Es muy común encontrar a entidades gubernamentales interfiriendo con otras al realizar trabajos en un mismo territorio.

A todas luces, eso se convierte en fuerte traba para avanzar. Es una de esas grandes limitaciones que encontramos en sociedades en donde el denominado “pan y circo” marca su pobre dinámica.

Por eso es tan común que, por ejemplo, acabando de reparar una calle, aparece alguien abriendo una zanja que, además de pasar mucho tiempo abierta, cuesta “un ojo y la mitad del otro” que vuelvan a taparla y a pavimentar.

Son claras evidencias de sociedades con importantes tareas pendientes. Son claras señales de sociedades en las que se confunde planificar, en el mejor de los casos, con una lista de acciones. Son claras muestras de sociedades con muy bajos niveles de vida.

En el caso de la República Dominicana, aunque hayamos tenido que esperar doce años para cumplir un mandato constitucional, que ya cuente con una Ley de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos, ha de ser lo suficientemente motivante como para renovar la confianza en que podremos lograr mejoría de vida.

Si de verdad se desea que sigamos avanzando, urge que los próximos pasos estén orientados al impulso de mecanismos de articulación, coordinación y corresponsabilidad entre los distintos niveles de gobierno, orientados a la construcción de una adecuada gestión de la cosa pública.

Eso nos colocaría en camino a lograr que, desde la administración pública orientemos, tanto al sector privado como a cualquier otro estamento que incida en los territorios, a actuar con esclarecido criterio a la hora de ejecutar acciones con algún grado de repercusión en el entorno.

Eso nos ubicaría a las puertas de la consumación de otra vieja aspiración que también es tarea pendiente: el poder local. Así nos encaminaríamos a que, desde los gobiernos locales también se opere en base a la prestación de servicios públicos de calidad e implementación de políticas orientadas hacia lograr real mejoría de vida en los territorios.

Eso serviría para alcanzar una etapa en la que las decisiones estén basadas en criterios relacionados con real avance en la mejoría de vida, y no en el impacto que se pueda generar en los votantes del siguiente proceso electoral.

Eso ayudaría a entender que el aspirado desarrollo no se corresponde con ciertas actuaciones mesiánicas que hasta llegan a disfrazarse de caridad. Eso nos encaminaría de manera significativa a la práctica de un ejercicio democrático en donde, además de asumir la función pública como servicio, la misma estaría supeditada a la idoneidad de quienes a ella aspiren.

Si de verdad se quiere superar las acciones populistas que se alimentan de la campaña permanente, para cambiarlas por gestiones enfocadas en real mejoría de vida para la ciudadanía mandante, y no en el pago de ciertos favores de campaña con los recursos obtenidos de los impuestos, urge que encontremos mejores maneras de gestionar la cosa pública.

Si en otras partes del mundo han logrado avanzar con verdadera mejoría de vida, ya está bueno de que se nos entretenga por tanto tiempo con acciones que solo buscan desviar la atención y hacer olvidar o por lo menos posponer las decisiones que generarían los cambios que han de marcar verdadera diferencia en nuestra sociedad.

Con articulación territorial, además del significativo aumento en eficiencia del sector público y de norte claro tanto para planificar como para ejecutar, se logra la integración de todas las entidades de distintos niveles de gobierno y de los sectores con incidencia en los territorios de cara a una mejor ejecución de planes y actividades en favor de la población.

Es así como, en términos presupuestarios, la articulación territorial sirve como virtuosa estrategia de gestión pública que ayuda a armonizar políticas e integrar esfuerzos que garanticen la efectividad de la intervención del Estado para obtener resultados reales en beneficio de la población.

En definitiva, ya es tiempo para que el énfasis de las decisiones públicas se concentre en la mejor manera de aprovechar las potencialidades y diversidades territoriales para que, con cohesión y articulación territorial, se mejore su rendimiento y eficacia y se propicie mejores condiciones de vida para las personas.