En declaraciones difundida por la prensa nacional, el señor Iván Surun Hernández, presidente del Colegio Dominicano de Abogados, entre otras “manifestó ayer su rechazo a la privatización del sistema de revista para vehículos de motor, que establecería el pago de tarifas que van desde RD$600 hasta RD$15,000, dependiendo del tipo y modelo de automóvil” advirtiendo “que impugnarán cualquier iniciativa del gobierno en ese sentido, por entender que la misma constituiría un atentado, no solo contra la clase media, sino también para esa gran clase popular medio de transporte y de trabajo son las motocicletas“. Termina el reportaje publicado en este medio el pasado día 10 de los corrientes: “Es lamentable que el INTRANT (Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant) y el Consejo Nacional de Alianza Público-Privada emprendan un proceso como ese que, además de irregular, traten de confundir a la ciudadanía ocultando los reales costos que tendrían que pagar los conductores por dicho servicio anualmente”,
Pareciera que a tan distinguido Colegio y a su Presidente le importa un bledo la situación caótica del tránsito vehicular en nuestras calles y carreteras, uno de cuyos componentes es el mal estado del parque vehicular, entre otras razones, además de viejo, porque desde hace años el organismo encargado de hacer tal inspección decidió olvidarse de la misma. Esos dominicanos que dicen defender ”del atentado en su contra”, en un fin de semana, solo en bebidas alcohólicas y loterías, gastan mucho más, aunque están en su derecho.
No sé si es por protagonismo, pero que el Colegio de Abogados se oponga a que el Gobierno quiera organizar debidamente el servicio de la revisión técnica del parque vehicular deja mucho que desear porque no son los “agraviados” los que se quejan, si no, gente que por su formación académica y experiencia de vida debieran haber exigido hace mucho tiempo que se cumpla con ese mandato de la Ley. Es como si estuviéramos poniendo la carreta delante del burro.
¿Qué le cuesta más al país, lo que pagaría cada dueño de un vehículo de motor por la inspección técnica o las miles de muertes y sus costos asociados por desplazarse o verse envueltos en accidentes con vehículos que debieran estar en un deshuesadero de chatarras? ¿Está consciente el Colegio de Abogados y su Presidente de esta situación o es más atractivo para ellos los miles de casos que se litigan a favor y en contra de las compañías de seguros y los supuestos culpables de los accidentes?
Consulté a un amigo quien vivió en Madrid y allí quienes realizan la inspección técnica son compañías privadas con las que la autoridad correspondiente tiene contratos bien establecidos para que por medio de centros especializados, solo para ese tipo de control, con instrumentos y herramientas diseñados para el caso, hagan dicha inspección, la que se realiza de manera escalonada según la edad del vehículo: la primera es a los 4 años y cada año para los que tienen más de 10 años de uso. Si un vehículo tuvo un accidente, sin importar que tan nuevo sea, tiene que pasar la inspección para poder circular. Es algo que se toman muy en serio a tal extremo que si un vehículo tiene un accidente sin tener aprobada la inspección técnica, el seguro no cubre el accidente, no importa si es uno “full”.
INSTRAT lo que debe hacer es agilizar al máximo ese proceso y en vez del 2025, que pudiera implementarlo en el menor tiempo posible, pues debemos organizar todos los aspectos del tránsito vehicular, y “la revista” realizada en una rancheta, debiera ser una anécdota del pasado.