La Administración pública se encuentra en un punto de inflexión que requiere repensar su verdadero papel en esta época. En especial la configuración del Estatuto de la Función Pública. En pleno siglo XXI, con todos los cambios que se han experimentado y los que vendrán aceleradamente en los próximos decenios, el enfoque del empleo público no debe ser prácticamente el mismo del siglo XIX o XX.
El primer elemento que debe extirparse de la concepción tradicional es que se vea como un botín del partido político que gane las elecciones, sintiéndose casi con el derecho de obtener un empleo público. La profesionalización plena, el ingreso en base al mérito, evaluación de desempeño, una gestión eficiente, entre otros aspectos, todavía es entre nosotros un gran anhelo que, a partir del 2010, tiene su sustento constitucional.
Ser servidor público debería ser una vocación. Todo aquel que tenga su principal enfoque en generar riqueza debe seriamente reflexionar querer ingresar a la Función Pública u obtener un empleo público. No se va al Estado para hacer dinero, sino para servir. Ahora bien, para retener talento y que exista una verdadera profesionalización, los funcionarios y empleados públicos deben tener una justa, razonable y competitiva remuneración acorde a un sistema que premie la preparación, talento, buen desempeño y resultado.
La Ley 41-08 sobre Función Pública, así como su antecesora Ley 14-91 han empujado algunos aspectos del servicio público, pero a mi entender se requiere una revisión y transformación integral e innovadora. Actualmente, existen distorsiones que deben ser solucionadas a la mayor brevedad posible. Solo por mencionar una, no existe razón válida para diferenciar los derechos económicos de los servidores de carreras y personal que brinde servicio a la Administración Pública de manera continua y eficiente, muchas veces más que los servidores de carrera. De hecho, existen decisiones del Tribunal Superior Administrativo que, sin entrar a valorar su contenido, cuestionan esa distinción. Lo anterior genera una distorsión innecesaria que se traducirá en conflictos legales.
Otro elemento que requiere mayor distinción y aclaración práctica es que no es lo mismo ser empleado público que funcionario. Por tanto, función pública y empleo público no son instituciones semejantes. En la primera sobresale una función administrativa vinculada a la competencia o potestad del funcionario, mientras que la segunda está vinculada a una relación laboral, cuya particularidad es que el empleador es una Administración Pública. Por tal razón, creo que se deben distinguir las posibles categorizaciones del empleo público, como serían: el funcionarial (función pública estrictamente), el laboral (las relaciones laborales sin que exista una función administrativa) y el empresarial (cuando se trata de empresas públicas).
Lamentablemente, estar en la nómina pública, es a veces el deseo de gran parte de la población, sin estar conscientes de sus implicaciones o del costo que implica hacer las cosas bien. Falta mucha educación y cambio mental, para comprender que estar en la nómina pública no debe verse como una “salida” fácil. A veces la falta de oportunidades hace que muchos se refugien en el sector público que, por diversas razones, sigue manteniendo empleos o aumentándolos, sin ninguna razonabilidad o justificación.
Ningún partido político se enfrenta al problema con valentía, responsabilidad, y visión de futuro, reflexionando hacía donde va la sociedad y cómo queremos evolucionar como Administración Pública. Impera una visión oportunista, cortoplacista y política. Una sociedad no puede prescindir de una Administración Pública ágil y capaz de gestionar lo público con eficiencia y transparencia, siendo la gestión del capital humano, sino el primer aspecto uno de sus principales, para lograr una efectiva gestión.
La estabilidad en un empleo público debe estar basada en criterios técnicos, objetivos, válidos y sobre todo por capacidades éticas y profesionales debidamente comprobadas por evaluaciones efectivas y transparentes. No puede caerse en el sofisma de un empleo con estabilidad, sin que existan parámetros reales para su gestión y medición. Lo peor que puede hacer el sistema es generar puestos de carrera para personas sin capacidad ni idoneidad o por cuestiones políticas. La estabilidad y carrera no es un premio para el empleado (quien a veces, luego de obtenerlo no se preocupa por esforzarse o dar el 100% por esa “estabilidad y derecho”) es una garantía de continuidad de que la Administración Pública funcionará sin importar el político de turno.
