En el 2014 acudimos al Palacio Nacional convocados por el gobierno de entonces, a firmar el Pacto Nacional de la Reforma Educativa en la República Dominicana (2014-2030), para supuestamente sellar un compromiso a fin de alcanzar una educación de calidad, interpretando el anhelo de la sociedad dominicana.
Dicho Pacto fue suscrito, según reza el mismo documento, por el presidente y la vicepresidenta de la República Dominicana, la primera dama, los líderes de los partidos políticos, los actores del sistema educativo dominicano e invitados especiales que participaron en el proceso de consulta y concreción del mismo.
Fue firmado el día internacional de la educación, 1 de abril de 2014. Se hizo de manera consciente bajo el reconocimiento del derecho humano fundamental consagrada en la Constitución de la República Dominicana como corresponsabilidad del Estado, la familia y de las personas, fundamentado en el Artículo 63 de la referida constitución.
Ese artículo reza: “Toda persona tiene derecho a una educación integral, de calidad, permanente, en igualdad de condiciones y oportunidades, sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones.” Varias consecuencias se derivan, entre ellas, que la formación debe ser integral, permitiendo el acceso al conocimiento y los valores, entre otros aspectos.
¿Y qué ha pasado?
Más de diez años han pasado del referido acontecimiento. ¿Ha cambiado en algo la educación si la vemos desde la perspectiva de los logros de aprendizaje de nuestros niños, niñas, jóvenes adolescentes y personas adultas que acuden a la escuela o intentan acudir a la misma día a día?
En sentido general, MUY POCO.
Desde el Consejo Económico y Social, los integrantes del seguimiento a la concreción del Pacto se han reunido muchas veces ¿y qué ha pasado? ¿De qué han servido todas esas reuniones y todas esas horas de hablar y hablar, de escuchar y escuchar?, pues al fin de cuentas, las cosas no parecen cambiar a bien en la educación dominicana
Iniciamos el año escolar 2024-2025 con el llamado de la filial de Santiago de los Caballeros de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), de que no se inicie las labores en determinadas escuelas, argumentando el incumplimiento del Ministerio de Educación, por el mal estado de los planteles. La historia de nunca acabar.
Se pone como ejemplo el caso de la Escuela Marcelino Valenzuela donde la falta de espacio de recreación como de aulas, genera estrés en el personal y, por tanto, no es posible iniciar la docencia en la misma. La filial de Santiago del gremio indicó que solo permitirán el inicio del nuevo año escolar en los centros donde existen condiciones.
¡Wao!, qué rico es el panorama. Planteles escolares que faltan o que se encuentran aún en condiciones deplorables y una autoridad, por derecho propio, que se toma así mismo la decisión de si sí o si no es posible iniciar lo establecido en las normativas emanadas del Consejo Nacional de Educación, como es la apertura del año escolar.
El acápite 3.1.5 del pacto señala como responsabilidad del ministerio “asegurar que el desarrollo de la infraestructura educativa responda a la proyección de la población, atienda a criterios de accesibilidad para personas con discapacidad o con necesidades especiales, cumpla las normas nacionales de construcción con seguridad sísmica, etc.”
En el 4.2.1 se dice: “El cumplimiento del horario y calendario escolar es un elemento esencial establecido en nuestra Constitución. Su cumplimiento genera responsabilidades legales compartidas entre el Estado, los maestros y las maestras, los directores y las directoras, las familias, los estudiantes y otros miembros de la comunidad educativa, partidos políticos y otros colectivos de las comunidades nacional y local. Respetar el horario y calendario escolar se asume como uno de los compromisos irrenunciables de todos los firmantes de este pacto.”
¿Y entonces, quién podrá defendernos cuando ni unos ni otros parecen asumir las responsabilidades propias del desarrollo del proceso educativo, incluso, desde sus inicios? Las consecuencias, lógicamente, seguirán recayendo sobre los estudiantes y las familias de los sectores más empobrecidos.
¿Qué instancia social puede tener la autoridad moral y real para que unos y otros den cumplimiento a sus responsabilidades, asegurando así el derecho sagrado que tienen todos nuestros estudiantes y sus familias, a recibir una educación de calidad capaz de transformar sus vidas para bien, según la carta magna?
¿Desconocía el Ministerio de Educación la realidad descrita y argumentada por el gremio de profesores? ¿Por qué el gremio tuvo que esperar el día del inicio del año escolar para levantar su querella? ¿Dónde estaban unos y otros a lo largo de estos meses de “vacaciones” propicios para resolver esos inconvenientes pendientes?
¿De qué ha servido la asignación del 4% del Producto Interno Bruto al sector educativo preuniversitario, si seguimos 11 años después de su aplicación, arrastrando los mismos lastres y las mismas precariedades, los mismos déficits y las mismas consecuencias, que hacen que la desesperanza o indefensión nos agobie cada día más?
Mientras la cotidianidad de la educación sigue su mismo rumbo, caracterizado por incumplimientos básicos y elementales de todo tipo, seguimos reclamando y enarbolando nuevos pactos por la educación, los cuales, como los anteriores, parece que solo servirán para justificar encuentros y discursos vacíos de soluciones reales.
Pero sigamos adelante, que a lo mejor en el camino nos encontremos con las soluciones anheladas… hagamos un nuevo pacto, diseñemos un nuevo plan, sin embargo, si la politiquería sigue reinando en educación, como lo han señalado algunos ministros incluso, las cosas seguirán iguales, lo que significa, de mal a peor.