La injustificada e infame guerra anacrónica iniciada por el gobierno de Rusia en su contra un estado soberano con capacidades militares significativamente inferiores, Ucrania, tendrá efectos de corto y mediano plazo en economías altamente dependientes del Petróleo como la economía dominicana. Se debe ser cuidadoso de no enlodar en el conflicto al pueblo ruso, que ya está padeciendo los rigores de una guerra que no quiere contra un pueblo hermano. Pero más allá del conflicto y como efecto de este, notaremos sus secuelas en el aumento de los precios de la energía como fruto del incremento de precios de los derivados del petróleo y en nuestro caso y de manera directa en el aumento de los precios de los combustibles. En parte esto se debe a la sensibilidad y aversión de los mercados internacionales a la incertidumbre y al riesgo que este tipo de conflicto suelen generar. A diferencia de coyunturas pasadas los efectos de la guerra contra Ucrania se traducirán en un nuevo escenario geopolítico de largo plazo, en el que todo está por definirse, lo que añade más incertidumbre a los mercados de commodities claves como es el caso que nos ocupa de los combustibles fósiles. Esto se debe a que los temas de seguridad energética estarán de la mano con cuestiones más fundamentales de estabilidad política y medidas de contención militar de los países europeos a la amenaza geopolítica rusa y sus eventuales aliados. Esta nueva situación que se añade a la generada por la pandemia de COVID-19 tendrá como posible secuela un efecto inflacionario en toda la cadena global de suministros de bienes y servicios de consumo.
La República Dominicana con un consumo medio sobre los 145 mil barriles diarios de petróleo, no escapará a esta situación y podrá verse más afectada que otros países de Centro América y el Caribe debido a nuestra adicción patológica al petróleo. A un precio medio de US$ 115 del petróleo referencia de Texas, nuestro país gastaría sobre los $16 millones de dólares norteamericanos diarios en su adicción al petróleo y sus derivados sin contar otros combustibles fósiles como el gas natural o el carbón mineral. Esto sin contar otros factores que inciden en la fluctuación del precio del petróleo en el mercado nacional.
En el caso del petróleo y de acuerdo con la información disponible en el portal de la Comisión Nacional de Energía (CNE)[1], el 49% de dedica al transporte, el 29% a la generación de energía y el restante 22% a usos diversos. Con una inflación que en 2021 fue la segunda más alta de América Latina y el Caribe después de Brasil (excluyendo por supuesto a los países con inflación crónica como Argentina y Venezuela) y que se situó de acuerdo con el Banco Central en un 8.5% con respecto al 2020[2], no se necesita mucho para colegir que la coyuntura generada por la guerra, la sensibilidad de los mercados de commodities a la incertidumbre y al riesgo y la aún frágil recuperación económica de la pandemia, se puede manifestar como una situación económica compleja para la República Dominicana que entre otros efectos podrá incidir de forma negativa en el pronóstico de crecimiento para este año 2022 y los próximos años.
Independientemente del efecto de corto plazo que en el precio de los combustibles fósiles puedan tener los anuncios de liberación de la reserva estratégica de los Estados Unidos o la identificación de nuevos suplidores del mundo árabe o de países productores de América Latina y el Caribe como son los casos de países hermanos como México, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina, o Trinidad y Tobago, lo cierto es que la nueva coyuntura, que suma la secuela de la guerra y los efectos de la pandemia de COVID-19, irá cuajando como parte de un complejo escenario geopolítico distinto a las crisis coyunturales previas y que marcará el devenir de la próxima década en política internacional, economía y comercio.
Una clara línea de acción debe ser apostar de forma decidida por las energías renovables y a la identificación de alternativas a la dependencia del petróleo. En ese sentido el país puede y debe continuar con su apuesta a favor de las energías renovables, fortaleciendo las inversiones en energía eólica y solar y las alianzas público-privadas al respecto. Los incentivos, no sólo económicos y financieros, deben continuar, pero también aquellos de tipo científico y tecnológico como una mayor apuesta a la investigación y desarrollo (I+D) en las renovables y a la trasferencia tecnológica.
Del mismo modo, dominicana puede y debe seguir los ejemplos de países de la región como Brasil, Colombia o Costa Rica en los que la mezcla de etanol con la gasolina es obligatoria. Esta mezcla conocida como gasohol o alconafta, puede tomar distintas proporciones como un 5% de Etanol y un 95% de gasolina (E5), un 7% de etanol y un 93% de gasolina (E7), un 10% de Etanol y un 90% de gasolina (E10), etc. La mayoría de los vehículos modernos pueden funcionar de manera eficiente con mezclas inferiores al 10% de etanol. El país es un gran productor de azúcar de caña y la producción de etanol no es para nada desconocida en nuestro país, lo que a su vez le daría un renovado impulso a la industria cañera. Una mezcla modesta del tipo E10 supondría un ahorro de entre US$800 mil a un millón de dólares diarios de la factura petrolera. Cada centavo cuenta y esos recursos tienen un alto coste de oportunidad en materia de desarrollo e inversión en políticas de inclusión social, conservación del medioambiente y desarrollo sostenible.
