“La descentralización de los servicios sociales es un eje esencial de las reformas de política social que se están efectuando en América Latina para hacer más eficiente la provisión de estos servicios y fortalecer los procesos de democratización”-. Emanuela Di Gropello, Oficial de Asuntos Económicos, CEPAL.
Durante mucho tiempo se ha sostenido que la descentralización constituye una vía idónea para alcanzar niveles satisfactorios de calidad educativa. Esta convicción, arraigada en experiencias históricas regionales y europeas, encuentra respaldo en la Ley General de Educación 66-97, que establece un modelo de descentralización del sistema educativo nacional, conceptualizándola como una estrategia progresiva y gradual. Se crean así organismos autónomos y descentralizados con la responsabilidad de funciones clave en el sistema educativo nacional, abarcando los niveles central, regional, distrital y de centros educativos.
Un bloque institucional-operativo inicial engloba a las Juntas Regionales, Distritales y de Centros Educativos, cuya función principal es supervisar, dentro del marco de sus respectivas competencias, la implementación de las políticas educativas emanadas del Consejo Nacional de Educación y del Ministerio de Educación (Minerd). En un segundo plano se encuentran los institutos descentralizados, entre los cuales destacan el de Bienestar Magisterial (INABIMA) y Bienestar Estudiantil (INABIE), creados por la Ley 66-97. El primero coordina el sistema integrado de servicios de seguridad social y mejora de la calidad de vida para el personal en funciones, familiares, pensionados y jubilados, mientras que el segundo se encarga de organizar y proveer diversos servicios que impactan en las condiciones de vida y calidad del aprendizaje de los estudiantes, como alimentación escolar, servicios de salud, transporte, apoyo estudiantil y becas, entre otros.
En la categoría de organismos descentralizados, se incluyen también el Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa (IDEICE), el Instituto Nacional de Educación Física (INEFI), el Instituto de Formación y Capacitación Magisterial (INAFOCAM) y el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña (ISFODOSU).
Estos institutos representan nodos cruciales de competencias y funciones administrativas que ofrecen la oportunidad de aumentar la participación efectiva de las comunidades y sus organizaciones representativas en el proceso de toma de decisiones, contribuyendo positivamente a la habilitación y aprovechamiento de las capacidades en el ámbito escolar y comunitario.
Hasta noviembre de 2021, el INABIE ejemplifica un proceso de descentralización administrativa que se entrelaza con una centralización extrajudicial perjudicial para los objetivos fundamentales del instituto. Este fenómeno se veía reforzado por interferencias políticas y empresariales en áreas críticas como lo son el ámbito jurídico, financiero, tecnológico y de compras y contrataciones.
Fue necesario realizar un considerable esfuerzo ejecutivo que incluyó la modificación de la estructura orgánica del instituto, la documentación de procesos, procedimientos y políticas, la integración de tecnologías de la información y comunicación (TIC) en la toma de decisiones mediante el desarrollo de aplicaciones propias para mejorar la eficiencia y eficacia de los servicios, así como el retorno a la estricta observancia de la normatividad vigente en compras y contrataciones. Este esfuerzo también abarcó un fortalecimiento cualitativo del departamento con estas últimas atribuciones.
Igualmente, tuvo lugar una reingeniería del componente financiero que abarcó un profundo y detallado saneamiento de las cuentas por pagar, la recuperación o reconstrucción literal de antecedentes, los flujos de procesos, la dinámica de la recepción y subsanación de expedientes, la recalificación del personal técnico en funciones y la incorporación de los principios de transparencia y rendición de cuentas en los relacionamientos con los proveedores. Por otro lado, retomar el camino de una descentralización efectiva apostando a la institucionalidad y al buen hacer administrativo, implicó revolucionar las relaciones de trabajo con los órganos rectores, particularmente en materia de gestión financiera y de compras y contrataciones
Actualmente, impera una estructura orgánica actualizada que distribuye autoridad y compromisos a nivel horizontal, participativa y congruente con una gestión plural, inclusiva, participativa y democrática. La experiencia vivida en el INABIE en los dos últimos años demuestra que la descentralización tiene evidentes ventajas cuando prevalece el compromiso institucional, el enfoque de liderazgo, las autonomías y el espíritu innovador en los organismos en cuestión, bajo la tutela administrativa del órgano rector.