar de esta se llevaron a cabo las elecciones y el Penco fue derrotado por el bisoño candidato presidencial del PRM; mismo que al elegir su gabinete nombró en cargos de mucha relevancia a algunos de los mismos empresarios que estuvieron y han estado siempre involucrados en tráfico de influencia, actos de sobornos, de corrupción y que tradicionalmente financian las campañas de muchos de los partidos. Además, nombró otros tantos bisoños, que desde el primer día mostraron su inexperiencia e incapacidad para resolver los problemas elementales de la población.
Desde el principio del Gobierno de Luis Abinader, se dieron amplias señales de una tendencia a beneficiar a esa misma clase empresarial, que además de lo que mencioné anteriormente, son parte de los oligopolios que manejan sectores indispensables para el buen desempeño de la economía, como son los hidrocarburos, la energía, los principales materiales de la construcción, entre otros; un buen ejemplo lo fue el intento de hacer un fideicomiso con la Planta a carbón de Punta Catalina.
Luego, estalla la invasión de Rusia a Ucrania y como consecuencia de esto, el mundo ve amenazado el suministro de muchas de las principales materias primas, como son la urea (principal materia prima en la fabricación de los fertilizantes), maíz, trigo, cebada, aceites de girasol, algodón, minerales de hierro y sus concentrados, así como petróleo y gas natural, provocando una escalada inflacionaria a nivel mundial, de la que nuestro país no escapó, en especial porque somos eminentemente importadores de estas y otras materias primas. Cabe mencionar que nos beneficiamos con los mejores precios de nuestras exportaciones de oro, que también alcanzó precios altos.
A partir de esta escalada inflacionaria, nuestras autoridades del Banco Central han incrementado su tasa de política monetaria hasta llevarla a 7.25% anual, en su último anuncio; receta que la mayoría de los bancos centrales han adoptado, con la firme intención de frenar o por lo menos desacelerar el proceso inflacionario. Pero ante la inminente amenaza de desabastecimiento de muchos artículos, la posible hambruna en las naciones más pobres, así como el aumento de los ciudadanos en pobreza extrema, la mayoría de los países han fijado su atención en el incentivo a la producción de bienes, con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria de sus ciudadanos, aumentar el empleo y combatir la inflación con una mayor producción interna.
En cambio, nuestro gobierno ha priorizado el incentivo a la importación, probablemente atendiendo a intereses empresariales que prefieren el lucro sin la producción de empleo y de riquezas, sino con la simple operación de comprar en el exterior e importar con arancel cero para hacerle una competencia desleal a nuestra producción nacional. Además, mientras muchos países han decidido generar subsidios tendentes a disipar los efectos de la alta inflación, nuestras autoridades, desoyendo las recomendaciones de, por ejemplo, la secretaría económica de La Fuerza del Pueblo y el reclamo ciudadano, ha decidido hacer una serie de incrementos a la factura energética.
Todos sabemos que la energía eléctrica es un elemento que está presente en casi todos los procesos de producción, de comercialización y de conservación de todos los artículos de primera necesidad, por lo que un aumento en la energía representará, en mayor o menor medida, un aumento de esos productos, además de que la energía eléctrica como tal, es parte de la propia canasta familiar, por lo que los aumentos son incentivos directos para el aumento de precios, o sea, para generar más inflación. Y el gobierno confunde la reacción del pueblo ante el anuncio y, subestima la reacción ante la realidad del aumento de sus facturas energéticas en medio de un aumento de todos los bienes y servicios de la economía.
Visto el llamado a protesta de algunas organizaciones de la sociedad civil, el Presidente reaccionó anunciando que detendrá las alzas ¨posteriores¨ en la tarifa eléctrica, sin embargo, consideramos que no basta con no aumentar más, lo correcto y justo sería dejar sin efecto los ya decretados aumentos.
Por último, pretenden entretener al pueblo con la guerra contra la impunidad, la cual aplaudimos y compartimos como principio, mas no como ruido para mitigar el malestar ciudadano. Vemos como los senadores del PRM (mayoría absoluta) en un acto de populismo legislativo o de circo legislativo, aprobaron el proyecto de Ley de Extinción de Dominio, el cual solo sirve para entretener y dar circo al pueblo, pues a todas luces resulta ser una pieza que no garantiza el derecho a la propiedad privada, no respeta preceptos constitucionales y resulta ser un atentado contra la inversión privada y la propia inversión extranjera, que tanto necesitamos atraer.