Muy a pesar de las tensiones a nivel internacional; América Latina continúa siendo un espacio marcado por la intensidad de la conflictividad, disputas intersectoriales que sientan la tónica que caracterizan hoy la región preñada de inestabilidad e incertidumbre. Curiosamente, y escudándose en el discurso de una supuesta lucha por la democracia, libertad, “guerra contra la corrupción” asistimos a la consolidación de una contraofensiva golpista en contra de gobiernos y propuestas alternativas encaminadas a cuestionar la ortodoxia neoliberal imperante en la región en las ultimas décadas.
Se recordará la destitución de Dilma Rousseff y el posterior encarcelamiento de Lula da Silva en Brasil. El encarcelamiento del exvicepresidente ecuatoriano, Jorge Glas; el proceso abierto en Ecuador en contra de Rafael Correa, el golpe contra Evo Morales en Bolivia , la persecución judicial a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, misma que culmino en su condena (6 años de prisión) e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, el proceso además se extendió a múltiples funcionarios de su Gobierno en Argentina. Por último, la reciente destitución de Pedro Castillo en Perú da cuenta de la consolidación de una nueva herramienta en manos de la derecha, el lawfare o guerra judicial con fines políticos.
Definido por expertos y estudiosos de la materia como el “uso indebido de herramientas jurídicas para la persecución política”; “la aplicación de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial”; la práctica que hoy se consolida tiene como fines la judicialización de la política sobre todo con el fin de enfrentar, bajo las riendas de los poderes facticos y en contubernio con los medios de comunicación y la embajada norteamericana (esta última nunca falta); cualquier afectación a los privilegios ostentados por los sectores plutocráticos dominantes, la derecha tradicional, los servicios de inteligencia y los medios.
Los triunfos electorales de AMLO en México, Argentina, Chile, Perú, Honduras, Colombia y el reciente regreso de Lula al poder en Brasil y el retorno a la democracia a Bolivia han generado todo un malestar en los sectores tradicionales que se han visto desplazados de su posición privilegiada por este reordenamiento a nivel regional. La crispación entre los nuevos gobiernos progresistas, las alternativas a la derecha neoliberal vs el continuismo prevaleciente han desembocado en esta nueva modalidad.
El lawfare opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial corrupto al servicio de los sectores tradicionales y elevado por encima del Poder Legislativo y Ejecutivo en muchos casos y en donde los jueces amplían su margen de maniobra y poder en detrimento del equilibrio entre los otros estamentos. Ello abre la puerta a una “juristocracia” que tiende a reemplazar las instancias democráticas establecidas dando un rol protagónico de facto a los tribunales. Bajo este marco, el doble rasero se hace evidente al darse mas cobertura mediática y legal a ciertos casos en vez de otros.
En el caso argentino, la acusación y condena de doña Cristina surge en medio del sórdido escándalo en donde el poderoso conglomerado Grupo Clarín (Canal 13, Radio Mitre, diarios Clarín y Ole, Cablevisión y otros…) facilitó un viaje chárter a la propiedad del magnate inglés Joe Lewis, latifundista, dueño de una propiedad que se dice mal habida de 12 mil hectáreas en Lago Escondido, provincia de Rio Negro. En dicho viaje, participaron jueces, fiscales y el ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, Marcelo D Alessandro. El tema tratado en la reunión efectuada en la costosa hacienda el pasado 14 de octubre muy probablemente tenia que ver con las negociaciones secretas para salvar a Macri de ser procesado judicialmente por las causas pendientes en su contra. El magnate Lewis es entre otros un importante inversionista en el sector energético y aliado del expresidente Macri.
En el caso peruano, Castillo desde la asunción del poder fue asediado por un Congreso hostil, carente de una iota de escrúpulos, aun partidario de un fujimorismo sin Fujimori, racista, clasista y al servicio de la oligarquía; con el abierto aval de EEUU sucumbió tras ser acorralado, engañado hasta por su propia exvicepresidenta, Dina Boluarte, en donde también participó abiertamente el actual presidente del Parlamento, el general retirado José Williams Zapata, ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Perú y también representante de la bancada conservadora Avanza País, que durante la segunda vuelta en las elecciones del 2021 apoyo a la derechista Keiko Fujimori. Contra Williams también pesan no solamente acusaciones de enriquecimiento ilícito, sino que además se le implica de encubrimiento en la masacre de Accomarca en 1985 en donde 69 comuneros fueron asesinados.
Ante la ofensiva del lawfare en la región, cabe esperar que la solidaridad internacional eleve su rechazo contundente hacia aquellos actores que continúan pisoteando las propuestas de justicia social, ciudadanía política y gobiernos inclusivos y democráticos. Procuremos pues, cerrarle el paso a en estas asonadas golpistas de elites, caudillos autócratas, narco políticos y los emporios mediáticos que, en nombre de un discurso maniqueo del bien y del mal y una supuesta lucha en contra del comunismo, han sido capaces de ahogar en sangre las aspiraciones de soberanía popular y dignidad humana de los gobiernos que ahora tratan de sepultar.