El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, tiene por seguro que el 16 de agosto de 2024 será juramentado como presidente de la República Dominicana.

El tres veces presidente del país, Leonel Fernández, candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo (FuPu), está confiado en que volverá a gobernar por cuarta ocasión a partir de agosto de 2024.

El presidente de la República, Luis Abinader, aún no ha dicho públicamente que se vaya a reelegir en el cargo. Pero, él sabe que goza de buena aceptación de una buena parte de la población.

La gente ve que el país se beneficia del manejo de la economía y la salud, la incesante lucha del mandatario por erradicar los actos de corrupción en la administración pública y permitir la independencia de acción del Ministerio Público.

Casi la totalidad de los miembros del Partido Revolucionario Moderno (PRM), grupos empresariales y comerciantes que siguen a Abinader y que apoyan su gestión desde los inicios aseguran que esta administración extenderá su período cuatro años más a partir de agosto de 2024. Eso, si el mandatario acepta la petición de reelegirse.

¿Podrían el PRD y el PRSC salir del baúl de los recuerdos para unificar convenios electoralistas para enfrentar con éxito al PRM en el poder? Negativo. Ambos son entelequias partidarias para lo que muy pocos se molestarían en acudir a votar por ellos.

Quizás una coalición de partidos de ideología centroizquierdista que pueda absorber la tasa de rechazo de Leonel, Danilo y Abel, más los que rechazan la política empresarial del gobierno del presidente Abinader podrían consolidar un frente opositor que competiría con posibilidad dentro del juego democrático para el 2024.

¿Podría Guillermo Moreno, de Alianza País, encabezar esa coalición opositora?

Su mensaje político no ha podido calar en la población, que le ha negado el apoyo en las últimas tres elecciones en las que ha participado como candidato presidencial, obteniendo en cada caso menos del 5% de los votos.

A un año y siete meses de las elecciones del 2024, es un poco difícil encontrar una figura política con carisma y que aglutine con éxito esa coalición, integrando a ella a grupos económicos y empresariales descontentos con la actual administración.

Leonel y el alcalde de Santiago tienen en común vender sus imágenes a los votantes dominicanos como los “chicos buenos” del presente y del futuro. Pero temerosos de que les revisen sus fichas como los terribles “chicos malos” del pasado.

En sus campañas políticas de hombres impolutos, probos y moralistas se olvidan de que los que verdaderamente deciden quién va a gobernar y quién no en unas elecciones libres conocen sus colas y se las tienen pisadas para que no avancen en sus intenciones.

Esos hombres y mujeres, con mucha o poca habilidad para hurgar en internet, aprendieron cómo buscar informaciones en plataformas famosas como Google y Wikipedia, lugares donde se puede encontrar bastante información de las actuaciones de personalidades públicas como ellos.

Sobre Abel Martínez, que muestra un inexplicable multimillonario progreso económico en muy pocos años, pesan acusaciones en su contra que lo involucran en supuestos actos de corrupción que se cometieron en la repartición de sobornos de Odebrecht entre diputados y senadores, cuando él ocupó la Presidencia de la Cámara Baja.

También, se le acusa de ser racista xenófobo. Sus pronunciamientos y acciones contra inmigrantes e indocumentados haitianos en República Dominicana no dejan lugar a dudas.

Contra Abel aún no se han levantado acusaciones formales por parte del Ministerio Público, a pesar de haber sido interrogado en marzo de 2017 en relación a los sobornos de Odebrecht. Entre los años 2010 y 2016, cuando dirigió la Cámara de Diputados, se aprobó el endeudamiento para contratar obras cuya ejecución estuvo a cargo de Odebrecht.

Fue en el Gobierno de Fernández que se produjeron los alarmantes actos de corrupción con Odebrecht, empresa que admitió pagos como soborno cercanos a los 92 millones de dólares en República Dominicana.

La Procuraduría General de la República señaló en el 2017 a 15 personas como beneficiarias de esos sobornos. Sin embargo, en el expediente final solo presentó cargos contra Ángel Rondón, representante comercial de la empresa brasileña, y otras siete personas, entre ex funcionarios y legisladores.

Desde el 2001, Odebrecht realizó 17 obras en el país por más de $6 mil millones de dólares, principalmente durante los períodos de gobierno de los ex presidentes Hipólito Mejía y Leonel Fernández.

Otra empresa brasileña, Embraer, entregó sobornos por más de $3.5 millones de dólares para obtener contratos de venta de ocho aviones Súper Tucano en una inversión proyectada en más de $93.6 millones de dólares.

Aún falta por desglosar los casos de corrupción que se sucedieron con muy poca penalidad judicial en los conocidos como Sun Land, PEME, OISOE, OMSA, INAPA entre otros, cuyos protagonistas de estos hechos delictivos siguen libres, disfrutando los miles de millones de pesos y dólares que sangraron al Estado.

Y eso, que el expresidente Fernández llegó al poder en 1996 prometiendo en su campaña la eliminación de la corrupción gubernamental.

El ex mandatario y líder de la FuPu tiene la certeza de que su renuncia del PLD, en octubre de 2019, lo exonera del castigo judicial o popular, por los actos de corrupción que permitió con impunidad en los años de su gobierno.

Que la justicia hoy no le persiga por haber negociado un acuerdo político para favorecer el triunfo de Abinader y la derrota de Danilo Medina en las elecciones del 2020, no lo exonera de la condena moral que le ha dictado el pueblo dominicano.

Hasta que los jueces no concluyan con los diferentes casos de corrupción que se ventilan hoy en día, y que implican a ex funcionarios y militares de la pasada administración peledeísta, Danilo está fuera de juego.

Una buena parte de la población, grupos políticos, asociaciones comunitarias y la sociedad civil, siguen clamando para que estos ex presidentes sean sometidos a juicio político, a una investigación penal por parte del Ministerio Público, por los delitos de corrupción e impunidad denunciados.