Hacía ya unos meses que me decidí por no volver a llover sobre mojado sobre las inclemencias y vicisitudes que pasamos quienes decidimos dedicarnos al ejercicio del derecho ante los tribunales de la República, sobre todo cuando ya el licenciado Carlos Salcedo en uno de sus habituales artículos las describió extraordinariamente; pero vista la noticia sobre la construcción del Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste, tengo que volver a sobre la precariedad del acceso a la justicia.
En este artículo no me voy a enfocar en el desmadre que ha supuesto la creación del “Servicio Judicial” en sustitución ilegal de las funciones de las secretarias de los tribunales ni sobre la imposición de una ineficiente centralización de servicios a través de los Centros de Atención al Usuario ni mucho menos respecto del sinsentido de que a más de un año de la promulgación de la ley núm. 339-22, que habilita y regula el uso de los medios digitales para el Poder Judicial, y de la aprobación del reglamento de aplicación, todavía los servicios digitales no hayan sido puesto en funcionamiento mínimamente como en el período inicial postpandemia. Hablemos de la accesibilidad a la justicia desde sus infraestructuras.
Es una buena noticia que Santo Domingo Oeste tenga un palacio de justica que albergue los tribunales de esta jurisdicción; pero entonces, qué pasó con Santo Domingo Este, que tiene una situación mucho más compleja dada la gran cantidad de expedientes que se conocen y la falta de personal administrativo y judicial para hacer frente a esta jurisdicción. Creo que el Poder Judicial viene hablando de la necesidad de una mejor infraestructura para el municipio de Santo Domingo Este desde cuando el Mag. Subero Isa aún era juez presidente de la Suprema Corte de Justicia.
Priorizar el acceso a la justicia debe ir de la mano de un plan de remozamiento de los tribunales que permitan humanizar el servicio
Lo lamentable es que todavía este “sueño” aún no se haya cumplido. Misma situación tiene que ver con el edificio de las jurisdicciones especializadas del Distrito Nacional, el cual está vacío y en franco deterioro, sin que a la fecha el Consejo del Poder Judicial haya informado de los motivos por los que no se ha terminado de hacer el traslado cuando el edificio está prácticamente listo.
A la falta de infraestructuras necesarias para albergar a nuestros tribunales y mejorar su acceso y la calidad del servicio prestado, se suma el deterioro de los edificios que albergan a la mayoría de estos. Hay una carencia notoria en los servicios generales de los tribunales y por eso impacta mucho la inversión que se procura obtener para la construcción de nuevos edificios, sin ocuparse de cosas tan sencilla como la existencia de baños decentes para todos los usuarios.
Un tema verdaderamente preocupante de todos los palacios y edificios judiciales es la falta real de accesibilidad si usted no puede caminar. No se explica como en ninguno de los edificios existan rampas reales para las personas que se desplacen en sillas de rueda y que los ascensores no estén en funcionamiento en la mayoría de los edificios.
Si le toca tener muletas e ir al Palacio de las Cortes en el Centro de los Héroes a cualquier diligencia, la va a pasar muy mal, por citar uno de los edificios judiciales más importantes de la capital y que carece de ascensor, de rampas que cumplan con los estándares de accesibilidad. Y esto deja claro que desde el Poder Judicial se hablar de aumentar y mejorar el acceso a la justicia; pero posiblemente solo desde una perspectiva estadística en el número de “tickets” resueltos por el Servicio Judicial, obsesión de esta gestión.
Priorizar el acceso a la justicia debe ir de la mano de un plan de remozamiento de los tribunales que permitan humanizar el servicio, garantizando que cualquier persona pueda acudir a los tribunales sin tener que hacer maravillas para subir a un segundo nivel o para simplemente acceder por la parte delantera de un palacio de justicia, pues se trata de un mandato constitucional y por supuesto legal de acuerdo con las disposiciones de la ley núm. 5-13.
De nada nos sirve tener nuevos palacios de justicia, si sostendremos las mismas carencias.