Aun en medio de la incertidumbre causada por la crisis internacional, la perspectiva económica para República Dominica es bastante halagüeña, según CEPAL, que prevé un crecimiento del 4%, muy cercano a las expectativas de 4.5% de nuestro Ministerio de Economía.

Un estudio de UNIBE con el apoyo del Ministerio de Industria y Comercio, sobre la resiliencia de la industria manufacturera local y la adopción de medidas innovadoras para mejorar sus procesos productivos, arroja enfoques optimistas.

Se trata de buenas noticias, sobre todo para los sectores que se benefician del crecimiento, que, si bien no llega a todos por la profunda desigualdad social que nos caracteriza, alguna boronita le cae a los más desfavorecidos.

Nunca he sido un conformista, creo en la mejoría permanente y en que todo es perfectible: corregir lo malo, mejorar lo bueno y tomar las medidas preventivas para gestionar la incertidumbre con la mayor precisión posible.

De ahí mi insistencia en plantear la urgente necesidad de reformas estructurales en los órdenes económico, político y social que necesita nuestro país para convertir el crecimiento en desarrollo sostenible, disminuyendo la desigualdad, la pobreza y nuestra dependencia de los factores externos. De esa manera estaríamos mejor preparados para resistir los vientos huracanados de situaciones globales adversas que suelen impactar en una economía integrada como la de República Dominicana.

Acepto que mis planteamientos son fáciles de enunciar y difíciles de ejecutar, sobre todo en un país con un sistema político dominado por el clientelismo, con debilidades institucionales profundas y una sociedad dormida, que ha perdido el rumbo, inmersa en el individualismo, en buscárselas a cualquier precio.

Pero todavía tengo esperanzas en que tarde o temprano la sociedad dominicana despierte. Confío en que en este año 2023 levantemos con decisión la bandera de las reformas más urgentes, como las que cito:

A) Una reforma fiscal integral por la vía del ingreso y del gasto que sea justa, no regresiva y con normativas capaces de garantizar una administración tributaria eficiente.

B) Ejecutar los compromisos del Pacto Eléctrico, actualizándolos y completándolos, muy especialmente los referentes a las EDES, reducción de pérdidas y eficiencia administrativa.

C) Implementar un plan agresivo para reducir la brecha de la desigualdad, mejorando los servicios públicos que más inciden en el incremento del salario real, es decir, la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el salario nominal.

D) Emprender una profunda reforma educativa con énfasis en la formación de educadores y con normativas que garanticen el sagrado derecho a la educación, aplicando un régimen de consecuencias a sus violadores, sindicalizados o no.

E) Asumir las reformas del sector salud, la seguridad social, el tránsito, la seguridad pública, inmigración y medioambiente. Otros aspectos que requieren esfuerzos reformadores son el fomento de las MIPYMES, por su gran importancia de nuestra economía, la innovación, el emprendedurismo y el desarrollo responsable y sostenible de la industria extractiva.

Y aquí me detengo para no elaborar un programa de gobierno con su plan de acción incluido, que poco leerán y menos le harán caso.

Lo importante y urgente es empezar, priorizando, aunque no descuidando, sobre la base de un plan integral y desarrollista, en el que la gente sea el centro de las políticas públicas.

La voluntad colectiva, con un liderazgo al frente, que defina hacia dónde quiere ir la sociedad, es clave para movilizar la acción pública efectiva. En este nuevo año deseo que el conformismo pesimista no nos inmovilice.

Nosotros podemos.