“La educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles”-Jean-François Lyotard.
Es importante tener en cuenta que en un país que enfrenta debilidades institucionales y problemas de carácter estructural-histórico, como los niveles de desigualdad y pobreza, lograr la descentralización como medio para facilitar la gestión de los asuntos de Estado, al acercarlos a los gobiernos locales y a los beneficiarios directos de las políticas, impulsando su inclusión y participación en las decisiones relevantes o críticas del sistema educativo, se presenta como una tarea pendiente en la que gravitan factores sociales, económicos, culturales y de cultura política con niveles de complejidad diferenciados.
Un acontecimiento imprevisto y masivo que puso a prueba muchas de las falencias del sistema educativo nacional fue la pandemia de la COVID-19 en 2020. En este contexto, resulta sumamente interesante una mirada crítica, desde el ángulo de la desigualdad y la inclusión social, como la que presenta el trabajo de Katherine Hernández Morales, titulado La educación antes y durante la pandemia del Covid-19: tejiendo redes en medio de la desigualdad y la inclusión social en la República Dominicana (Santo Domingo, 2020).
Partiendo de la convicción de que no existen evidencias de impactos significativos de la experiencia de descentralización educativa en el país en el aprendizaje y la calidad educativa, se sugieren varias líneas de acción a medio y largo plazo.
Primero, el modelo actual de descentralización requiere una mayor y efectiva autonomía para las instituciones educativas, ya que esto permitiría que las escuelas tengan una mayor capacidad de gestión y puedan expresarse en asuntos clave como el currículo, la contratación de docentes y personal, y la asignación de recursos y políticas. Esto podría facilitar una respuesta más rápida y efectiva a las necesidades específicas de cada comunidad. Al mismo tiempo, de manera gradual, podrían transferirse a los centros la gestión del programa de alimentación escolar, avanzando gradualmente hacia una colaboración constructiva y ascendente en los demás servicios que ofrece el INABIE.
Segundo, es necesario que en el modelo actual la transferencia de decisiones a las autoridades locales se traduzca efectivamente en una mejor adaptación de las políticas y programas educativos a las necesidades y particularidades de cada región o municipio, lo que podría mejorar la calidad de la educación y la relevancia de los contenidos para los estudiantes.
Tercero, deben definirse e implementarse mecanismos que fomenten una mayor participación de la comunidad en la gestión y el desarrollo de las instituciones educativas. El involucramiento de los padres, maestros y otros actores locales en la toma de decisiones educativas podría conducir a una mayor identificación y compromiso con el sistema educativo.
Cuarto, la descentralización según el modelo actual debe procurar mayor eficiencia y agilidad en la administración de los recursos e implementación de políticas, ya que las autoridades locales estarían más cercanas a los problemas y necesidades específicas de cada lugar. Los presupuestos de los centros deben reflejar sus realidades y visión estratégica e ir más allá de los asuntos meramente administrativos.
Quinto, no debe perderse de vista que, cualquiera que sea la vía para lograr aproximar a las comunidades y sus organizaciones representativas a los procesos de gestión educativa, grandes desafíos estarían presentes en el ámbito de las desigualdades regionales. Sin duda, si tal aproximación no se alcanzara de manera equitativa, algunas zonas podrían beneficiarse más que otras, lo que podría ampliar las brechas educativas entre distintas zonas del país.
Al evaluar de manera crítica el modelo de descentralización actual, es crucial tener en cuenta el contexto histórico, la situación sociocultural, política y económica en la que opera. Esto implica considerar la génesis de los actuales estados liberales, sus características estructurales y las necesidades e intereses de sus segmentos sociales con mayor poder económico relativo, los cuales se expresan a través del proceso de formulación de políticas.
Por último, la mirada crítica al modelo actual de descentralización educativa sugiere abordar sus bondades y potencialidades desde la perspectiva de un Ecosistema de Bienestar Estudiantil- EBA-: esfuerzo multipartícipe donde cada actor institucional y social vea la inclusión y participación de los actores locales como una premisa de la funcionalidad y éxito del modelo de descentralización educativa vigente. Aquí, el Minerd, como órgano rector y responsable de las políticas educativas, y el INABIE con su amplia y crucial misión de ley, jugarían un rol fundamental. De hecho, la responsabilidad del INABIE es mucho más amplia de lo que parece. Abarca una serie de servicios y procesos que están llamados a jugar un rol crucial como apoyo para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje y de la cobertura como tal.