Como aporte a la reflexión, propongo que se evalúe la creación de un centro de servicios públicos compartidos (CSPC) que representa una oportunidad para identificar procesos comunes y repetitivos de la Administración Pública, para centralizarlos en una unidad especializada que funcione interna y transversalmente a diversas instituciones públicas, lo que se traduciría en una reducción y duplicidad innecesaria de funciones, reducción del gasto, mayor capacitación, entre otros aspectos. Al mismo tiempo permitiría que exista mayor concentración en las funciones y actividades técnicas que generen y agreguen valor al sector público, que se debería traducir en beneficio a la sociedad.
Aspectos necesarios para considerar en las reflexiones y lograr una transformación del empleo y Estatuto de la Función Pública, serían los siguientes:
- Reforzar la gestión profesional de las Administraciones Públicas para diferenciar lo político de lo técnico-profesional. Las personas pueden tener afinidades políticas (de hecho es un deber votar en las elecciones), pero su ingreso y permanencia a un empleo público debe depender exclusivamente de su capacidad, preparación y méritos personales. Igualmente, su servicio en el empleo público debe regirse por criterios éticos y técnicos.
- Delimitación de función y empleo público. Esto ayudaría a introducir una mayor flexibilidad en la gestión de recursos humanos en la Administración Pública, sin pérdidas de garantías constitucionales del trabajo.
- Reducir la temporalidad que existe en la actualidad. Se debe establecer procesos de estabilización del empleo temporal en el sector público.
- Requisitos más actuales y dinámicos para el acceso y permanencia al empleo público en sus diversas clasificaciones.
- Se debe adaptar la función y empleo público a los cambios acelerados del entorno y, particularmente, a los desafíos inmediatos de la sociedad (trabajos remotos, inteligencia artificial, uso de la tecnológica, globalización, desigualdad, migración, entre otros aspectos).
- Una gestión humana efectiva de los empleados públicos que promueva una consistencia en la política salarial y regularización de condiciones de empleo. Así como la capacitación y formación de excelencia, con enfoques necesarios sobre la transparencia, integridad y ética en el servicio público.
Me parece que estamos en un momento de transición para concentrarse más en la gobernanza y gestión pública solucionando problemas más que trabarse con las estructuras tradicionales de la Función Pública. Esto adquiere mayor relevancia cuando todos (gobiernos y oposición) tratan de manipular la opinión pública, con mensajes, a veces bien elaborados otras veces burdos, a través de las redes sociales. En todo caso, el foco de la comunicación debe estar orientada a la empatía que debe existir entre el gobierno y sus empleados con el servicio que ofrecen a las personas y en la búsqueda de soluciones a los desafíos existentes.
Me pregunto, ¿Es momento de incorporar la inteligencia artificial y análisis de datos en los procesos de toma de decisiones, como la selección del personal para el empleo público? ¿Sería posible recabar información de las redes sociales para determinar idoneidad en determinados perfiles? Creo que sí. Aprovechemos la tecnología y la vasta información existente.
Concluyo creyendo que se puede hacer mucho más de lo que se ha hecho hasta ahora en materia de empleo público. Se debe reflexionar hacia dónde queremos ir como Administración pública y los recursos humanos necesarios para lograr una transformación real y efectiva de la gestión pública. Se debe trabajar para rescatar servir en el sector público, para que sea un orgullo, sinónimo de capacidad, profesionalidad, ética, competencia y servicio a la sociedad. Confío que esa transformación es posible, siempre que exista un compromiso entre los actores políticos, así como el sector público y privado. En el siglo XXI se necesita más que nunca la colaboración de todos para unidos lograr resultados positivos en beneficio de la colectividad. Y es que, como se ha dicho, pretender hacer lo mismo una y otra vez esperando obtener resultados diferentes, no es inteligente.