Todavía sonaba la sirena de la Tabacalera de Santiago para despertar a la gente, cuando en los años 80 del pasado siglo XX, la PUCMM creaba el Centro de Estudios Urbanos y Regionales.
Santiago suma experiencia de 40 años resumidos en la Oficina Técnica del Consejo Desarrollo Estratégico (CDES) y sus entidades que conducimos, para saber utilizar herramientas creativas que formulen y apliquen planes estratégicos y de ordenamiento territorial.
Especialmente, en municipios que lo necesitan urgente como San Cristóbal, Higüey, DN, Santo Domingo Este, Norte y Oeste. También, SFM, La Vega, Puerto Plata y otros. En ellos, la contradicción de la mancha urbana versus base natural, genera ciudades que han edificado 461 km2 de los 48 mil km2 de superficie nacional a una velocidad promedio anual de 3.34 km2. Sólo Santiago, SFM y Santo Domingo consumieron 220 km2 de sus áreas cultivables.
UNIBE y Grupo Hazoury, apoyados por empresarios, dirigentes comunitarios, hoteleros, funcionarios y alcaldes, lo entendieron asertivamente. Hoy Santiago ayuda a la provincia La Altagracia, sus dos municipios y cinco distritos municipales, al respecto.
Eso recomendamos al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Pavel Isa, durante sesión de trabajo bilateral. También lo haremos con la doctora Alexandría Valerio, representante del Banco Mundial y Katharina Falkner del BID. Así como a otras agencias y líderes nacionales.
La ciudad de Santiago acumula la masa crítica de intelectuales con mayor capacidad y experiencia en planificación estratégica y ordenamiento territorial del Caribe y Centroamérica. Para citar algunos originarios de la novia del Yaque, como Rafael Emilio Yunén Zouain y Miky Lama, por su visión integral.
En orden alfabético, Amalia Moscoso, Annette Tejada, Alejandro Fondeur, Agustín González, Arturo Russell, Benjamín Gil, César Payamps, Cinthia de la Cruz, Daritza Nicodemo, Edwin de Moya, Edwin Espinal, Hipólito Gómez, Laura Partal, Lusverlyn Arias, Julio Corral, José Sánchez, Juan Castillo, Kerim Fahara, Kerman Rodríguez, Marcela Mirabal, Marcos Gómez, María Isabel Serrano, Mauricio Estrella, Mirtha Saleta, Nelson Batista, Olmedo de León, Pedro Juan del Rosario, Rosemary Frankiz, Silvio Carrasco, Teresa Moreno y Yennifer Cruz. Otros refuerzos por origen y gestión territorial como Eulogio Santaella, Erick Dorrejo, Carlos Loredo, Grethel Castellanos, Jhael Isa y Jordi Masalles.
La recién promulgada Ley de Ordenamiento Territorial no será suficiente para eliminar el caótico desarrollo urbano y la creciente tendencia de cambio de uso de suelos agrícolas por urbanizaciones, si no se produce una sinergia entre los gobiernos locales y el Gobierno central que, permita garantizar, la seguridad alimentaria y el acceso al agua potable.
Ese planteamiento indica que si bien la nueva normativa es un instrumento vital para imponer orden en los territorios, la mayoría de los cabildos no cuentan con recursos suficientes ni con estrategias de planificación que pongan freno al caótico crecimiento urbano. Como director ejecutivo del Consejo para el Desarrollo Estratégico de Santiago (CDES), estimamos que se debe fortalecer económicamente a los gobiernos locales, para lo cual basta con que se les otorgue el 10 por ciento del Presupuesto Nacional, como dispone la ley.
Sin embargo aparte del tema financiero, hay que dotarlos de herramientas técnicas que están disponibles, por ejemplo, en el Instituto Geográfico Nacional y en laboratorio cartográfico de Santiago, la cuales permiten visibilizar el estado actual de los territorios rurales y urbanos. La Ley de Ordenamiento Territorial concreta uno de los anhelos que teníamos todas las personas que trabajábamos el tema del urbanismo en la República Dominicana. Ahora bien, el hecho de que se tenga un marco jurídico no quiere decir que se tienen resueltos todos los problemas, porque siguen las grandes inequidades de la inversión.
En la República Dominicana, la ley que le asigna a las alcaldías el 10% del Presupuesto Nacional nunca se ha cumplido, y en estos momentos no pasa del 2 por ciento. Quiere decir que aparecemos, en los análisis que hacen el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, como una de las naciones en los gobiernos locales tienen menos capacidad de inversión en urbanismo y desarrollo.
Cabe destacar, la inversión que desde el Gobierno central se ejecuta en Santiago, que ascenderán a 42,000 millones de pesos hasta 2025. En ese sentido planteó que también debe pensarse en 15 “congregaciones urbanas” que ameritan grandes inversiones y equidad.
La falta de planificación, y permitir que particulares construyan donde les plazca, sin tomar en cuenta los problemas que se puedan presentar a futuro, podría dejar repercusiones muy negativas en el país. En ese sentido el impacto principal recae en la seguridad alimentaria, pues cuando se reducen las tierras destinadas a la agricultura, por varilla y cemento, se atenta contra el abastecimiento y se cae en las importaciones que incrementan los precios.
Si las tierras que deben ser utilizadas para la agricultura se usan para crecer urbanísticamente, tú estás afectado la seguridad de la alimentación de todos los dominicanos. En este momento lo que está pasando es que estamos tomando tierra de clasificación agrológica alta, donde lo que se debe es sembrar, proteger el bosque y al mismo tiempo el agua, para construir.
El Gran Santo Domingo sufre las consecuencias del manejo incorrecto del recurso agua, tanto por el abastecimiento como por la contaminación. Por eso no nos parece fortuito el brote de cólera detectado en La Zurza, un sector del Distrito Nacional ubicado en la ribera de las contaminadas aguas del río Isabela. Cada territorio tiene sus particularidades.
Una relación dialéctica entre medio natural, medio construido y medio social. Donde infraestructura, edificabilidad, patrimonio, confortabilidad, gestión del agua, sistema verde, vulnerabilidades, uso de suelo y agrología, son algunas categorías clave.
Más que enlatar metodologías e imponer guías centralizadoras, se trata de explorar en cada municipio sus identidades para desatar la fuerza creativa que permita en seis meses, tener al menos 10 planes de ordenamiento para valorar experiencias y capacidad de impacto social y empoderamiento ciudadano, para entonces replicarlos gradualmente, en toda la isla.