“La educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental”-Frederick Douglass.
Más allá del modelo actual de descentralización educativa, es preciso que la distribución de autoridad y prerrogativas desde el Ministerio de Educación (Minerd) hacia sus organismos descentralizados alcance de manera más efectiva a las juntas distritales y centros educativos.
Es imperativo reconocer que las juntas distritales y los centros educativos son unidades descentralizadas encargadas de supervisar la efectividad, resultados e impactos de las políticas públicas en la educación. Además, desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de relaciones entre la escuela y la comunidad en los municipios. En cualquier proceso de descentralización destinado a fomentar la inclusión y participación de los actores comunitarios en las decisiones educativas relevantes, estas unidades resultan cruciales.
Sin embargo, hasta ahora, estas entidades son aspirantes a una representatividad real de los intereses y aspiraciones de las comunidades. El desafío radica en determinar hasta qué punto es factible o conveniente lograr la participación de los intereses comunitarios en estos organismos territoriales, y en qué niveles operativos esta perspectiva podría concretarse, al menos dentro de los límites de una forma parcial de gobernanza compartida.
En este contexto, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) parece haber adoptado, en los últimos dos años, la convicción de que los asuntos relevantes de la escuela deben responder a procesos participativos y decisiones de actores locales. Esto implica considerar a la comunidad como parte esencial de la escuela y viceversa.
Esta perspectiva sugiere que el proceso de descentralización debe ir de la mano con una política de territorialidad, estableciendo estructuras municipales (o distritales) que conecten las instituciones políticas con las instancias ciudadanas locales. Estas estructuras deberían vincularse particularmente con los asuntos escolares, especialmente aquellos relacionados con las funciones del INABIE, como la alimentación escolar, la gestión de recursos y las cuestiones sociales y estudiantiles.
La implementación de esta estrategia requerirá reformas normativas o nuevos dispositivos legales que introduzcan los cambios necesarios en el actual modelo de descentralización, evitando que estas acciones disfracen la intención de fortalecer el centralismo.
En última instancia, los centros educativos, en el marco de la descentralización y las autonomías conferidas a los organismos descentralizados, deben asumir la responsabilidad de elaborar y ejecutar proyectos educativos, gestionar recursos y participar activamente en el cumplimiento de las responsabilidades del INABIE según la Ley 66-98.
Aunque esta ley establece el concepto correcto de participación, es necesario fortalecer los mecanismos contemplados para convertir a la escuela en el epicentro de una verdadera revolución educativa. En este sentido, el INABIE, como estrategia a medio plazo, ha estado desarrollando el concepto de Ecosistema de Bienestar Estudiantil (EBU) con el objetivo de coordinar, integrar y potenciar la acción pública del instituto en su misión sustantiva a favor de una política educativa efectiva, descentralizada y equitativa.
Lograr una descentralización efectiva y niveles aceptables de participación comunitaria en el ámbito educativo requiere la ejecución de dos tareas fundamentales:
Primero. Pensamiento Estratégico Transversal para el Ecosistema de Bienestar Estudiantil (EBU): este enfoque implica la construcción de un pensamiento estratégico transversal en torno al EBU. Es crucial establecer conexiones sólidas con la Visión País (END) y el Plan Nacional Plurianual del Sector Público (PNPSP), así como con el marco legal relacionado. Este bloque estratégico debería abordar la visión, los ejes nodales, los objetivos derivados de los ejes, las estrategias por objetivos y los productos terminales por estrategias (matriz estratégica). Antes de su implementación, se sugiere realizar un benchmarking regional para evaluar modelos de ecosistemas similares, enfocándose en aspectos clave a evaluar en cada modelo y formulando fundamentos que justifiquen el qué y el por qué de la iniciativa.
Segundo. Plan de Acción para una Cultura Institucional de Servicios de Calidad: La segunda tarea consiste en desarrollar un plan de acción integral para fomentar una cultura institucional que ofrezca servicios educativos de calidad, pertinentes y vinculantes con la comunidad. Este plan debe asegurar que los beneficios del servicio lleguen a todos los actores involucrados en el sistema de educación pública nacional. El objetivo es fomentar el compromiso y la participación comunitaria, promoviendo la salud y el desarrollo pleno de las capacidades físicas, espirituales, intelectuales, sociales y emocionales de los estudiantes. Además, se busca fortalecer el talento humano, el compromiso patrio, los valores nacionales, la formación integral y la construcción de comunidades con una visión clara de sus obligaciones tanto dentro del sistema educativo como en las relaciones intergeneracionales.
Estas tareas no solo son cruciales para el éxito del modelo de descentralización educativa propuesto, sino que también contribuirán al establecimiento de un sistema educativo más inclusivo, participativo y orientado hacia el bienestar integral de los estudiantes y la comunidad en general. La planificación estratégica y la ejecución efectiva de estas acciones son esenciales para garantizar que la descentralización educativa no solo sea un concepto teórico, sino una realidad transformadora en el panorama educativo nacional.