Con los incentivos adecuados es posible reconvertir el parque vehicular a sistemas eléctricos que minimice el consumo de combustibles fósiles, lo que ya está ocurriendo como una acción del mercado. Del mismo modo la inversión en sistemas de movilidad sostenible como los sistemas de metro para el transporte masivo en los grandes centros urbanos, deben ser parte de una apuesta robusta a la sostenibilidad y a la reactivación económica. De una forma particularmente importante es la inversión en capital humano en ciencias aplicadas e ingenierías, que pueda hacer de la I+D en renovables una actividad constante en un país con las condiciones naturales tan propicias para ello. Esta clase de esfuerzos llevados a cabo de forma sistemática y constante constituye una apuesta en favor de la reducción de la dependencia del petróleo y los combustibles fósiles.
Todavía en un escenario business as usual de alta dependencia de mediano plazo del petróleo, el país cuenta con alternativas adicionales al gasohol, que no ha sabido aprovechar por la falta de una acción constante en materia de I+D. Un ejemplo de ello es el caso de los pozos petroleros localizados en la provincia de Azua en el sur del país. Desde hace más de un siglo se conocen y se han documentado los casos de los campos petroleros de Higüerito y Maleno en los cuales se han perforado alrededor de 60 pozos y que en la actualidad y como lo indica un informe relativamente reciente de la CNE[3], tres de dichos pozos bombean petróleo de forma constante sin necesidad de bombas de extracción.
De acuerdo con el referido informe en 1939 del pozo Maleno 1 se extrajeron unos 29,000 barriles de petróleo en tres meses y en a finales de los años 70s del pasado siglo, se utilizó este petróleo para la generación de energía en la planta Timbeque localizada en el río Ozama. Se ha argumentado que la razón de que este petróleo no se haya explotado son sus supuestos altos costes de tratamiento y refinamiento, pero con un precio del petróleo en aumento y con una coyuntura global compleja esto tiene que reevaluarse, para lo cual actores como el Ministerio de Energía y Minas y la Refinería Dominicana de Petróleo, juntamente con el sector privado, pueden y deben jugar un papel más proactivo y para lo cual la inversión en I+D en este campo es un requisito para un esfuerzo sostenible, o al menos para descartarlo de forma definitiva.
La cuestión de fondo es que la actual coyuntura global y los nuevos escenarios geopolíticos que se instalarán requieren que la República Dominicana defina con sentido estratégico un plan nacional de transición energética. Este plan debe articular un policy mix basado en la innovación, la I+D y la transferencia tecnológica que privilegie las energías renovables pero que también incorpore alternativas como el gasohol y el eventual aprovechamiento de los recursos naturales disponibles en regiones como la provincia de Azua. Como parte de ese plan de transición energética, plantas de generación de carbón como Punta Catalina, deben gestionarse con una perspectiva de cierre al final de su vida útil, combinando su gestión con instrumentos como el pago por servicios ecosistémicos tales como el secuestro de carbono atmosférico. Instituciones como el Banco Agrícola pueden generar mecanismos de conversión y renegociación de su deuda con los productores para promover la reforestación en las cuencas medias y altas con preferencias en las zonas con potencial hidroeléctrico y con instalaciones en funcionamiento. Podemos saber y precisar la cantidad de carbono que puede fijar una hectárea de bosque plantado, con lo que se puede definir una tarifa por tonelada de carbono fijada por hectárea de bosque al año, así como los servicios ecosistémicos conexos como la retención de suelo, que evita la costosa sedimentación de los embalses y prolonga su vida útil, entre otros beneficios derivados de los servicios ecosistémicos. Esos bosques además pueden ser aprovechados por la industria maderera una vez que alcancen su turno optimo forestal.
Por último, no dejemos que la coyuntura nos supere. Aprovechemos la ocasión como una oportunidad para la innovación y no permitamos que un momento de calma nos haga olvidar nuevamente a las renovables y los esfuerzos de transición energética como ha ocurrido en incontables ocasiones. No perdamos el tiempo ni dejemos pasar la oportunidad.
[1] Fuente: https://www.cne.gob.do/mundos-energia/hidrocarburos/ Acceso: 07/03/2022
[2] Fuente: https://www.bancentral.gov.do/a/d/5270-bcrd-informa-que-la-variacion-del-ipc-en-diciembre-2021-fue-de-073- Acceso: 07/03/2022
[3] Fuente: https://www.cne.gob.do/archivo/informe-tecnico-visita-a-pozos-petroleros-higuerito-y-maleno-azua-rd-2020/ Acceso: 07/03/2022.