Tras descartar de plano el proyecto de turismo sostenible que la promotora Oceanus Investment, SRL -dice- ha planificado ejecutar en el entorno de Bucanyé, frente a la hermosa playas del municipio cabecera Pedernales, el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Mimarena), Miguel Ceara, ha sentenciado que allí sólo se puede hacer una rancheta en vista de la categoría de área protegida del lugar.
Una sentencia mediática poco institucional, ligera, inoportuna e irracional que podría provocar consecuencias desagradables para el mismo Gobierno, aunque ahora arranque aplausos delirantes de un segmento de influyentes de la capital.
Para quienes durante décadas han propugnado, sin pago de ningún tipo, ni de agencias ni de inversionistas, el desarrollo integral y la explotación racional del potencial turístico de la provincia del extremo sudoeste, la reacción de Ceara a una pregunta de Hoy Mismo/Súper 7, representa una inesperada estocada disfrazada de discurso de preservación del medioambiente.
Sarcástico, el funcionario cerró toda brecha de solución, pese a que en el mismo matutino validó el Proyecto de Desarrollo Turístico de Cabo Rojo (entre 12,000 y 16,000 habitaciones en hoteles de cuatro pisos, puerto turístico, amenidades y aeropuerto, y reconoció que se ejecuta porque hubo “un acuerdo” de bajar la densidad y proteger manglares y demás humedales, acuerdo que el mismo Grupo Jaragua sigue rechazando.
¿Por qué, entonces, en vez de ironizar y descalificar públicamente, no se produce un acercamiento con los desarrolladores privados de Bucanyé, cuyos socios dominicanos son perremeistas de primera línea, para hacer los ajustes de lugar como se ha hecho con la iniciativa público-privado de Cabo Rojo?
Si algo está claro es que, de acuerdo a expertos fuera de conflictos de intereses, el área de Bucanyé es turísticamente desarrollable, hoy o mañana, con los actuales inversionistas (aliados del gobierno), o con otros, si se hace conforme los requerimientos del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas para minimizar impacto ambiental.
Poco convincentes resultaron los argumentos del ministro para tan drástica condena emitida en un programa televisual matutino.
Aseguró él que esa zona como área protegida y la categoría en que está no es para recibir edificios, sino algún tipo de estructura, “como una rancheta, cosas ligeras que tú puedas mover y que no hagan daño al espacio”.
https://colorvision.com.do/entrevista-a-miguel-ceara-hatton-ministro-de-medio-ambiente-en-hoy-mismo/.
Si la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y Biodiversidad (202-04) no ha sido modificada por el Congreso y promulgada por el Ejecutivo; y si se mantiene la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales (64 del 2000), la historia es otra.
La 202 establece un Sistema Nacional de Áreas Protegidas con seis categorías que se corresponden con las normas universalmente aceptadas de la Unión Mundial para la Naturaleza. Y Bucanyé, como Cabo Rojo, está enmarcado en la VI, es decir, en la más flexible, que permite el desarrollo de infraestructuras de turismo sostenible.
Categoría I. Área de Protección Estricta (Reserva científica, santuario de mamíferos marinos).
Categoría II. Parques Nacionales (Parque Nacional y Parque Nacional Submarino).
Categoría III. Monumentos Naturales (Monumento Natural, Monumento Cultural).
Categoría IV. Áras de Manejo de Hábitat de Especies/Especies (Refugio de Vida Silvestre).
Categoría V. Reservas Naturales (Reservas Forestales, Bosque Modelo y Reserva Privada).
Categoría VI. Paisajes Protegidos (Vías panorámicas, Corredor Ecologico).
La compañía alega que una parte de los 10 millones de metros cuadrados de terrenos del plan maestro se ubica dentro del Área Nacional de Recreo Cabo Rojo-Bahía de las Águilas (polígono 1), que encaja en la categoría VI.
Precisa que los objetivos de manejo de esta categoría incluyen: mantener paisajes característicos de una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio cultural de las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y de ecoturismo.
Los objetivos son: proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y del ecoturismo; lograr recreación y turismo; realizar actividades económicas propias del sitio; permitir infraestructura de viviendas.
El ministro de Mimarena advirtió que Oceanus pretende construir en Bucanyé el doble de las habitaciones del proyecto Cabo Rojo y que, en ningún sitio de esa área, se puede construir.
La compañía sostiene, entretanto, que cumple con el marco legal sobre medioambiente y la normativa turística y sólo comenzará a ejecutar cuando reciba la permisología necesaria.
El proyecto de desarrollo turístico Bucanyé tiene como cabezas visibles a Elías Hernández Barrera, poderoso empresario español, y en la contrapartida local al abogado Salvador Catrain, cuyo padre es el senador de Samaná por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM) y empresario turístico, Pedro Catrain.
En en ferias internacionales de turismo, como Fitur y la de Berlín, el presidente Luis Abinader ha motivado a empresarios para que vengan a invertir en ese pujante sector de la República Dominicana.