El monto destinado al servicio de la deuda pública para este año representa 2.3 veces el presupuesto conjunto de 16 ministerios cuyos gastos ascienden a RD$160,761.6 millones y algo superior al presupuesto conjunto del Ministerio de Educación, del Servicio Nacional de Salud y del Ministerio de Salud en su componente de regulación, los cuales suman RD$370,780.5 millones.
Cuando escucho a ciertos funcionarios referirse a la deuda pública indicando que ha bajado con relación al PIB, siento que me toman el pelo. Desde este enfoque se quiere vender la idea de que la deuda es manejable sin importar que haya subido en términos absolutos ni el peso que tenga en el presupuesto.
La peor parte está en que el argumento tiene como base una comparación aviesamente manipulada: el PIB de 2022 frente al PIB de 2020 (un año atípico por la pandemia en el que casi todos los indicadores declinaron y la actividad económica estuvo prácticamente cerrada). Ya por ahí la credibilidad del discurso está en juego.
Pero este no es un libreto exclusivo del presente Gobierno, sino que tiene muchos años de uso, aunque ya se está gastando, pese a que todavía hay quienes lo usan como entretenimiento politiquero, tratando de perfilar una gerencia financiera que en realidad no existe.
El economista Héctor Guiliani Cury publicó recientemente un tuit que ofrece claridad sobre este tema y que dice más o menos lo siguiente: En 2020 se registró una estrepitosa caída del PIB que elevó el coeficiente de la deuda, mientras que en 2021 hubo una fuerte recuperación de la actividad económica -que en menor medida siguió en 2022, reduciendo ese coeficiente-.
Al margen de este intento de tomarnos por tontos y de irrespetar la inteligencia de la gente, el problema mayor de la deuda pública no es su monto, sino lo que nos cuesta. El servicio de la deuda pública se está tragando una parte importante de nuestro relativamente exiguo presupuesto.
Los bonos externos que se colocarán para financiar el Presupuesto General del Estado (PGE) en 2023 ascenderán a RD$199,325.0 millones, que calculados a la tasa contemplada para la formulación del esquema presupuestario equivalen a unos US$3,500.0 millones, en tanto que los bonos a colocar en mercado interno alcanzarían el monto de RD$91,339.8 millones (US$1,603.9 millones), lo cual arroja un endeudamiento bruto en dólares de US$5,103.9 millones.
El monto del presupuesto del gobierno central es de un billón cuatrocientos tres millones doscientos sesenta y tres mil trescientos pesos (RD$1,403,263.3 millones).
El servicio de la deuda pública contemplado en el mismo, dentro del cual se incluyen el pago de intereses más la amortización y la disminución de cuentas por pagar, asciende a un total de RD$374,064.2 millones, de los cuales el 60.3% (RD$225,621.0 millones) corresponde a los intereses y el 39.7% al pago de capital (RD$148,443.2 millones).
De esa manera, el total de recursos contemplados en el Presupuesto General del Estado 2023 para cubrir el servicio de la deuda equivale al 36.0% de los ingresos fiscales estimados en el presupuesto y al 38.8% de los ingresos tributarios. Solo el pago de los intereses en 2023 será igual al 21.7% de los ingresos fiscales y al 23.4% de los ingresos tributarios.
En términos de magnitud, cabe señalar que el monto destinado al servicio de la deuda pública para este año representa 2.3 veces el presupuesto conjunto de 16 ministerios cuyos gastos ascienden a RD$160,761.6 millones y algo superior al presupuesto conjunto del Ministerio de Educación, del Servicio Nacional de Salud y del presupuesto del Ministerio de Salud en su componente de regulación, los cuales suman RD$370,780.5 millones.
El servicio de la deuda pública para el 2023 es 2.4 veces el total de fondos destinados a los gastos de capital contemplados en el PGE, ascendentes a RD$155,175.0 millones. Esto es sumamente preocupante, pero de lo que se habla poco.
Ciertamente, tenemos una presión tributaria baja (aunque resulta alta si sumamos las cargas adicionales que la ineficiencia del Estado nos impone) y antes de elaborarse el presupuesto más del 60% está comprometido, pues lo que queda es una chilata, por demás tradicionalmente mal administrada.
La politiquería impide hacer una reforma fiscal integral y justa. Eso no molesta mientras podamos seguir endeudándonos y usar parte de deuda nueva para pagar el servicio de la vieja: nada más parecido a una pirámide Ponzi, por lo que seguiremos felices hasta el día en que explote.
Esto hay verlo en su verdadera dimensión y no esconder la cabeza como el avestruz, engañando al pueblo con falsedades o verdades a medias, encubridoras.
Quienes deseamos construir un país más igualitario con menos pobreza e instituciones públicas fuertes, capaces de enfrentar los retos que nos presente el futuro, debemos levantar la voz para despertar la conciencia de la población del peligro a que estamos expuestos si no se le pone freno al endeudamiento.
Como siempre, los costos del daño los pagaremos la mayoría que menos puede, mientras la minoría que más se beneficia saldrá indemne. Sobre esto hemos tenido bastante experiencia para no haber aprendido la lección.