“Caer está permitido. ¡Levantarse es obligatorio!”-proverbio ruso.
El modelo de descentralización educativa en el país, al igual que otros en la región, muestra una marcada dependencia de los recursos del nivel central para financiar los servicios, así como una clara subordinación de la escuela a decisiones tomadas en otros niveles. En términos generales, los efectos económicos y sociales de las reformas en participación comunitaria y, por ende, en eficiencia social, son inciertos, y en su componente de eficiencia técnica, claramente ambiguos (en el caso del INABIE, estas conjeturas son plenamente verificables hasta 2021).
En la misma línea de reflexión, sería necesario determinar si, con el actual modelo de descentralización educativa, las disparidades interterritoriales se han acentuado y si la entrega gradual de responsabilidades directamente a las escuelas es factible en su contexto, o si el marco normativo vigente realmente requiere reformas que profundicen las características de una descentralización con efectos e impactos en la eficiencia técnica, económica, social y política (Ver: Di Gropello, Emanuela. CEPAL, 1999).
En cuanto al INABIE, su ámbito de descentralización de competencias abarca el Programa de Alimentación Escolar (PAE) con sus variantes de PAE Fronterizo, Rural, Urbano y de Jornada Extendida; el Programa Nutricional, que incluye acciones relacionadas con la formulación nutricional, la evaluación del estado nutricional de los estudiantes y la calidad del menú escolar de acuerdo con el estado nutricional documentado; el Programa de Salud Escolar, que engloba actividades relacionadas con la salud bucal, auditiva y visual, además de la promoción de la salud preventiva, y el Programa de Servicios Estudiantiles y Sociales, que comprende el suministro de útiles escolares y el subcomponente de servicios sociales con actividades como apoyo social, cooperativas escolares, clubes escolares, turismo escolar, becas e idiomas, y educación ambiental.
Sin exagerar, se puede afirmar que, a partir de noviembre de 2021, realmente comenzó la organización y modernización de la gestión del INABIE, quizás por primera vez cumpliendo cabalmente con su misión institucional.
Antes de esa fecha, el instituto estuvo notablemente influenciado por intereses políticos y empresariales tanto dentro como fuera de la entidad estatal (ver una visión sobre el comportamiento de los organismos descentralizados en la Administración dominicana en: Santana, Julio. La rebelión de los tutelados. Periódico digital Acento. Abril 2017).
La falta de conexión del personal con los objetivos del instituto y las violaciones del debido proceso en cuestiones legales, financieras y de compras y contrataciones, así como una ausencia de gestión de los procesos, llevaron a la dirección ejecutiva a emprender de manera urgente reformas internas y en las relaciones externas. Estas pueden ser consideradas únicas en la Administración.
Los hechos demuestran que antes de noviembre de 2021, el "bien mayor" del INABIE no era la población escolar, sino las empresas y ciertos intereses políticos. Aunque las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, son grandes beneficiarias de los programas del instituto, este beneficio debe derivarse del cumplimiento de la misión institucional, no ser un fin en sí mismo.
En el proceso de reconstrucción del instituto, el Departamento Jurídico fue una unidad clave en la solución de los problemas heredados de las administraciones anteriores. A pesar de los obstáculos relativos a la organización y documentación de los procesos, la ausencia de archivos organizados y el personal desmotivado, en los últimos meses de 2022 se elaboraron y revisaron 4,565 contratos y adendas, legalizándose 3,965 de ellos.
Simultáneamente, se fortaleció el Sistema de Trámites Estructurados (Sistema TRE), crucial para agilizar los pagos a proveedores y garantizar la continuidad de los programas. Toda la documentación fue ventilada y aprobada en el Comité de Compras de la institución, que había permanecido prácticamente inactivo en la gestión anterior.
Mientras se resolvían los desvíos institucionales en el ámbito jurídico, también se abordaron las dificultades en las áreas financiera y de compras y contrataciones. Cumpliendo siempre con el debido proceso y mediando consultas permanentes con los organismos del Sistema Integrado de Administración Financiera del Estado (SIAFE), en solo dos meses de 2021 se abonaron a las cuentas por pagar de los proveedores de alimentos 857.5 millones de pesos. Respecto a la herencia en compras y contrataciones (y en la misma gestión financiera), solo podemos repetir una frase célebre del actual director ejecutivo, Ing. Víctor Castro: "Al parecer, el objetivo de nuestros predecesores fue hacerlo todo mal".